Dos años después de su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado a 824.441 personas, un 35,8% de las inicialmente previstas (2.300.000). Por tanto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ha ejecutado 1.000 millones de euros del presupuesto que existe para esta ayuda económica. De las personas beneficiarias, tan solo el 9,3% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza ha podido recibir el IMV, según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

El Gobierno aceleró la puesta en marcha del IMV debido a la crisis social derivada de la pandemia pero la ayuda no se ha acercado a las previsiones iniciales. Tan solo se ha ejecutado un tercio del presupuesto previsto y un porcentaje muy bajo de los casos de mayor necesidad. La burocracia y los exigentes requisitos para ser beneficiario ha provocado que se denieguen tres de cada cuatro solicitudes.

La cobertura entre Comunidades Autónomas continúa siendo desigual en el territorio nacional. Según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Navarra (24%) es la que mayor porcentaje de beneficiarios presenta, contra las bajas cifras de Catalunya (5,6%) o Balears (5,7%). Las altas cifras de Navarra corresponden con la pasarela que ha realizado la Comunidad Foral con el sistema de Rentas Mínimas.

Si bien la cantidad de beneficiarios del IMV supera a las Rentas Mínimas, la diferencia se queda muy lejos de las previsiones del Gobierno, con un 3,59% de diferencia en 2021 con respecto a 2020. Castilla-La Mancha es la que mayor diferencia presenta con 413% de beneficiarios de la IMV con respecto a las Rentas Mínimas. Por otro lado, Euskadi presenta una diferencia del 24%. El total en España es del 104%, según el Portal de Transparencia, menos de lo previsto.

Solo una de cada cuatro solicitudes del IMV ha sido aprobada. Una cifra muy lejana a lo que se esperaba teniendo en cuenta la cantidad de presupuesto asignado y el contexto socioeconómico derivado de la pandemia. Si bien es cierto que la última apertura de requisitos derivado de la modificación de la definitiva Ley 19/2021 que establece el IMV ha provocado un aumento paulatino de las resoluciones aprobadas, el 30% de asignaciones positivas en septiembre de 2021 está aún lejos de lo previsto.

Actualmente el IMV supone una ayuda de 437 euros por hogar, una media de 194 por persona. Una cifra bastante baja para la cantidad de trabas con la que se encuentran los solicitantes. A pesar de que supone una subida del 98% del presupuesto en comparación a las Rentas Mínimas.

Andalucía es la CCAA que mayor gasto hace para la asignación del IMV, ya que tiene el mayor crecimiento de beneficiarios, con 250.000 nuevos perceptores en 2021. Le sigue con cierta distancia el País Valencià y la Comunidad de Madrid.

Del bajo porcentaje de personas que viven bajo el umbral de la pobreza que son beneficiarias del IMV, llama la atención que en Castilla-La Mancha tan solo son perceptores de la ayuda un 1,7%. Un contraste alto con el 61% que la reciben en Euskadi o el 59% en Navarra.

Andalucía, que experimentó la mayor subida de beneficiarios en 2021, es también la CCAA con mayor número de personas bajo el umbral de la pobreza con más de dos millones, mientras que solo un 5% reciben el IMV.

Por tanto, las dificultades a la hora de conseguir la prestación para las familias, a pesar de la leve mejoría, está provocando que el Gobierno no cumpla los objetivos previstos con el IMV, con apenas diferencia con el sistema de Rentas Mínimas y un porcentaje muy bajo de personas que viven bajo el umbral de la pobreza recibiendo la ayuda económica. Aún quedan 1.000 millones de euros por ejecutar y muchas familias que lo necesitan.