La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido este martes de la pérdida de calidad del empleo en España durante la crisis, así como de la necesidad de adoptar medidas adicionales para reducir la desigualdad mejorando los servicios públicos y reforzando las ayudas sociales, incluyendo un aumento en alcance y dotación de las ayudas a desempleados, así como su mantenimiento parcial cuando se encuentre trabajo para no desincentivar la búsqueda de empleo.

En su informe Estudios económicos de la OCDE: España 2017, la institución considera necesario adoptar programas más eficaces y mejor definidos para los desempleados de larga duración en España. La OCDE cree que los planes actuales —Renta Activa de Inserción (RAI), Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) y Programa de Activación para el Empleo (PAE)— se lanzaron en diferentes momentos y con diferentes objetivos, por lo que su coordinación podría mejorarse o reorganizarse para que resulten más eficaces.

En este sentido la organización recomienda ampliar de manera más generalizada el actual PAE, plan de ayudas y formación dirigido a los desempleados de larga duración con personas a su cargo cuyo importe está algo por encima de los 400 euros, y plantea la necesidad de "aumentar las ayudas económicas de los programas actuales en la medida de lo posible dentro del presupuesto, para conseguir una mayor eficacia de los programas".

Asimismo, la OCDE plantea que las prestaciones sociales para los desempleados deben ir retirándose más gradualmente a medida que aumentan los ingresos percibidos, "en lugar de eliminarse por completo como es el caso en la actualidad, para que no se menoscaben los incentivos económicos para trabajar".

En cualquier caso, la OCDE subraya que las prestaciones deben estar estrictamente supeditadas "a la búsqueda activa de empleo", de manera que contribuyan a que los beneficiarios sigan vinculados al mercado de trabajo a través de los servicios públicos de empleo.

"El empleo es la mejor fórmula para salir de la pobreza de manera duradera", sostiene la OCDE, que reclama un replanteamiento de los programas para combatir la pobreza en España, que permita reorganizarlos para hacerlos más efectivos, incrementando "tanto su alcance como la cuantía de las ayudas, en especial en el caso de familias pobres con niños".

Alta temporalidad

Por otro lado, la OCDE considera fundamental mejorar el funcionamiento del mercado laboral y reforzar el conjunto de las habilidades de los trabajadores españoles para conseguir que el crecimiento de la economía española sea más inclusivo y permita mejorar el bienestar.

La organización con sede en París pone de manifiesto el deterioro en la calidad del empleo en España registrado durante la crisis, apuntando la importancia de un empleo de calidad, entendido en términos de ingresos, seguridad y calidad del entorno de trabajo, para el bienestar y la productividad.

En este sentido, a pesar de la recuperación del mercado laboral y el descenso de las cifras de desempleo en los últimos años, aún una cuarta parte del conjunto de los trabajadores en España tiene empleos temporales, lo cual representa la mayor proporción de la OCDE después de Polonia.

Subir el IVA y el IBI; abaratar el despido

En cuanto a lo impuestos, la OCDE asegura que a estructura impositiva en España tras la última reforma tributaria sigue estando orientada hacia los ingresos laborales, y considera "infrautilizados" impuestos como el IVA y el IBI, así como aquellos relacionados con el medio ambiente. En ese sentido, propone una nueva reducción de la indemnización por despido de los trabajadores indefinidos para aliviar la dualidad del mercado laboral español.

Asimismo, el informe destaca que el fuerte incremento del desempleo en España como resultado de la crisis y, en menor medida, el aumento de la disparidad en los ingresos anuales, han incrementado la desigualdad en los ingresos, mientras la tasa de pobreza sigue siendo elevada, a pesar de los descensos registrados a medida que se reactiva el mercado laboral.

En este sentido, la OCDE reconoce que el sistema impositivo y de transferencias ayuda a reducir la desigualdad de los ingresos y la pobreza, aunque considera que se pueden adoptar medidas adicionales en este sentido.

"Las transferencias ayudan a reducir la pobreza, pero son bajas y benefician generalmente a la población más acomodada", apunta la institución, que considera que en líneas generales, las ayudas públicas en España para las familias son escasas.

El informe pone de manifiesto que el gasto social por niño es inferior al promedio de la OCDE y es especialmente bajo en la primera infancia, lo cual se deriva de un gasto bajo en ayudas en efectivo a las familias y en servicios públicos para el cuidado infantil.

"Una mejora de los servicios públicos de cuidado infantil no sólo contribuirá a aliviar la pobreza infantil al reducir los costes de este tipo de servicios para las familias que más lo necesitan, sino que además contribuirá a conseguir una mejor conciliación laboral y familiar, promoviendo la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y potenciando la educación de primera infancia", añade.

El informe de la OCDE mejora sus proyecciones para la economía española, aunque advierte sobre los riesgos de una relajación legislativa por la falta de mayoría en el gobierno.

La institución pronostica ahora un crecimiento del PIB español del 2,5% en 2017 (dos décimas por encima de la previsión del pasado otoño) mientras que ha mantenido en el 2,2% su proyección  para 2018. Las previsiones de la OCDE están en línea con las del Gobierno español, que espera que la economía crezca este año un 2,5% y la tasa de paro caiga al 17,6% de la población activa.

En este sentido, la OCDE pronostica que la tasa de paro de España bajará este año al 17,5% desde el 19,6% de 2016, mientras que en 2018 se situará en el 16,1%, mejorando en dos y tres décimas respectivamente sus anteriores previsiones para 2017 y 2018.

En cuanto a los objetivos de déficit pactados con Bruselas, los nuevos pronósticos de la OCDE auguran un incumplimiento de dichas metas, ya que el desequilibrio negativo de las cuentas públicas previsto para 2017 será del 3,4%, frente al objetivo del 3,1%, mientras que para el año que viene se situará en el 2,8%, frente a la meta del 2,2%.

En cuanto al endeudamiento, la institución con sede en París apunta un 99,6% del PIB en 2017 y del 99,4% en 2018, después de cerrar el pasado ejercicio en el 99,3%. Según las simulaciones realizadas por la organización en función de las previsiones oficiales, la ratio de deuda pública de España se moderaría de forma progresiva hasta el 94% del PIB para 2030.