El Gobierno oficializó este martes dos cambios de calado en sus políticas económicas y sociales: un acercamiento a las cadenas de supermercados, que llega tras meses de tensiones a cuenta de la carga impositiva de los alimentos y de lo abultado de sus márgenes en plena escalada inflacionista, y la activación por vez primera de un sistema de ayudas directas para combatir la pobreza, una medida a la que la parte económica del ejecutivo venía oponiéndose desde que su adecuación comenzó a plantearse con la pandemia.

"Es un paso decidido para dignificar la protección social y que las familias con hijos no tengan que ir a las colas del hambre", dijo el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que se refirió a la iniciativa como "un cambio de modelo" hacia un "modelo menos estigmatizante".

Básicamente, el anuncio consiste en lo siguiente: el Ministerio de Derechos Sociales destinará algo más de cien millones de euros (100,236) del tramo estatal del Fondo Social Europeo Plus a una subvención directa y finalista a Cruz Roja, que utilizará 4,7 para preparar el sistema que permita distribuir entre el 1 de abril y el 31 de diciembre 95,5 en tarjetas monedero a familias en situación de vulnerabilidad económica en las que haya menores de edad.

Sin embargo, a partir de ahí la iniciativa requiere de tres aliados sin los cuales no podrá funcionar: Cruz Roja, que debe poner en marcha la intendencia del sistema y que se encargaría de la carga de las tarjetas; las comunidades autónomas, cuyos servicios sociales se encargarán de la definición de los usuarios del sistema, y los supermercados, donde se despacharán los productos y se admitirá el pago con la tarjeta.

No parece que vaya a haber mayores problemas con la ONG, más que los que puedan surgir desde las comunidades, que este año se ahorran los cien millones para hacerse cargo del dispositivo en 2024, dependerá del tono de bronca que estén dispuestos a plantear la docena de gobiernos del PP y del PP y Vox con un asunto de esta sensibilidad.

"Estamos dando tiempo y dinero a las comunidades autónomas para que se preparen para asumir el servicio", anotó Bustinduy. El programa contaba con el visto bueno de las autonomías desde 2021, pero seguía desde entonces en un cajón.

La iniciativa, que se conocerá con mayor concreción una vez se publique el decreto este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), activó un compás de espera en el sector de la alimentación, que espera a ver la letra pequeña del asunto: ¿qué productos entran? ¿cuáles no? ¿podrán usarse solo tarjetas de prepago o también vales? ¿existirá alguna condición en cuanto a precios, volumen de compra o cantidades de dinero?

Bustinduy se refirió a los "supermercados colaboradores" y a una bolsa de productos de "primera necesidad" que incluiría los de alimentación y los de higiene, lo que parece apuntar más a un sistema de voluntariedad o convenio para participar en el programa por parte de las cadenas que a la mera activación de un sistema de pago de uso universal.

La recompensa sería, en cualquier caso, una bolsa de ventas de 95,5 millones de euros, que tan solo supone el 0,2% de la facturación anual del sector de la distribución, que ronda los 47.000 millones, pero que sí puede conllevar unos resultados notables, como ocurre con algunos programas municipales de ciudades como Zaragoza, para las que disponen de tiendas en los barrios en los que se concentran los usuarios.

Cambio de orientación en las políticas contra la pobreza

El programa, cuyo alcance estima el Gobierno en el entorno de las 70.000 familias y de algo más de 100.000 personas, contempla una escala de ayudas de 130 euros al mes para las familias monoparentales, de 160 para las de tres miembros, de 190 para las de cuatro y 220 para las de cinco o más, siempre con al menos un menor de edad en el grupo.

Esta fórmula supone un cambio radical en los sistemas de ayudas de ámbito estatal, que hasta la fecha no incluían la entrega directa de dinero, básicamente por la oposición de los ministerios de Economía y de Hacienda que dirigían Nadia Calviño y María Jesús Montero, partidarias de actuar sobre la rebaja de impuestos, caso de la energía y los alimentos.

Estas venían suponiendo una rebaja de 10.000 millones pero su impacto era generalizado y, paradójicamente, menor para los hogares de bajo consumo que para los de mayor demanda al centrarse en impuestos indirectos como el IVA y los especiales. El otro modelo impositivo, el de los descuentos fiscales, no afecta a familias que no declaran el IRPF por lo escueto de sus rentas.

Ahora, los 95,5 millones de euros se distribuirán entre los hogares cuya vulnerabilidad hayan certificado previamente los servicios sociales, en lo que sería la primera ayuda directa de ámbito estatal para combatir la pobreza.

Hubo un antecedente con el cheque de 200 euros anunciado a finales de 2022 para familias con ingresos inferiores a los 27.000 euros, aunque la  letra pequeña se reveló tan exigente y excluyente que, al dejar fuera a los pensionistas y a los perceptores del IMV (Ingreso Mínimo Vital), rebajar el umbral de renta a 14.000 euros y establecer una tramitación más farragosa que sencilla en la Agencia Tributaria, su alcance se quedó en 1,2 de los seis millones de potenciales beneficiarios.

¿Compatible con las ayudas de urgente necesidad?

Por otro lado, resulta previsible que el plan tenga impacto en el volumen de usuarios de los bancos de alimentos, que el año pasado atendieron a más de 1,3 millones de usuarios a los que repartieron la comida que previamente adquiere en licitaciones y distribuye el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) del Ministerio de Agricultura.

"La fruta no era una opción posible" para las familias, anotó Bustinduy, con ese sistema de productos envasados. En principio, el de tarjetas de prepago debería facilitar el acceso a alimentos frescos de los beneficiarios, que eludirán la obligación de pasar por las colas, y su efecto estigmatizante, para obtener la comida.

También dependerá de la letra pequeña del decreto y de las distintas normativas municipales la eventual compatibilidad del nuevo programa con las ayudas de urgente necesidad que gestionan los ayuntamientos de numerosas ciudades, y que en los últimos años han supuesto un gasto millonario ante la carestía provocada por la inflación

Varios de esos consistorios, como los de Madrid y de Zaragoza, aplican desde hace varias legislaturas el pago con tarjetas-monedero para, precisamente, evitar las situaciones de estigmatización que pueden conllevar otros sistemas de reparto.