El juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha aprobado los planes de liquidación de las concesionarias Ciralsa y Aucosta en los términos fijados por la administración concursal y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente del Ministerio de Fomento.

El control de ambas sociedades, que gestionan respectivamente la circunvalación de Alicante (Ciralsa) y la AP-7 Cartagena-Vera (Aucosta), dos de las nueve autopistas de peaje en quiebra, pasará a Seittsa en la noche del 30 de marzo al 1 de abril, según los autos dictados por el juzgado.

A partir de ese momento, la gestión, conservación y explotación de las autopistas se transferirá a Seittsa, que asumirá la totalidad de los trabajadores y de los directivos, y gran parte de los contratos civiles y mercantiles vigentes.

El juzgado ha decidido remitir todas las cuestiones relativas a la determinación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado (RPA), tanto el modo de computarla como su cuantificación, al preceptivo expediente administrativo, que podrá ser revisado posteriormente por la vía contencioso-administrativa. Cuando se determinen los importes de la RPA por sentencia firme y el Estado los haga efectivos, se reabrirá el concurso para el pago a los acreedores concursales privilegiados y los ordinarios.

Aucosta, la actual sociedad concesionaria de la autopista Cartagena-Vera, está participada por Globalvía, Ploder y varias de las extintas cajas de ahorros. De su lado, Ciralsa, concesionaria de la circunvalación de Alicante, es una sociedad de ACS, Abertis y también Globalvía. La deuda que soportan estas dos vías, 510 y 251 millones de euros, respectivamente, está, al igual que resto del pasivo de las otras siete autopistas quebradas en su mayor parte en manos de fondos buitre.

Ciralsa entró en concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) en junio de 2013 y el juzgado acordó la apertura de la fase de liquidación en junio del año pasado. Aucosta se declaró en concurso de acreedores en enero de 2013 y en abril de 2017 se acordó la apertura de la fase de liquidación.

Fomento prevé iniciar el rescate de las nueve vías de pago quebradas y en liquidación el próximo mes de febrero con la asunción de la primera de ellas, la radial R-4 Madrid-Ocaña, cuyo plan de liquidación está aprobado desde octubre de 2017. Esta vía empezará a ser gestionada por Seittsa a finales del próximo mes.

Aún no se han aprobado los planes de liquidación de la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), y la AP-36 (Ocaña-La Roda). El Ministerio de Íñigo de la Serna espera tomar a el control de estas vías a comienzos de marzo.

La AP-41 (Madrid-Toledo) está todavía en la fase de concurso de acreedores.

Para rebajar la factura de la RPA el Gobierno prevé volver a licitar las autopistas en dos paquetes, operación con la que espera captar entre 700 y 1.000 millones de euros. El objetivo es cerrar todo el proceso este mismo año para mitigar su impacto en el déficit público.