La mitad de los alimentos básicos que con el inicio del año se vieron abaratados por la rebaja del IVA tienen diez meses después un precio más elevado que antes de esa medida, según revela el seguimiento que la organización de consumidores Facua está realizando sobre los tiquets de ocho de las principales cadenas de supermercados españolas, que según las estimaciones de la consultora Kantar acaparan más del 60% de las ventas de comida.

La medida reducía del 4% a cero el impuesto indirecto que gravaba la compra de huevos, leche, queso, fruta, hortalizas, verdura, legumbres, pan común y harina panificable y bajaba del 10% al 5% el de las pastas y los aceites vegetales para atenuar la carestía que la inflación estaba provocando en los bolsillos de las familias, que se estaban viendo obligadas a modificar sus hábitos tanto alimenticios como de movilidad, entre otros ámbitos de consumo.

Los efectos de la medida tributaria son claros: el último Informe Mensual de Recaudación de la Agencia Tributaria cifra en 1.294 millones de euros el impacto que ha tenido en las arcas públicas, una cifra que, en un país con 18,9 millones de hogares arroja un ahorro medio de 68,46 euros que, a su vez, equivale a un 2,7% del gasto medio de 2.509 euros que esos productos suponen al cabo del año para esas familias y unidades de convivencia.

Ese promedio, que obviamente variaría en el plano real en función de los niveles de renta y de consumo de cada hogar, se acerca bastante a lo que indican las escasas estimaciones existentes sobre el traslado de la rebaja tributaria. Esta de Esade (Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas) concluye que en los primeros meses de aplicación “la rebaja del IVA fue trasladada en su inmensa mayoría (más del 90%) a los precios finales en las grandes superficies”.

No obstante, añade, mientras “los precios de los alimentos subieron un 16% en el año 2022” la medida “solo supone una rebaja del 3,5% de los precios de un subgrupo concreto de alimentos”.

Una medida de efectos progresivos y regresivos al mismo tiempo

La rebaja del IVA conlleva un impacto redistributivo de carácter progresivo al suponer “un ahorro mayor para los hogares de renta baja en proporción a su gasto total” en alimentos, aunque al mismo tiempo incluye un efecto regresivo con el que el 50% de la merma tributaria tuvo como beneficiarios “al 40% de hogares con mayor capacidad económica”.

El motivo es que “a medida que aumenta la capacidad económica del hogar, el gasto en alimentos como frutas, verduras, pan y queso también aumenta”, lo cual conlleva “que la medida destine un mayor gasto público agregado (en euros que se dejan de ingresar por IVA) para las familias de más renta”.

Tampoco hay que descartar que las cadenas de distribución hayan trasladado a los consumidores vía precios una parte de los nuevos impuestos que gravan el uso de envoltorios de plástico y el de gas fluorado de las cámaras frigoríficas, que en nueve meses recaudaron 450 y 21 euros (un tercio de la rebaja del IVA), una práctica habitual con los aumentos de la presión fiscal, según recoge otro estudio del Banco de España.

En cualquier caso, y al margen del traslado de aumentos y rebajas de impuestos, los precios de venta al público de esos alimentos no se han mantenido estables en los supermercados en esos nueve primeros meses de aplicación de la rebaja: en más de la mitad de los casos han registrado encarecimientos superiores al abaratamiento que supuso la eliminación o la reducción del IVA, con la consiguiente mejora de márgenes y de beneficios para los vendedores.

“Más de la mitad de los productos analizados por la asociación, el 52,4%, han subido ya su precio con respecto al que tenían a principios de año”, denuncia Facua, cuando “según el real decreto ley por el que está vigente la medida, ninguno de estos productos puede subir de precio salvo que se produzcan incrementos de costes”.

Productos gancho y precios disparatados

El estudio detecta encarecimientos desorbitados como el de más del 70% que llegan a presentar algunas naranjas, los de casi el 40% de la judía verde y la zanahoria, otros de más del 50% de algunos arroces y algunos superiores al 35% en alubias y garbanzos.

“Nadie en el Gobierno que tenga una mínima competencia directa o indirecta en relación con los precios o los alimentos está haciendo absolutamente nada”, denuncia Rubén Sánchez, portavoz de Facua, quien expone que “los que podrían supervisar precios no están supervisando nada, están mirando hacia otro lado, y los que tienen capacidad de sancionar subidas de márgenes de alimentos con el IVA rebajado están optando por decir que no es competencia cuya, pero sin argumentar por qué”.

“No han contestado a las denuncias que le estamos presentado reiteradamente cada mes”, critica, mientras desliza sus temores a que en el Ministerio de Consumo “van a optar en este caso por no responder tampoco para eludir su responsabilidad de control y sanción”.

Un seguimiento de corte similar que viene realizando Asufín (Asociación de Usuarios Financieros), en este caso sobre una cesta concreta de alimentos y cantidades, arroja conclusiones parecidas.

“La cesta de productos básicos seleccionados por el Gobierno para aligerar el IVA y combatir, con ello, la inflación, cuesta hoy más que en diciembre”, señala el estudio, que reseña cómo “la cesta de la compra de básicos no ha hecho más que aumentar progresivamente” y cómo “los precios hoy son más caros” en cuatro de las cinco cadenas que monitoriza.

Ambos estudios aportan indicios de la desconexión de los precios de venta al público de muchos de los alimentos y las circunstancias de su producción, entre los que destaca el encarecimiento de algunos como la patata y la manzana en plena cosecha, es decir, cuando más abundan.

Por el contrario, otros como la pasta, cuyos inputs (cereales y energía, básicamente) llevan tiempo tirando al alza de sus costes de producción, se mantienen con precios ajustados para ocupar un papel de producto-gancho en el que también se sitúa el aceite de girasol, que tras un desmesurado y especulativo encarecimiento con el inicio de la guerra de Ucrania ahora aparece como principal alternativa al de oliva.

Este último, por el contrario, aparece como el principal factor de encarecimiento de la cesta de la compra, aunque con una llamativa evolución que tiene cierta apariencia de concertación: se vende a 9,25 euros el litro en las cinco cadenas que monitoriza Asufín, en cuatro de las cuales el de girasol “sorpresivamente marca la misma cantidad exacta, de 1,55 euros”, mientras en la quinta llega a 1,60.

El aumento del precio medio del aceite de oliva virgen se sitúa en el 51% según los datos de este trabajo, mientras el de Facua detecta incrementos del 24,7% al 154,8%.

Una situación de escasez aliñada con especulación

Existe consenso en torno a que la escasez de aceite de oliva tras una campaña floja el año pasado y unas perspectivas similares o peores para la actual, según la zona.

Sin embargo, esa escasez se ha visto aliñada con fuertes dosis de especulación para dar lugar a la escalada de precios de los últimos meses, especialmente intensa en el caso del virgen.

“Estamos liquidando en las cooperativas a cinco euros el kilo de aceite la campaña del año pasado. Y mira cuánto falta desde ahí para llegar a los diez y más a los que se está vendiendo el litro en los supermercados”, señala Juan Luis Ávila, responsable del sector de la Oliva en la organización agraria COAG.

“No tenemos ninguna influencia en el precio -anota-. Lo que queremos, como los consumidores, es tener unos precios estables, poder cubrir los costes de tres a cuatro euros que tenemos y ganarnos la vida”.

Un mecanismo para regular el mercado del aceite que no arranca

En el actual escenario llama la atención que el Ministerio de Agricultura que dirige Luis Planas siga manteniendo aparcado el mecanismo de regulación del mercado del aceite (comprar cuando sobra, vender cuando escasea) contemplado en un real decreto de febrero de 2021.

“Es por lo tanto necesario que el sector del aceite de oliva pueda aplicar en situaciones de claro riesgo de desequilibrio de mercado aquellas medidas que permitan regular la oferta con el fin de mejorar y estabilizar el funcionamiento de los mercados oleícolas”, señala la resolución, que contempla expresamente “la medida de retirada temporal del producto y/o de destino a uso no alimentario”.

“El mecanismo está en el decreto, pero el ministerio no decide las cifras a partir de las cuales se debe retirar aceite del mercado y a partir de las que se debe inyectar”, anota Ávila, que insiste en que “lo que pide la sociedad es estabilidad de precios”.

“Se tiene que intervenir de alguna manera, porque además no hablamos de un producto de lujo sino de la base de una dieta sana”, añade el dirigente de COAG.

El mecanismo de retirada, similar a los que tradicionalmente se han aplicado con productos como la fruta o la leche, no habría tenido aplicación práctica en el actual episodio inflacionista, ya que cuando el decreto habilitó al ministerio para crearlo el sector ya atravesaba una situación de escasez. Otra cosa es que vaya a estar, o no, disponible para evitar desperdicios si la producción repunta.