Ramón Casajuana, dueño del extinto conglomerado empresarial Vítrex, cuya quiebra dejó en la calle a 116 trabajadores que siguen sin cobrar una deuda de 9,6 millones de euros en indemnizaciones de despido (5,2) y salarios de tramitación (4,4), se sentará finalmente en el banquillo para, siete años después de que la empresa se fuera a pique, responder de una acusación de insolvencia punible por la que la Fiscalía reclama para él tres años de prisión y sus exempleados, tres y medio.

Vítrex SA, empresa zaragozana fundada en 1959 y líder estatal en el sector de artículos de hogar y menaje, fue adquirida en 2001 por Vitrfried Products, una firma barcelonesa creada un mes antes y controlada por Casajuana y por uno de sus hijos. Tardó menos de una década en caer en la ruina tras ser fusionada con esta última en Vítrex SL, en una operación de autocompra de acciones que le costó a la primera más de ocho millones de euros y con decisiones posteriores como ceder la comercialización de sus productos a otra sociedad del grupo que obtuvo con ella 53 millones en cuatro años, o destinar 134.500 euros a comprar cuadros.

Según los extrabajadores, Vítrex fue descapitalizada para financiar otras sociedades de sus compradores, mientras que, para el juzgado Mercantil número 2 de la capital aragonesa, había sido una víctima fortuita de la crisis y de la fuerte competencia de las importaciones chinas. En cualquier caso, el Juzgado de lo Social número 7 condenaba en 2012 a la empresa a despedir a sus 130 empleados, que deberían ser indemnizados con 5.209.163 euros por Vítrex, Vítrex Menaje y el propio Casajuana, el cual sería declarado insolvente a principios de 2015. Los 4,4 en salarios de tramitación proceden del retraso en pagarles.

Una deuda inexistente, según la Fiscalía

Entre junio de 2010, cuando los trabajadores presentaron la demanda que concluyó con su despido por incumplimiento de la empresa, y la declaración de insolvencia, Casajuana efectuó una operación patrimonial que le ha llevado al banquillo: entregó un apartamento valorado en 212.500 euros y ubicado en Alp (Pirineo de Girona) como pago de una deuda a la empresa Robest, controlada por uno de sus hijos y de la que él mismo había sido administrador hasta dos días antes.

Sin embargo, esa “deuda no existía”, señala el escrito de acusación de la Fiscalía, para la cual “el propósito de la adjudicación del inmueble [era] sacarlo de su patrimonio para que no pudiera hacer frente con él a sus deudas”.

El ministerio público, que también solicita para el empresario una multa de 4.380 euros canjeable por nueve meses de cárcel en caso de impago, reclama que Casajuana y la empresa de su hijo destinen el valor del apartamento a pagar las indemnizaciones por despido. Si lo logran, quedará por saldar el 96% del débito, más los salarios de tramitación.

Los extrabajadores, que añaden a la petición de tres años y medio de cárcel una multa de 54.000 euros con 10 meses de cárcel en caso de impago, consideran que la insolvencia punible del empresario es de mayor calado que la que le imputa el fiscal y no se limita a la operación del apartamento.

Según sostienen, “ha ocultado y se ha desprendido de los bienes que formaban parte de su patrimonio”, además de dejar de “percibir los emolumentos” que le correspondían como administrador de nueve empresas que dirigió como “auténtico dueño y señor” entre su jubilación en septiembre de 2005 –cobra una pensión de 1.967 euros- y su cese en ellas entre agosto y septiembre de 2011.

Maniobras para imposibilitar el pago

“Con estas actuaciones y maniobras ha obstaculizado e imposibilitado” que cobraran las indemnizaciones, añade el escrito de acusación de los exempleados, que reclaman que, además de recuperar el apartamento entregado por una deuda de la que no puede “determinarse ni la existencia ni la veracidad”, Casajuana aflore las cantidades que pueda haber obtenido de esas empresas, por dirigirlas o por haberse desprendido de participaciones, desde que los trabajadores reclamaron sus despidos.

En este sentido, consideran “significativo” que la información patrimonial bancaria de Casajuana carezca de “saldos relevantes pese a la posición de dueño que ha ostentado no ya de una empresa sino de un grupo empresarial”.

En cualquier caso, el auto de apertura del juicio oral dictado por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, que reabrió el caso por orden de la Audiencia tras un primer archivo, impone a Casajuana una fianza de 405.000 euros y otra de 400.000 a la empresa de su hijo que se quedó con el apartamento.