El acceso a la vivienda es uno de los grandes retos de buena parte de los municipios rurales o de montaña de Catalunya. La mayoría comparte un parque de casas envejecido, con muchos inmuebles vacíos que requieren una importante inversión de dinero para ser habitables y, a menudo, chocan con la negativa de los propietarios a ponerlos en el mercado para nuevos residentes. Paralelamente, los pocos recursos económicos de los que disponen los consistorios convierte casi en una quimera poder sacar adelante proyectos de vivienda pública, a precio asequible.

A todo este cóctel en los últimos años se ha unido la proliferación de viviendas turísticas, que añade una nueva dificultad para acceder a un techo en muchos pueblos de la Catalunya rural, una cuestión imprescindible si se quiere revertir la pérdida de habitantes que padecen cientos de núcleos poco poblados. El incremento de inmuebles destinados a los visitantes hace ya tiempo que ha dejado de ser un problema exclusivo de Barcelona y de numerosos núcleos de la costa. 

Sin embargo, sobre esta última cuestión empiezan a producirse movimientos significativos, fundamentalmente a través de la puesta en marcha de algún tipo de regulación sobre las viviendas de uso turístico. Vielha (capital de la Vall d'Aran, en el Pirineo), Porrera (Priorat, en Tarragona), Rialp (Pallars Sobirà, también Pirineo) o Ribes de Freser (Ripollès, Pirineo) son cuatro ejemplos de municipios que ya han puesto en marcha algún tipo de normativa para limitar los inmuebles turísticos o que están en trámites para hacerlo próximamente.

Aunque cada caso presenta particularidades diferentes, comparten dificultades para garantizar el acceso a una vivienda tanto para aquellos vecinos jóvenes que se emancipan como por aquellas personas recién llegadas que desean establecerse en el núcleo. El mayor rendimiento económico de los pisos turísticos frente al alquiler residencial es una de las razones que explica la proliferación de este tipo de inmuebles.

Porrera, en la comarca vinícola del Priorat, tiene lista una regulación propia para fijar un número máximo de viviendas de uso turístico (HUT, según las siglas en catalán) en el municipio, que está pendiente de recibir el visto bueno final del área de Urbanismo de la Generalitat -insertada en el Departament de Territori-. La intención del ayuntamiento era establecer un tope en los pisos turísticos que se situara en torno al 7% respecto al total de viviendas del pueblo, mientras que Urbanismo defiende poner una cifra absoluta. A la espera del acuerdo final, el alcalde, Juan Carlos Garcia, explica a Público que "tiramos adelante la medida para poner límites, porque ahora lo poco que se rehabilita va para turismo y nos interesa tener vivienda que se destine a primera residencia".

El alcalde añade que "estamos encantados de que haya establecimientos turísticos en Porrera, a ser posible vinculados a la actividad agraria y a gente que ya esté empadronada en el pueblo". En este sentido, la regulación no limitará las casas de payés de personas con ingresos agrícolas que también acojan a turistas, ni las viviendas compartidas en las que haya personas empadronadas en Porrera, sino que fundamentalmente lo que pretende es impedir que sociedades o propietarios de otros núcleos masifiquen Porrera con camas turísticas. Con apenas 428 residentes, el municipio cuenta con unas 90 camas de este tipo.

Garcia también comenta que la voluntad, sobre todo, es intentar incentivar que las casas se destinen a la residencia habitual, una cuestión imprescindible para "garantizar que la gente del pueblo tenga la oportunidad de establecerse", y una medida más para luchar contra el despoblamiento que sufre el núcleo. Porrera se había acercado a los 1.900 habitantes a finales del siglo XIX, pero se vació aceleradamente durante el siglo XX. Desde el 2000 ha perdido el 10% de la población, pasando de 472 a 428 residentes, una tendencia compartida con todo el Priorat. Cornudella del Montsant y Margalef son otros pueblos de la comarca con un elevado volumen de camas turísticas que estudian implantar algún tipo de medida para animar la puesta en el mercado de alquiler de viviendas destinadas a la primera residencia.

Tope del 10% en Rialp

El pleno del Ayuntamiento de Rialp, en el Pallars Sobirà, aprobó en julio por unanimidad una ordenanza que fija límites a las viviendas de uso turísticas en el municipio. En concreto, la normativa establece un tope de 77 inmuebles, que corresponde al 10% del parque de vivienda privada del núcleo. Hasta ahora, Rialp ha otorgado unas sesenta licencias de pisos turísticos. Su alcalde, Gerard Sabarich, comenta que la primera razón para tirar adelante una medida como ésta es "la complicación que tienen los vecinos para encontrar una primera residencia" y añade: "tenemos un parque de viviendas tirando a antiguo y pensado mucho como segunda residencia".

El alcalde, del PDeCAT, expone también que "poner algo de límite en las licencias turísticas es la única herramienta que tenemos como ayuntamiento para intentar que se incentive que los pisos salgan en alquiler como primera residencia". Con todo, subraya que duda de que se alcance el tope fijado en la ordenanza y, en caso de que esto ocurra, para poder dar una nueva licencia de HUT haría falta que uno de los pisos que tenía previamente se diera de baja de la actividad.

El gran problema, como en Porrera y también en gran parte de los municipios del entorno, es el acceso a la vivienda y, en este sentido, Sabarich detalla que "trabajamos con la Generalitat para poder hacer vivienda destinada al hogar habitual", porque no disponemos de suelo protegido. "Tenemos demanda de primeras residencias, pero no tenemos viviendas en condiciones ni suelo para realizar promociones".

Rialp, que hace un siglo superaba el millar de habitantes, se fue vaciando hasta los 375 residentes de 1981, para iniciar entonces una recuperación demográfica que le permitiría llegar a los 680 en el 2012. Sin embargo, desde ese momento la población ha evolucionado a la baja y en estos momentos tiene 658 personas empadronadas, según los últimos datos disponibles.

El precedente de Vielha

Ribes de Freser, en el Ripollès, es otro municipio rural -o de montaña, en este caso- que busca maneras de facilitar el acceso a la vivienda a las personas que ya viven en él o quieren hacerlo. La cabecera del valle de Ribes ha pasado de más de 3.500 residentes a mediados del siglo XX a los menos de los 1.800 actuales. Solo en las últimas dos décadas ha perdido a más de 300 empadronados. Su alcaldesa, Mònica Sanjaume, declara que estudian establecer algún tipo de regulación en los HUT que hay en el pueblo. Antes de decantarse por una medida concreta u otra, el consistorio está pendiente de terminar un censo para conocer exactamente el parque de viviendas del que dispone, un proceso que también debe permitir hacer aflorar los pisos vacíos.

Sanjaume (Junts per Catalunya) añade que "el acceso a la vivienda en Ribes y en el conjunto del Ripoll es difícil, pero depende de muchos factores, no sólo de los HUT. También hay muchas casas envejecidas o que son muy caras" que lo complican, por lo que el consistorio asegura que trabaja en "otras estrategias" para mejorar la disponibilidad de inmuebles para establecerse allí.

Otro ejemplo de regulación de los HUT en Catalunya lo encontramos en Vielha. La capital del Aran lo hace desde el verano de 2020, a través de un cambio en su planificación urbanística, que ahora establece que el alquiler de inmuebles a turistas queda limitado a casas unifamiliares y a bloques donde todos los pisos se destinen a tal fin. En el momento de aprobación de la normativa, el alcalde, Juan Antonio Serrano (Unitat d'Aran) afirmó que con la iniciativa buscan "asegurar una buena convivencia, detener la subida de los precios de los alquileres y evitar problemas en las comunidades de vecinos ocasionados por usuarios esporádicos". La ciudad cuenta con unos 250 pisos turísticos.

La problemática ni mucho menos se queda en los cuatro ejemplos comentados y, por ejemplo, en la Cerdanya varios municipios -como Lles, Martinet o Bellver, entre otros- también buscan fórmulas para regular la proliferación de HUT que sufren y que está dificultando, aún más, encontrar un piso asequible en una comarca ya marcada por una arrolladora presencia de segundas residencias y por los precios elevados.