La mejora de la ocupación y la reducción del desempleo por la incipiente salida de la crisis pandémica junto con el próximo final de los ERTE extraordinarios, previsto para finales de febrero, van a liberar más de 10.000 millones de euros para dedicarlos al desarrollo del nuevo paquete de políticas sociales que pretende impulsar el Gobierno de coalición PSOE-UP.

"Son unos presupuestos prudentes que parten de posiciones muy conservadoras" en las estimaciones de ingresos por la recuperación, aseguró este martes tras entregarlos en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que añadió que "la mejora de los ingresos nos permite mejorar la cobertura del gasto público" y que "lo que se hace es una reorientación de las políticas de gasto priorizando otras".

También aprovecha otros factores, como los menores requerimientos de recursos para paliar los efectos del parón de la economía en el mercado laboral frente a los de este año y el anterior, algo que va a liberar más de 10.000 millones de euros que el ejecutivo va a poder destinar a financiar otras políticas.

La principal vía va a llegar con el final de los ERTE, la magnitud de cuyas necesidades económicas se han reducido a menos de la décima parte de la que tenían en los primeros meses de la pandemia, según los datos del Ministerio de Trabajo.

La nómina de las prestaciones de los ERTE se mantuvo todo el tercer trimestre por debajo de los 500 millones de euros, con su menor registro en septiembre con 256, menos de la décima parte de los 2.740 de marzo y los 2.590 de mayo de 2020 y apenas la decimotercera de los 3.426 de abril de ese año.

Entre enero y septiembre de este año, las prestaciones de los ERTE sumaron 5.099 millones de euros que, salvo giros imprevistos, tendrán otros destinos el próximo año y que suponen poco más de un tercio de los 14.941 que requirió la medida clave del escudo social de abril a diciembre de 2020.

Para obtener la factura completa de los ERTE, a esos 20.040 millones de euros dedicados a cubrir el 70% de los salarios de los trabajadores afectados en los últimos 18 meses hay que sumarles otros 6.400 en cuotas de la Seguridad Social exoneradas a las empresas que los empleaban y que han suspendido o recortado sus contratos como consecuencia de la pandemia. El ahorro en salarios y cotizaciones supera los 27.000 para esas sociedades.

Doce millones diarios menos para el desempleo

La otra fuente principal de ingresos por los menores requerimientos será la del desempleo, en la que el presupuesto del Ministerio de Trabajo prevé que la necesidad de recursos se reduzca en 4.368 millones de euros.

En este sentido, las previsiones del departamento que dirige Yolanda Díaz apuntan a una reducción de 175.000 perceptores mensuales de prestaciones contributivas y de subsidios asistenciales, incluidos el de los trabajadores eventuales del campo y la renta de inserción, con el que la nómina mensual caería de los 1.724 millones de este año a 1.360 el próximo, una diferencia de doce millones diarios.

Sin embargo, no es todo optimismo en esas previsiones numéricas, que indican que la reducción de 290.000 perceptores mensuales de la prestación contributiva de desempleo será simultánea a un aumento de casi 120.000 en el subsidio y a, prácticamente, la congelación de las cifras de los otros dos apartados tras los aumentos de los dos últimos ejercicios.

Y eso significa que va a continuar la sangría de parados que agotan la prestación, y también el subsidio, cuyo número ha crecido de una manera exponencial en el último año y medio, básicamente por la vigencia de algunas normas de la reforma laboral y a pesar de la histórica movilización de fondos para sostener el mercado laboral.

Los ERTE y el desempleo fueron, junto con el IMV (Ingreso Mínimo Vital), para el que el proyecto de Presupuestos consigna una dotación de 3.022 millones de euros, cinco más que el anterior, las principales partidas de gasto del ‘escudo social’. Los recursos que consumen otras como los avales del ICO se irán viendo conforme avance la amortización de los créditos obtenidos con ellos por empresas y autónomos.

“Obedece principalmente a la menor necesidad de protección”

"En el ámbito del empleo se espera que en 2022 continúe la senda de recuperación económica, tras la crisis sanitaria motivada por la Covid-19, que ya se viene observando en 2021", señala el Libro Amarillo que expone las principales líneas de los Presupuestos, que cifra en 22.457 millones de euros la dotación para políticas de desempleo.

"Se destinan 22.093 millones de euros a las prestaciones por desempleo, 2.568 millones menos que en el presupuesto 2021", añade el documento, que matiza que "esto obedece principalmente a la menor necesidad de protección de los trabajadores como consecuencia de la reactivación económica, tras la crisis sanitaria".

En cualquier caso, el grueso de la financiación para el aumento del gasto previsto para el año que viene, que incluye un nuevo récord de las pensiones con 171.165 millones de euros y la movilización de otros 12.550 en políticas de juventud, procederá, sobre el papel, de una mejora de la recaudación de más de 17.000 en un año que el Gobierno fía a la recuperación económica y de los 27.633 de los fondos europeos.

El proyecto de Presupuestos contempla elevar en 539 millones de euros la aportación estatal para el sistema de dependencia que gestionan las comunidades autónomas para situarla en 2.898, añadir cien a los 1.984 que se dedican a becas, incrementar en 217 la dotación de la formación profesional para el empleo, aumentar de 109 a 157 los recursos para el bono social térmico y hacerlo de 464 a 658 con los fondos de acceso a la vivienda.