El impuesto temporal de las grandes fortunas ha recaudado 623 millones de euros durante este 2023. La recaudación proviene de 12.010 grandes patrimonios con más de tres millones de euros–el 0,1 % del total de los contribuyentes–, que han abonado una cuota media de 52.000 euros.

"Esta figura tributaria cumple el objetivo marcado por el Gobierno de avanzar en una política fiscal más progresiva", celebra el Ministerio de Hacienda en una nota de este miércoles en la que también destaca que la "práctica totalidad" de quienes pagaron el tributo residen en comunidades "que han renunciado a recaudar el impuesto sobre el patrimonio".

El 95% de los ingresos de este tributo procede de Madrid, Andalucía y Galicia, territorios que han suprimido o tienen bonificado el impuesto sobre el patrimonio. 

De los 12.010 declarantes, la mayoría corresponden a grandes patrimonios de Madrid (10.302 contribuyentes), que han aportado 555 millones de euros; en segundo lugar se sitúa Andalucía, con 865 contribuyentes que han abonado 29,7 millones; y en tercer lugar se sitúa Galicia, con 91 contribuyentes que han pagado 9,8 millones. 

Catalunya ocupa el tercer lugar por número de declarantes (322), si bien la recaudación es de 2 millones de euros. Por número de declarantes, La Rioja y Canarias, ambos con tres, y Extremadura, con cuatro, son las regiones en la que se registran menos contribuyentes a este impuesto.

Con el fin de evitar la doble imposición, los contribuyentes del impuesto a las grandes fortunas solo tributan por la parte que no haya sido gravada por su comunidad autónoma en el impuesto sobre el patrimonio, de ahí que la recaudación provenga fundamentalmente de las comunidades que bonifican total o parcialmente dicho impuesto.

Según detalla Hacienda, la recaudación total por el impuesto a las grandes fortunas y por el impuesto sobre el patrimonio asciende este año a más de 1.868 millones de euros, una cifra alineada con las previsiones del Gobierno.

El impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, aprobado para los años 2023 y 2024, afecta a los patrimonios netos superiores a tres millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio.

El impuesto a las grandes fortunas, temporal, nació con polémica y con la oposición del PP y de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. El Ejecutivo madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso presentó el pasado 12 de septiembre nuevas nuevas acciones judiciales, en este caso, un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. En marzo el Gobierno de Ayuso ya había presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional por considerarlo un "atentado" contra la Comunidad de Madrid.

El nuevo recurso en la Audiencia Nacional va dirigido en esta ocasión contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para la liquidación del impuesto.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Angel García, ha informado de la presentación de este recurso, el mismo día que se ha dado a conocer que el Gobierno ha recaudado 623 millones de euros mediante este tributo, el 90% procedentes de la Comunidad de Madrid, en total 555 millones.

El Gobierno madrileño considera que el impuesto temporal de solidaridad a las fortunas de más de tres millones de euros invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera, lesiona la seguridad jurídica y "viola" el principio de igualdad y de lealtad institucional, además de afectar sobre todo a madrileños y andaluces.

Además, Madrid sostiene que la tramitación de este impuesto a las grandes fortunas se llevó a cabo a través de una enmienda en un proyecto de ley que no estaba relacionado, y su aplicación tuvo efectos retroactivos para todo 2022, lo que supuso "un grave perjuicio para los ciudadanos" que no contaban con soportar esta carga fiscal en ese ejercicio.