MADRID.- La Agencia Tributaria ampliará las inspecciones de la amnistía fiscal a los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la misma y comprobará, como ya está haciendo en numerosos casos, si quienes regularizaron su patrimonio a través de dicha amnistía han cumplido también con la obligación de informar sobre la posesión de bienes y derechos situados en el extranjero y si han sido rigurosos al hacerlo, según fuentes del Ministerio de Hacienda.

De hecho, las mismas fuentes aseguran que los contribuyentes que se acogieron a la amnistía están siendo sometidos a las mismas actuaciones que los demás, incluso "muchos de ellos" están siendo investigados por distintos delitos que pueden acabar ante los tribunales.

"Vamos a investigar todos los patrimonios en el exterior de quienes se acogieron a la mal llamada 'amnistía fiscal'. Esta actuación incluirá comprobar que esas personas han tributado por las rentas obtenidas con esos bienes y derechos en el exterior, y si no ha sido así, se les exigirá el pago de los impuestos correspondientes", subrayan desde Hacienda.

Además, el departamento de Cristóbal Montoro desmiente las voces que aseguran que el 30 de noviembre de este año prescriben los posibles delitos que hayan podido cometer quienes se acogieron a la amnistía (el plazo para hacerlo acabó el 30 de noviembre de 2012 y a los cuatro años prescriben los delitos) y añade que la amnistía fiscal en sí "no caduca" y que los datos aportados por la misma "siguen ahí y están a disposición de la Agencia Tributaria".

Por ello, asegura que muchos de los que se acogieron a la regularización extraordinaria (que es el nombre oficial por el que se conoce a la 'amnistía fiscal') "han sido investigados y otros muchos van a serlo para comprobar que, frente a lo que hicieron en el pasado, ahora sí están cumpliendo son sus obligaciones fiscales".

En este sentido, Hacienda recuerda que además de aflorar 40.000 millones y de recaudar casi 1.200 millones (la mitad de lo que se estimó inicialmente), la amnistía abrió las puertas a que miles de defraudadores se situaran desde entonces, "con sus nombres y apellidos", dentro de la legalidad tributaria y bajo el control del fisco.

Ciudadanos pide más

Por el contrario, desde Ciudadanos, que este mismo martes lleva al Congreso una proposición no de ley para obligar a quienes se acogieron a la amnistía a pagar más, aseguran que los posibles delitos que hayan podido cometer estos contribuyentes prescriben el próximo 30 de noviembre y además piden al Gobierno a que les obligue a tributar un 10% por las cantidades afloradas y no un 3% que fue lo que finalmente pagaron.

Al respecto, Hacienda aclara que la amnistía fiscal cobró un 10% por todo el dinero declarado perteneciente a ejercicios impositivos no prescritos, pero entre las rentas y patrimonio regularizados por importe de 40.000 millones, una parte "relevante" provenía de ejercicios prescritos sobre los que no actuaba el gravamen.

"Hubiera sido absurdo pretender cobrar ese 10% a esos fondos procedentes de ejercicios ya prescritos cuando éstos podían regularizarse de forma ordinaria sin que legalmente se pudiera gravar nada por ello", aseguran desde Hacienda, tras insistir en que a estos contribuyentes "se les ha investigado y se les va a investigar", pero otra cosa es pretender recaudar lo que por ley es imposible: sobre el dinero procedente de ejercicios que, en el momento de la regularización, estaban prescrito.

A pesar de ello, Ciudadanos emplaza en su iniciativa parlamentaria a anular las recomendaciones de la Dirección General de Tributos, que en junio de 2012 "suavizaba" en un informe las condiciones de tributación, provocando que el tipo efectivo, fijado en un 10% por la propia ley de la amnistía, pasara al 3%.

Asimismo, Ciudadanos pide que antes del 30 de noviembre se inicien las comprobaciones inspectoras de los contribuyentes acogidos a la amnistía y garantizar así que tributen el dinero regularizado al correspondiente 10%. De hecho, el acuerdo alcanzado por Ciudadanos y el PP para la investidura de Mariano Rajoy preveía una revisión para garantizar que la regularización de dinero tributara al 10%.