La Fiscalía alemana no ve implicación de las filiales españolas de Volkswagen en el escándalo del trucaje de los motores diesel que afecta a 11 millones de afectados, y entiende que el fraude se cometió en la sede central de Alemania y no en España, según la respuesta a una comisión rogatoria recibida en la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso Público.

Esta conclusión ha sido remitida al juez Ismael Moreno dentro de una respuesta a la comisión rogatoria enviada a la Fiscalía de la ciudad alemana de Braunschweig, donde está abierta la causa principal contra la multinacional por el trucaje de los motores para eludir los controles de emisiones contaminantes.

“Las diligencias practicadas hasta la fecha no han dado como resultado ningún indicio sobre responsabilidades de personas que actúan por sí solas en España, en especial de las filiales de dicho país (Volkswagen-Audi España S.A., SEAT S.A., Volkswagen Navarra S.A.)”, sostiene la Fiscalía alemana al tiempo que precisa que, de conocer alguna implicación, lo comunicará al juez español.

El juez central de instrucción número 2, Ismael Moreno, acordó imputar a la matriz alemana el pasado julio, después de imputar a sus filiales en España tras las querellas presentadas por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen y por el sindicato Manos Limpias. El juez Moreno solicitó a la Fiscalía alemana que comunicara la causa abierta en España a la cúpula de la multinacional. Sin embargo, el Ministerio Público alemán pide aclaraciones porque la exposición de Moreno “no permite reconocer qué personas concretas son culpables de una estafa según el derecho español”, aunque envía la relación de la cúpula directiva de Volkswagen AG.

La Fiscalía alemana sostiene que la comisión rogatoria española hace referencia a “todos los órganos de dirección”, pero “no queda claro de dónde se deduce la sospecha concreta respectivamente. Siempre y cuando la comisión no se refiera a exámenes que todavía deben llevarse a cabo, se exige una comunicación de qué declaraciones se solicitan de cada persona en particular”, apostilla. En España, entró en vigor en el año 2010 la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como sería el caso de una empresa como Volkswagen AG. Sin embargo, en Alemania se debe probar el daño directo causado y señalar los autores concretos.

El Ministerio Público alemán tampoco tiene resultados concluyentes de los registros realizados en la sede central de la multinacional y sus filiales. Existen, explica, “dificultades reales” que obstaculizan responder al juez Moreno. Expone que aún se analiza la documentación incautada durante los registros de 2015, donde “se intervinieron datos electrónicos en un alcance de terabytes de tres dígitos. Debido a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán, los datos intervenidos deben examinarse para comprobar su relevancia en el procedimiento antes de una resolución de incautación”, pero este examen no se ha realizado “y previsiblemente todavía tardará meses” ya que primero se deben formatear los datos.

La Fiscalía alemana considera una “prioridad” que el juez español aclare si va a enviar allí la causa abierta en la Audiencia Nacional, como han hecho Suiza y Austria. Para ello, expone que, según el Convenio de Schengen, si se produjera un archivo parcial que afecte a una parte de los vehículos perjudicados -pero no a todos-, se provocaría una “extinción de la acción penal” respecto del “acusado concreto” y de “todos los procedimientos penales”, incluido el proceso alemán que investiga los 11 millones de vehículos.

La Fiscalía aprovecha para recordar que, según el derecho alemán, debe partirse de la base de una autoría indirecta. Es decir, que empleados de la central del grupo “tomaron la decisión de instalar el software de manipulación en el marco de un dispositivo de desactivación en determinados vehículos". Esta decisión repercute "en el marco de la jerarquía de la empresa, en un gran número de vehículos durante un periodo de varios años, sin que empleados subordinados, distribuidores e importadores tengan constancia del uso del software de manipulación. En última instancia, se trata de un único acto concreto del respectivo acusado que tiene repercusión en aproximadamente 11 millones de vehículos en todo el mundo, pero que legalmente debe considerarse como un hecho a efectos procesales”.

La investigación en España se centra en la manipulación de motores diesel de 4 cilindros a través de un software que detectaba cuándo estaban siendo testados en los controles de emisiones de gases contaminantes.