El Gobierno de Rajoy ha logrado llevar el polémico CETA al Congreso de los Diputados en un tiempo récord. Este lunes, el Ejecutivo del PP ha trasladado formalmente los más de 1.600 folios que componen el acuerdo comercial entre Canadá y la UE a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor.

Sin embargo, uno de los documentos entregados en este marco, firmado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, detalla que el Ejecutivo pidió al Consejo de Estado que se pronunciase sobre si necesariamente debía contar con las Cortes Generales (Congreso y Senado) para la aprobación del CETA, o si por el contrario podía saltarse a estas cámaras para darle luz verde. La respuesta de este órgano de carácter consultivo, emitida el 9 de febrero de 2017 -sólo seis días antes de la ratificación del acuerdo en el Europarlamento- no dejaba lugar a interpretaciones: "Que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del Acuerdo Económico y Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016, requiere la previa autorización de las Cortes Generales", reza el documento que hoy desvela Público.

Por su parte, desde la Secretaria de Estado de relaciones con las Cortes apuntan que el Artículo 94 de la Constitución Española obliga a consultar con ambas cámaras la aprobación de acuerdos como el CETA, al ser un tratado de carácter "político", y restan importancia al hecho de que el Gobierno consultara al Consejo de Estado: "Es obligatorio, siempre se hace así ante acuerdos de este tipo", precisan.

El debate sobre si el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA, en inglés) invadía las competencias de los 28 o únicamente tocaba las competencias de la UE levantó una considerable polvareda en Bruselas hace casi un año. Se saldó con la decisión -a regañadientes- de la Comision Europea, que negocia en nombre de los 28, de permitir que el CETA fuera considerado un tratado mixto, estableciendo que su su entrada en vigor requiera de la aprobación de los 28 Parlamentos nacionales y de una docena de cámaras territoriales.

No obstante, el tratado establece que parte de sus cláusulas pueden empezar a funcionar inmediatamente, de forma provisional, y el documento entregado por el Gobierno en sede parlamentaria plantea que esta implementación provisional previsiblemente comenzará en abril o mayo de este mismo año, antes de que las cámaras españolas -controladas mayoritariamente por PP y PSOE, ambos favorables al acuerdo- se pronuncien sobre el CETA.

El acuerdo llega al Congreso en un tiempo récord: fuentes del Ministerio de Exteriores trasladaron a este diario que su paso por el Ministerio se prolongaría al menos durante un mes, aunque finalmente este periodo apenas llegó a las cuatro semanas, y el Consejo de Ministros del pasado viernes dio luz verde a la remisión del texto a la Cámara Baja.

"El Congreso de los Diputados debe aprender de la experiencia de Valonia", asegura a este diario Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y portavoz de la Campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA, que engloba a cerca de 350 organizaciones sociales, medioambientales y sindicales. El activista explica que el Parlamento regional valón dedicó 18 meses a analizar el contenido del criticado acuerdo: "200 horas de debates y comparecencias, invitaciones a asociaciones empresariales, campesinas, ecologistas, de consumidores o al Gobierno canadiense, entre otros actores. El trabajo democrático realizado ha sido impresionante", destaca.

Por su parte, afirma que "pase lo que pase" la Campaña seguirá movilizándose para intentar impedir la ratificación del acuerdo". "E, incluso, si no lo paramos en España -continúa-, seguiremos luchando, codo a codo con los movimientos sociales en otros países donde hay muchas posibilidades de parar el CETA, como en Austria, Holanda, Alemania o Francia", zanja.