El sector eléctrico está siendo el escenario de un nuevo pulso entre el poder el poder empresarial y el poder político.

Sus protagonistas son el ministro de Energía, Álvaro Nadal, por un lado, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por otro. Las discrepancias entre ambos se han hecho de dominio público.

Detrás de ellas hay intereses empresariales y políticos, que pugnan por imponerse en un asunto que afecta al bolsillo y a la salud de todos.

¿Desde cuándo andan a la gresca?

Las hostilidades de desataron en la primera mitad de noviembre, cuando Iberdrola solicitó la preceptiva autorización para el cierre de sus centrales de carbón de Lada, en Asturias, y Velilla, en Palencia. Nadal respondió con el anuncio de un decreto que reserva a su ministerio la potestad de negar ese permiso por razones económicas, de seguridad en el suministro o de sostenibilidad del sistema. Es decir, si el cierre puede traducirse en una subida del precio de la electricidad o contradice la política energética del Gobierno.

¿Qué es lo que pretende Iberdrola?

Galán ha justificado su solicitud alegando el indudable daño medioambiental que este tipo de centrales producen. De hecho, Lada y Velilla son las dos únicas que Iberdrola todavía mantiene abiertas en el mundo. A lo largo de los últimos dieciséis años, ha cerrado instalaciones de carbón que sumaban una potencia instalada de casi 7.000 megavatios. Gracias a ello y a su apuesta por las energías renovables, prácticamente tres cuartas partes de la electricidad que genera en España están libren de emisiones.

Central térmica de Lada (Asturias), de Iberdrola.

¿Y la posición del Gobierno?

El ministro sostiene que el cierre de Lada y Velilla encarecería el recibo medio de la luz alrededor de 2,5 euros al mes. No parece una cifra demasiado cuantiosa, pero hay que tener en cuenta dos circunstancias. Primero, que la falta de lluvias está presionando al alza los precios, que en octubre subieron nada menos que un 7%. Y segundo, que España es el país de la Unión Europea donde más cara se paga la electricidad: 20 céntimos el kilovatio/hora, frente a los 14 de Portugal, los 13 de Italia y Alemania o los 10 de Francia.

¿Defiende Nadal en este pleito a los consumidores?

Lo que el ministro no quiere es que las compañías, apelando a su soberanía empresarial, puedan tomar decisiones que afecten al mix fijado por el Gobierno; esto es, a la combinación de las distintas fuentes de energía que cubren el suministro eléctrico español. Por eso, el decreto anunciado pone trabas adicionales a las ya existentes para el cierre de las centrales y lo hace, además, con carácter retroactivo al mes de agosto. Se pretende con ello que Lada y Velilla queden bajo su ámbito de aplicación, aunque sea en menoscabo de la seguridad jurídica, muy deteriorada en el sector energético por los continuos cambios de normativa.

¿Pero tan importantes son esas dos centrales?

Desde el punto de vista cuantitativo, no. El carbón aporta 9.500 megavatios, casi el 15% de la producción total de electricidad en España. Sólo 874 megavatios proceden de Lada y Velilla. En consecuencia, su impacto medioambiental también es limitado, aunque nadie cuestiona el poder contaminante de la tecnología basada en el carbón. De las 60 toneladas anuales de CO2 que emite el sector eléctrico, más de la mitad (unas 35) son atribuibles a la quema de ese combustible fósil en centrales térmicas.

¿Se trata de una cuestión más de fuero que de huevo?

Hasta cierto punto. Cuando dice que quiere cerrar Lada y Velilla en coherencia con su apuesta por la energía verde, Iberdrola sólo descubre una parte de la verdad. Mantener en funcionamiento estas centrales va a ser cada vez más caro, debido a las inversiones necesarias para cumplir las crecientes exigencias medioambientales y a la supresión en 2018 de los incentivos al carbón nacional (hasta 10 euros por tonelada), que ronda el 30% de la producción total. El Gobierno, por su parte, quiere evitar la impopularidad que siempre crean las subidas de la luz y la pérdida de empleo.

¿Irían muchos trabajadores a la calle?

Iberdrola se ha comprometido a recolocar a los 90 de Lada y a los 80 de Velilla cuando termine el desmantelamiento de ambas centrales, que se prolongarán durante cuatro años. El problema es el empleo indirecto que generan en sus respectivas cuencas. Ése, a día de hoy, no lo garantiza nadie. De ahí que los sindicatos hayan puesto el grito en el cielo y consideren que la decisión es “nefasta” para un sector sujeto a constante reconversión en las tres últimas décadas. A finales de los ochenta, en la minería del carbón trabajaban 45.000 personas y ahora apenas llegan a 3.000, con los costes sociales que el proceso conlleva.

¿Y por qué no vende Iberdrola?

Es extremadamente dudoso que, sobre todo en las circunstancias actuales, alguien quiera quedarse con Lada y Velilla. El decreto preparado por Nadal establece que las centrales puedan ser traspasadas a otro operador mediante subasta regulada. Y, si no es posible, el Gobierno aprobaría un sistema de compensación que no superara el coste para los consumidores del cierre de las instalaciones. Eso encierra un reconocimiento implícito de la dificultad de la venta y el anuncio de ayudas públicas que está por ver que acepte Bruselas.

¿Los ecologistas sí estarán de enhorabuena?

Para ellos se trata de otro hito en el camino hacia la desaparición de una fuente de energía muy nociva desde el punto de vista del cambio climático. Algunas organizaciones consideran, no obstante, que el cierre de Lada y Velilla es sólo un paso más, que debe ir acompañado de decisiones similares respecto a las centrales nucleares y a las que utilizan gas natural.