"La huelga nunca ha sido un fin en sí mismo, sino un instrumento para equilibrar las relaciones de fuerza en una negociación", explica Raúl Olmos, adjunto a la Secretaría de Acción Sindical de CCOO, para quien esa medida "es una herramienta. La resolución de los conflictos no deja de depender del equilibrio de fuerzas, y es una forma de mostrar la parte más débil en la negociación, que es la social".

Esa herramienta está siendo cada vez más utilizada por los trabajadores, y por los sindicatos que les representan, en el creciente goteo de conflictos laborales que se está dando en los últimos meses por todo el país y pese a que, por ley, cada jornada de paro les supone la pérdida proporcional del salario y las cotizaciones.

Según los datos de los ministerios de Trabajo y de Inclusión, un total de 194.603 trabajadores secundaron entre enero y noviembre huelgas en las que se perdieron 505.965 jornadas de trabajo (1.514 diarias, 10.604 semanales), y entre las que se incluyen el paro de los transportistas de marzo y la cascada de convocatorias en la Administración, amén de un goteo de conflictos en empresas y sectores locales. 

De mantenerse el ritmo, el primer registro sería el mayor desde los 207.316 de 2012, cuando, en el primer año de su aplicación, la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy allanó los despidos colectivos tanto como para llevarse por delante un millón de empleos en un lustro. Mientras, el segundo solo se vería superado por el de ese ejercicio, cuando se llegó a 758.866.

Las cifras de huelgas regresan a los niveles previos a aquel cambio radical del marco normativo laboral y tras otra modificación que ha revitalizado una negociación colectiva que a lo largo de la última década había permanecido bajo mínimos históricos, aunque se trata de dos escenarios muy diferentes.

"Muchos de aquellos conflictos estaban relacionados con ERE, con despidos y con otras situaciones que propició la reforma laboral, como las bajadas de sueldos. Eran movilizaciones defensivas ante una agresión, y se daban en un contexto de fuerte destrucción de empleo", anota el sindicalista.

El marco es otro ahora, aunque el actual, señala, no deja de ser "la evolución natural de tres factores: la reivindicación de los convenios en un escenario de revitalización de la negociación colectiva, la falta de un ANC (Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva) que sirva para pacificar las negociaciones, y un IPC disparatado y disparado que afecta a los productos más esenciales y que presiona a la baja los salarios reales".

"O hay un criterio común que permita pacificar las negociaciones o va a ser muy difícil sujetar a los trabajadores", añade Olmos, que responsabiliza de la ausencia de esa guía a la patronal de patronales, la CEOE: "No lo ha querido, y lo normal y previsible es que la conflictividad siga aumentando. Había 1.200 convenios pendientes de cierre al acabar el año, y a esa cifra van a sumársele los que vencen este año".

El ANC, que solía renovarse cada año, es un acuerdo que suscribían los dos mayores sindicatos de clase (UGT y CCOO) y las principales organizaciones patronales (CEOE y Cepyme) y que, entre otros contenidos, incluía una recomendación de subida salarial para las negociaciones sectoriales y de empresa que fueran a desarrollarse a lo largo de ese ejercicio.

Sin embargo, ya van dos años sin ese instrumento (el último es de 2020), un periodo que, por otro lado, coincide con la reactivación de la actividad tras la pandemia y con un alza de precios desconocido como consecuencia de las prácticas especulativas desatadas al socaire de la guerra de Ucrania.

"El contexto es fundamental. Venimos de una gran recesión que no estaba cerrada y cuyos procesos se paralizaron con la pandemia, y que, antes de estar solucionados, se han solapado con la guerra de Ucrania y la inflación", diagnostica David Martín-Moral, sociólogo de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. Anota que, en ese escenario, "los trabajadores intentan no perder más poder adquisitivo del que han perdido en los últimos años", mientras al cuadro se le suma como "solución" una subida de los tipos de interés que está disparando las cuotas de las hipotecas.

"Mientras los poderes públicos actúan, los trabajadores siguen pagando bienes, servicios y suministros a un precio cada vez mayor", añade, como otro factor clave de ese aumento de la conflictividad laboral.

El profesor disecciona esa conflictividad en tres bloques, coincidentes a su vez con "los tres grandes grupos en los que está dividido el mercado laboral español: la Administración y las empresas volcadas en el mercado interior y en el exterior" en mayor o menor medida.

"Las que se centran en el exterior son grandes empresas en las que se pagan buenos salarios y en las que suele haber poca conflictividad, con excepciones como el paro del metal de Cádiz, y las del interior, en las que la gente resiste con dificultad, se están quedando atrás", explica. Mientras, "en el sector público se está dando una respuesta muy política, de regreso al Estado y defensa de los servicios públicos frente a los avances del capitalismo".

En cada uno de esos bloques "se aplican lógicas distintas ante situaciones diferentes" mientras emerge un cuarto, en el que se encuentran los trabajadores más precarizados, como los riders, las kellys y las empleadas del hogar, quienes "ante su debilidad y la imposibilidad de negociar, en lugar de dirigirse a sus empresarios se han dirigido al Estado para que la negociación que les ampare llegara a través de una ley. Su postura lógica y coherente consiste en generar debate hasta que el Gobierno reacciona".

"Hay muchas negociaciones que cerrar"

Resulta llamativo, por otro lado, el grado de movilización que se está dando en la Administración, cuyos distintos ámbitos aportaron de enero a noviembre más de la cuarta parte (29,8%) de los trabajadores que pararon y de la quinta (22%) de las jornadas que se perdieron, unos registros que subieron en el último mes del año.

No es el único dato sorprendente. Hay otros, como una tendencia a la feminización de la huelga por la movilización de nuevos colectivos precarizados y por la amplia presencia femenina en sectores de la Administración como la sanidad y la enseñanza, o, también, las diferencias en la composición de las mesas de negociación según de qué ámbito se trate.

Así, de los 1.024 convenios sectoriales cerrados el año pasado, 686 llevaban la firma de CCOO, 633 la de UGT y 489 la de otros sindicatos, mientras que en los 750 de empresa las rúbricas fueron 432, 380 y 389, respectivamente, con un peso notablemente mayor de las organizaciones de menor tamaño.

"Los trabajadores se van agrupando en otros sindicatos. Se organizan para optimizar sus posibilidades. Eso ha pasado siempre. Hay muchas realidades sindicales y de vez en cuando nos explotan ante los ojos", explica el profesor, que duda si esa tendencia se debe "a una mayor presencia de sindicatos de empresa y de sector o a que las grandes organizaciones no llegan a cubrir todo el mundo laboral".

En cualquier caso, los datos sobre la negociación colectiva arrojaban al cierre del año pasado la segunda menor cifra de la década en aprobación de convenios y de trabajadores protegidos por ellos, en ambos casos solo superior a la de 2020, el año de los confinamientos y el parón de la actividad. Ahora parecen apuntar más a un aumento que a una disminución de la conflictividad.

"El movimiento llama a más movimiento, y nosotros vamos a empujar en esa dirección porque hay muchas negociaciones que cerrar", advierte Olmos.