Este miércoles se reunía la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados y comparecía en ella la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, después de más de un año. La comparecencia ha sido movidita pero más allá de lo dicho por la ministra del ramo y de los rifirrafes parlamentarios que se han producido, el pacto de Toledo marcha, según las fuentes consultadas, aunque no será un gran pacto.

Fuentes del ministerio afirman que lo habrá aproximadamente en un año, antes de las autonómicas y que están habiendo conversaciones discretas. Cuentan que la ministra pretende incluir en el acuerdo algo que va más allá de lo dicho: que se puedan elegir los mejores veinticinco años de cotizaciones para calcular las pensiones -aunque en la comisión sólo ha hablado de poder hacerlo entre los últimos años de cotización o toda la vida laboral- y que no creen que nadie se pueda oponer a esta medida tan popular.

Además, una fuente cercana a la ministra afirma que el mosqueo público de los socialistas en esta comisión tiene más que ver con las formas que con el fondo, es decir, con que no se les comunicara oficialmente esta propuesta antes de hacerla pública en televisión. Recordemos que la ministra dio, recientemente, más que pistas en TVE.​

Por su lado, el grupo socialista niega parte de estas informaciones. Confirman que hay reuniones discretas pero afirman que nadie les informó de que la propuesta de la ministra fuera la que es. Fuentes socialistas cuentan que lo único que hubo fue una charla de café en la que había algún miembro de la comisión pero nada oficial ni por escrito. Añaden que la medida estrella de la ministra no está tan clara para ellos porque “es injusta para los que no se vayan a poder acoger a ella”. ¿Desde cuándo la aplicamos?, se preguntan. ¿A partir de mañana, sí y los que se jubilaron ayer, no? Y, otra cosa que preocupa a los socialistas es: y ¿eso cómo se va a pagar? ¿Aumentará el déficit de la pensiones? Los socialistas se declaran más a favor de volver a asociar la subida de los pensiones al IPC.

Otros grupos han confirmado las negociaciones discretas y están de acuerdo en que pacto va a haber aunque todavía no esté claro qué vaya a estar incluído en él. La ministra se ha puesto de perfil a la hora de hablar de las pensiones privadas, de las que dice que no son su prioridad pero afirma también que no tiene “nada en su contra”. Ha vuelto a hablar de la compatibilidad de las pensiones con el empleo, mostrándose a favor del “envejecimiento activo” y tampoco se ha mojado sobre el factor de sostenibilidad, que podría perjudicar a muchas pensiones, que se empezaría a aplicar a partir de 2019 y del que solo ha dado una pista:

Todos los consultados se muestran de acuerdo en que el pacto es probable que acabe presentando sus recomendaciones en el plazo previsto por el ministerio, un año, pero muchos dudan que eso se traduzca en un proyecto de ley que sea apoyado por todos los grupos. Parece más probable que se traduzca en acuerdos bilaterales.

A lo que nadie parece estar dispuesto a votar en contra es a la propuesta estrella de la ministra, ese nuevo cálculo de las pensiones mucho más amable. Hasta fuentes de Unidos Podemos, reconocen que aunque no votarían a favor de que el nuevo cálculo se hiciera sobre la base de toda la vida laboral, sí lo harían a favor de poder elegir los veinticinco años mejor cotizados para calcularla. De hecho, afirman que esa propuesta ellos la presentaron antes.

Por último, destacar que las fuentes del ministerio no se han atrevido a negar que esta medida se pretende aprobar antes de las elecciones generales y que sería un buen cartel electoral.