Las crisis económicas siempre revelan dos realidades diferentes. Los ciudadanos de a pie son los principales perjudicados, sin importar si la caída en la economía se deriva de un conflicto bélico, de una pandemia o de la especulación de grandes agentes inmobiliarios. Mientras, las grandes compañías bancarias o de sectores como el energético hacen gala de su capacidad para afrontar el golpe con facilidad e, incluso, alcanzar beneficios.

Los principales bancos españoles son el ejemplo idóneo en este caso. Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja han logrado durante 2022 un beneficio conjunto récord de 20.850 millones de euros, un 28% más de lo que cosecharon en 2021. Una cifra obtenida a pesar (o a causa) del grave contexto inflacionario, de las subidas de los tipos de interés (en la práctica, aumento del valor del dinero) y del incremento del euríbor (que afecta de forma significativa a las hipotecas variables).

Si pasamos de la fotografía general a la imagen concreta, apreciamos que el Santander ha sido el grupo que mayores beneficios ha obtenido en su sector en España. Tras aumentar su actividad comercial, ha experimentado un crecimiento de sus ganancias del 18% en comparación con el pasado año, después de registrar 9.605 millones de euros. Le sigue BBVA, con un beneficio de 6.420 millones, un 38% más que en 2021.

Yolanda Díaz, frente al BBVA 

A pesar de ello, esta última entidad financiera ha desplegado su artillería para defenderse ante la propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, crítica con las intensas subidas en los beneficios que ha experimentado la compañía mientras las familias lo tienen cada vez más difícil para pagar sus hipotecas. La también vicepresidenta propuso, de hecho, congelar las hipotecas y que determinadas empresas "moderen" sus beneficios.

Carlos Torres, presidente del BBVA, consideró las palabras de la miembro del Gobierno como "un ataque a las empresas privadas" y dijo que esa actitud conduce a resultados "catastróficos". Sin embargo, los hogares no terminan de remontar y, con la nueva subida de tipos y del euríbor, deberán echarse a las espaldas, de nuevo, los costes de esta crisis marcada por la inflación.

La subida de las hipotecas ahoga a las familias

Aquellos ciudadanos que tengan una hipoteca variable sufrirán una nueva subida del coste mensual de su vivienda. El euríbor a 12 meses ha alcanzado en enero de 2023 una tasa media del 3,337%, un aumento de 3,8 puntos porcentuales con respecto a enero de 2022. Este porcentaje se acerca a la media de diciembre de 2008 (3,452%).

Si ponemos un ejemplo específico, una familia con una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años verá cómo su cuota hipotecaria se disparará 294 euros más por mes. En el caso de una hipoteca de 300.000 euros, el encarecimiento mensual será de 588. Unos aumentos que parece que no cesarán, según las previsiones del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal de EEUU (por sus siglas en inglés, Fed). Ambos organismos sugieren un nuevo repunte del euríbor con la intención de contener la inflación, pese al riesgo de disuadir el consumo y la inversión y que, por lo tanto, se propicie un frenazo del crecimiento económico.

Al drama hipotecario hay que añadir la subida del IPC (Índice de Precios de Consumo). Un ascenso que se socava los ingresos de los ciudadanos, que cada vez más deben dedicar más gasto para poder llenar la nevera. Alimentos y bebidas no alcoholicas se han encarecido un 21,5% en los dos últimos años.

Choque entre PSOE y Unidas Podemos

Ante esta situación, desde Unidas Podemos proponen una congelación de las hipotecas variables para evitar subidas del coste por los incrementos del euríbor. El ala del Gobierno encabezada por Yolanda Díaz e Ione Belarra defiende suspender las revisiones de las cuotas de las hipotecas de interés variable desde julio del pasado año.

Sin embargo, el Ministerio de Economía parece reticente a esta medida. El departamento de Nadia Calviño no se plantea incorporar nuevas medidas para paliar el impacto de las subidas de los tipos de interés en las economías familiares, a pesar de que el nuevo código de buenas prácticas permite en algunos casos reducir o aplazar la carga de intereses.