El desahucio de Gisela Flores será este viernes. No tiene dudas. "Va a venir la UIP (unidad de antidisturbios de la Policía)", apostilla mientras sostiene un extremo de la pancarta. "CaixaBankia desahucia y extorsiona. ¡Siéntate a negociar!", se lee en el cartel blanco que ocupa gran parte de la sucursal del banco en la Avenida de la Albufera de Madrid. Lo han desplegado la mañana de este martes una treintena de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas, un distrito que, según la organización, está sufriendo una auténtica oleada de desahucios por parte de este gran banco. Cuentan 13 desalojos en ciernes, alguno de ellos ya ejecutado en el último mes.

Por eso han decidido ocupar una oficina este martes y tratar de forzar una mesa de negociación con la entidad, aunque el plan no ha salido bien, más allá de hacer visible la normalidad de lo que solía ser un barrio humilde que se gentrifica y encarece a marchas forzadas desde hace tiempo.

Gisela ha perdido la esperanza de conseguir el alquiler social que lleva intentando negociar con el banco desde que ocupó la casa en 2018. El viernes será su sexto intento de desalojo desde que en 2018 entró en esa vivienda vacía. No recuerda si era de La Caixa o de Bankia, la entidad nacionalizada con casi 22.500 millones de euros de dinero público y que fue absorbida el año pasado por La Caixa. En cualquier caso, ahora es de CaixaBank, o de "CaixaBankia", como prefieren llamarlo los activistas. El que ocupó Gisela no era el único apartamento vacío del edificio, recuerda, ni ella fue la única que recurrió a la ocupación por falta de alternativas. Tiene un hijo de siete años que entonces tenía cuatro. "No podía estar en casa de una amiga eternamente", añade.

Tiene 34 años y llegó a España en 2008, pero la crisis económica dio al traste con su empleo y su alquiler; desde entonces ha encadenado algún que otro trabajo temporal como limpiadora, pero nada con lo que pueda pagar una renta, explica en la sucursal ocupada, junto a la estación de Metro de Portazgo.

Según los datos del portal inmobiliario Idealista, en el distrito de Puente de Vallecas el precio del alquiler ha aumentado más de un 20% en los últimos cinco años. El precio medio del metro cuadrado el pasado mayo era de 12,5 euros, lo que eleva el alquiler de un piso de 70 metros a 875 euros al mes. No hace mucho que Gisela percibe alrededor de 700 euros mensuales por el Ingreso Mínimo Vital, y ni aunque el alquiler medio fuera de 700 euros podría permitirse el mes o meses de fianza y el mes de comisión de la agencia, explica. "Llevo desde 2020 esperando el desahucio, sin saber a dónde iremos mi hijo y yo si nos echan. Es algo traumático", dice.

Alrededor llueve el confeti, suena música a todo volumen de un altavoz portátil y los concentrados corean los gritos de "no toleramos ni un desahucio más" o "hay niños en la calle y no le importa a nadie". Los trabajadores de la sucursal observan la acción estupefactos. Unos reconocen en voz baja que tienen todo el derecho a manifestarse siempre que sean pacíficos (y lo son), otros prefieren alejarse de la protesta y otros graban con el teléfono al grupo mientras llaman a la Policía, que no tarda más de cinco minutos en llegar a la oficina. Las caras de casi todos son ya viejas conocidas, los agentes se permiten incluso bromear con que sigue viendo a la misma gente realizando las mismas acciones a pesar de que hace tiempo que gobierna la izquierda.

Los activistas insisten en que no abandonarán la oficina hasta que se comprometan a negociar una solución para los afectados por un procedimiento de desalojo en marcha y hasta que se suspenda el desahucio de Gisela, pero los trabajadores les recomiendan que protesten en Plaza de Castilla, donde está los directivos. "Aquí somos todos curritos, no podemos hacer nada", dice entre dientes uno de los bancarios.

No se negocia con ocupas

La directora acepta recibir un breve informe de cada uno de los casos amenazados de desahucios, aunque al estampar la firma añade una frase muy gráfica con bolígrafo: "La recepción no implica la aceptación del contenido". Firma 19 casos, la mayoría sin fecha concreta para el desalojo, aunque creen que no tardarán demasiado. Varias horas después, la Policía advierte de que los sacarán a la fuerza si no abandonan la sucursal. Todos, incluidos los periodistas, son identificados a la salida. Los activistas temen que la Delegación del Gobierno imponga las sanciones económicas que permite la ley mordaza.

"Hace mucho tiempo que CaixaBank no acepta negociar alquileres sociales con casos de ocupación", explica Merce López, portavoz de la PAH de Vallecas, que apunta a que estos son mayoría. "Así de claro nos lo han dicho. Se niegan porque genera efecto llamada", asegura, "pero lo que hay es necesidad y especulación", añade.

Los últimos dos alquileres sociales los firmaron hace dos años, "pero ahora nos encontramos con aumentos de hasta el 11% en algunos de ellos, porque son revisables anualmente para ajustar el IPC", sentencia. La gente que logra uno de estos alquileres sociales tiene dificultades para asumir aumentos tan grandes y algunos incurren en impagos que derivan en demandas, multas e incluso condenas penales en algún caso, enumera.

Sin embargo, entre los casos expuestos en la sucursal hay varios alquileres sociales a punto de finalizar que, según López, están teniendo problemas para renovar. "Estos meses están siendo muy duros en cuanto a desahucios, tanto en Puente de Vallecas como en Villa de Vallecas", sentencia.

Los desahucios aumentaron un 1% en todo el país en el primer trimestre del año, con más de 11.000, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tres de cada cuatro fueron derivados de impago de alquileres. En 2021 fueron hubo más de 110 cada día, más de 41.000 en total, lo que supuso un 30% más que en 2020. A pesar de los decretos antidesahucios del llamado "escudo social" del Gobierno, el 70% de ellos fue por no pagar el alquiler, lo que da una idea de los efectos de un alza de precios que sigue sin una ley que le ponga tope.

Mientras tanto, son los colectivos activistas los que intentan llegar donde no sirven los decretos ni las ayudas sociales. Desde PAH Vallecas adviertes de que intensificarán su campaña contra Caixabank en todos los frentes, denunciando "alquileres abusivos" en la oficina de Consumo, ocupando más viviendas vacías y tratando de paralizar desahucios en la puerta. La semana pasada no lo consiguieron y una pareja y tres menores fue desahuciada por el banco en Villa de Vallecas.