Cerca de 500 empresas españolas dejaron en suspenso durante 2020 la aplicación de aspectos sustanciales de sus convenios colectivos, principalmente la mejora salarial prevista. En la mayor parte de los casos, el descuelgue se produjo mediante acuerdo con los representantes de los trabajadores, que admitieron la existencia de razones económicas de peso para aceptarlo.

En concreto, hubo 566 inaplicaciones de convenio, que afectaron a 486 empresas y 20.301 asalariados, según los registros del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se trata, no obstante, de las cifras más bajas desde que el Gobierno de Mariano Rajoy abrió esa vía en su controvertida reforma laboral de febrero de 2012. En 2019, sin ir más lejos, el número de descuelgues superó el millar.

Este descenso tiene que ver con la activación masiva de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) como fórmula para aliviar el impacto de la crisis del coronavirus sobre la actividad de las empresas. Más de tres millones y medio de trabajadores llegaron a estar en esa situación a lo largo del mes de abril, aunque a finales de año la cifra había bajado hasta poco más de 700.000.

Durante el tiempo que los ERTE permanecen en vigor, los afectados cobran la prestación por desempleo, con lo que las empresas se ahorran los salarios. Aun así, éstas tienen la posibilidad de plantear simultáneamente la inaplicación del convenio, según dejó establecido una reciente sentencia de la Audiencia Nacional; si bien los alicientes para hacerlo, como es lógico, se reducen.

De hecho, desde que el Gobierno de coalición impulsó los ERTE -tras la primera declaración del estado de alarma- hasta el 31 de diciembre, sólo hubo 340 descuelgues. Los 226 restantes registrados en el conjunto del año correspondieron a enero, febrero y marzo; es decir, los meses inmediatamente anteriores a que la crisis del coronavirus se manifestase en toda su plenitud.

De las 566 inaplicaciones de convenios que se produjeron el año pasado, 407 (el 72%) afectaron a empresas de menos de 50 trabajadores. Por sectores, la peor parte se la llevó el de servicios, que absorbió tres de cada cinco (348) descuelgues de 2020, debido sobre todo a las graves consecuencias que está teniendo la pandemia en el normal funcionamiento del comercio y la hostelería.

Las condiciones laborales previstas en convenio que se dejaron en suspenso con mayor frecuencia fueron las relacionadas con los salarios (cuantía, sistema de remuneración). Sólo 174 inaplicaciones no tuvieron relación con ello y se referían fundamentalmente a horarios y distribución del tiempo de trabajo.

Más del 95% de los descuelgues (541) se cerraron con acuerdo entre empresarios y sindicatos durante el preceptivo periodo de consultas. Fue necesario acudir a la comisión paritaria de seguimiento del convenio, a la mediación o al laudo nada más que en 25 ocasiones.