El Gobierno andaluz ha aprobado la norma que regulará el nuevo modelo de escolarización en escuelas infantiles (de 0 a 3 años) y que introduce un nuevo sistema de financiación de las guarderías.

Lo ha hecho por la vía de urgencia, usando la fórmula del decreto ley, que no necesita la convalidación del Parlamento para su puesta en funcionamiento. La norma entrará en vigor en 48 horas (dos días antes de que se abra el plazo de matriculación en las guarderías andaluzas) y luego la Cámara tiene tres meses para convalidarla.

El decreto ley ha sido muy contestado por el sector de Infantil (del que dependen 15.000 empleos directos), nace con el rechazo frontal de los sindicatos y de las patronales, que acusan a la Consejería de Educación de haber impuesto un cambio drástico de modelo sin diálogo y sin negociación.

Mientras el Consejo de Gobierno le daba luz verde, docenas de maestros, educadores, miembros de las principales patronales del sector que representan a unas 450 guarderías se manifestaban a las puertas de las delegaciones territoriales de las ocho provincias (67.000 firmas recogidas contra el decreto).

Ese rechazo social ha hecho que el Gobierno de Susana Díaz se plantee si la vía del decretazo de guarderías puede estallarle en la cara, como ocurrió con la polémica fusión hospitalaria de Granada, que sacó a 50.000 personas a la calle y terminó con la dimisión de la cúpula de la Consejería de Salud y la rectificación del proyecto.

El departamento que dirige Adelaida de la Calle ha obviado los trámites habituales para aprobar una ley tan delicada como ésta, que normalmente se busca consensuar con la mesa sectorial de enseñanza.

Esta vez, en cambio, el borrador del decreto no ha pasado por la supervisión del Consejo Escolar de Andalucía, ni por la mesa sectorial, donde están representados los sindicatos mayoritarios, ni por la mesa de Infantil, que aglutina al sector.

En todo caso, la Junta tiene amarrado el respaldo de Ciudadanos en el Parlamento, así no se arriesga a que la Cámara legislativa tumbe la norma cuando ya lleva meses en vigor, cuando los niños se han matriculado y las guarderías han tenido que suscribirse al nuevo convenio con Educación.

Si el Parlamento obligase a la Junta a dar marcha atrás a este decreto ley, sería un mazazo para el sistema, porque obligaría a volver a modelo anterior y corregir la norma ya con el próximo curso escolar en marcha.

De ahí que el PSOE se haya asegurado el apoyo de Ciudadanos.La consejera de Educación ha reconocido que la nueva normativa no se ha negociado con el sector, “porque es un decreto del Gobierno”, por lo que simplemente “se ha informado” a los afectados.

El Ejecutivo andaluz asegura que cuenta con el apoyo de Codapa, la asociación que aglutina a los padres de alumnos de la escuela pública, “de algunas patronales”, como Escuelas Religiosas, y del gremio de guarderías privadas, unas 640 en Andalucía.

Estas últimas, en efecto, son las que pueden adherirse a la red de centros infantiles subvencionados, siempre que acepten el precio público de la plaza (209,16 euros para el servicio socieducativo y 69,72 por el comedor, en total 278,88 euros),) como tope máximo.

El decreto ley liberaliza el mercado de las guarderías, mantiene el mismo techo de gasto por cada plaza, pero fomenta la competitividad entre las empresas para que éstas abaraten el precio de un puesto escolar, en beneficio de las familias.

El sector criticaba esta medida, porque contribuía a “menoscabar la calidad del servicio”, pero finalmente la consejería ha establecido también un mínimo de 247,51 euros. Los centros podrán rebajar hasta un 15% la parte socioeducativa de la matrícula (de 209,16 euros a 177,79), quedando intacta la cuantía dedicada al comedor.

Las principales patronales, como ACES, Coordinadora de Escuelas Infantiles y Escuelas Infantiles Unidas, apoyadas por sindicatos como CCOO, FSIE o USO, denuncian que este sistema “echará a pelear a las grandes empresas privadas del sector con las pequeñas cooperativas, que ahora son mayoritarias”.

Las compañías como Eulen, que forman parte de conglomerados más fuertes, podrán ofrecer precios más competitivos y terminarán expulsando a las pymes, que no podrán hacer frente a un abaratamiento del precio de la plaza, advierten.

98.000 plazas en Andalucía

En Andalucía hay 1.610 escuelas infantiles que son 100% públicas o están conveniadas. El decreto ley abre la puerta al resto de guarderías no sujetas a convenio, unos 642 centros privados que, si se adhieren a la red de la Consejería de Educación, ampliarán la oferta de plazas conveniadas el curso que viene en 12.000 más. De las 98.000 plazas de 0 a 3 años se pasarían a 110.000 a partir de septiembre.

Hay 24 municipios andaluces donde sólo existen guarderías privadas y que el próximo curso ofertarán plazas bonificadas si se adhieren al acuerdo con la Junta. El plazo para entrar en la red de escuelas subvencionadas se abre este jueves 30 de marzo y finaliza el 7 de abril, de modo que en una semana las familias sabrán si podrán optar a una plaza bonificada o no.

La Junta ha planteado el decreto de guarderías como un debate entre el sector, las empresas que gestionan las guarderías, y las familias, y se ha inclinado abiertamente por las segundas. La patronal se queja de que el precio público de la plaza es muy bajo, lleva congelado desde 2009, y no cubre el gasto que supone para las escuelas.

Desde la Consejería de Educación asegura que pedían elevar el precio hasta 340 euros, algo que han descartado de plano. El decreto ley, dice la consejera, “permitirá aumentar el número de centros y plazas concertadas, así como el número de posibles beneficiarios de ayudas”.

Hasta ahora, el Gobierno andaluz bonificaba a las familias con menos recursos (en función de su renta per capita anual y de la edad del niño para casos de empate) para que pudieran costear un puesto en una escuela infantil. Las bonificaciones eran del 25%, del 50%, del 75% y del 100%, según el nivel de renta de los solicitantes (la gratuidad total de la plaza supone un ahorro máximo de 3.067,68 euros al año).

El nuevo decreto amplía a nueve los tramos, del 100%, 80%, 70%, 60%, así sucesivamente hasta el 10%.De la Calle asegura que así más familias accederán a más bonificaciones, aunque admite que muchas percibirán una menor cuantía. Sin embargo, esto ocurrirá a partir de rentas más altas, nunca afectará a familias con pocos ingresos que ya están siendo bonificadas al 100%, por ejemplo.

La consejería estima que 43.000 niños de 0 a 3 años tendrán acceso gratuito a guarderías el próximo curso (7.500 más que este año). La Junta introduce la concurrencia competitiva como procedimiento para la concesiones ayudas, pero no ha cambiado los criterios para baremar a los alumnos que las solicitan, siguen siendo los mismos desde 2009.

Por ejemplo, una familia con ingresos anuales inferiores a 14.910 euros al año (un sueldo mensual de 1.242 euros netos), la mitad del alumnado se beneficiaría del 100% de las ayudas.

Por encima de ese salario, una familia de cuatro miembros percibiría el 70% de esa bonificación. A partir de unos ingresos anuales de 42.000 euros (con salarios de 3.500 euros al mes), no se tendrá derecho a ninguna ayuda.

La consejería también ha corregido una parte del decreto a petición de la patronal, ya que el plazo para solicitar las ayudas también ha cambiado, y dejaba fuera a aquellos que se matriculasen con el curso empezado.

Ahora, las familias con niños que no tengan 16 semanas de vida en septiembre y que se escolaricen en fechas posteriores, podrán acceder a una convocatoria extraordinaria de ayudas en el inicio del curso escolar.

Educación otorgará las bonificaciones a las familias, que luego cederán su cobro a las guarderías y abonarán la diferencia con el precio fijado.

Andalucía es la comunidad que más plazas oferta del primer ciclo de Infantil, que no es obligatorio, ni universal ni gratuito. En este momento la oferta de plazas en guarderías cubre en torno al 40% de la población escolar de 0 a 3 años (260.000 niños aproximadamente).

La Junta invierte este año 175,4 millones de euros, un 3,7% más que en 2016. Las bonificaciones, sin embargo, están sujetas a la disponibilidad presupuestaria, y la consejería no aclara cuántas de esas 12.000 plazas que espera conveniar el próximo curso estarán bonificadas para las familias.