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Fomento "no ve nada fácil" el acuerdo con los acreedores para el rescate de las ocho autopistas quebradas

El ministro De la Serna dice que gran parte de los 3.400 millones de deuda que arrastran está en manos de los fondos buitre

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante su participación en un desayuno informativo celebrado en Madrid. EFE/Kiko Huesca

EUROPA PRESS

MADRID.- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no ve "nada fácil" lograr un acuerdo con los actuales acreedores de las ocho autopistas de peaje quebradas y en riesgo de liquidación, con los que ya ha "iniciado contactos". "No es nada fácil la posibilidad de lograr un acuerdo", indicó ante la "dispersión" que presenta la titularidad de los 3.400 millones de euros de deuda que soportan las vías, en gran parte en manos de los fondos buitres a los que los originarios bancos acreedores han ido vendido el pasivo.

A pesar de ello, De la Serna ya ha comenzado a negociar con estos acreedores, con los que ha mantenido los "primeros contactos", según reveló durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press.

El titular de Fomento pretende lograr un acuerdo con los titulares de la deuda de las autopistas con el fin de "minimizar" el impacto del 'rescate' de las ocho autopistas para las arcas públicas.

De la Serna reiteró que su Departamento se tendrá que quedar con estas ocho infraestructuras, "no por decisión política", sino por el hecho de que están abocadas a la liquidación como consecuencia del proceso judicial de concurso de acreedores en que están inmersas desde hace años.

"Los contratos de concesión establecen que, ante una liquidación, la autopista debe pasar a su titular, que es el Estado", explicó el ministro. "Y ante esta situación, el objetivo del Estado será garantizar que las vías sigan en servicio y minimizar el impacto de su reversión", indicó.

Todavía no puede determinar el impacto para las arcas públicas

El titular de Fomento se refirió así a la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) que el Estado tendrá que abonar a los actuales concesionarios de las autopistas una vez las asuma, con el fin de compensarles por la inversión que en su día realizaron para construirlas.

El importe, que el sector estima en unos 5.000 millones de euros y el Ministerio insiste en que será una cifra muy inferior, acabará dirimiéndose en los tribunales y aún llevará un tiempo considerable.

Según detalló recientemente De la Serna en su primera comparecencia en el Congreso, la RPA no se activa hasta que no se rescinde el contrato de concesión, algo que a su vez tiene lugar unos seis meses después de que el juez apruebe el plan de liquidación que la administración concursal debe diseñar tras declararse liquida la sociedad.

Las ocho vías quebradas y que Fomento acabará asumiendo son las cuatro radiales de Madrid, la AP-36 Ocaña-La Roda, la Madrid-Toledo, la que conecta Madrid y el aeropuerto de Barajas y la Cartagena-Vera. El Ministerio tiene mandado judicial de hacerse con dos radiales (R-3 y R-5) antes del mes de julio, y recientemente otro juez dicto la liquidación firme de la AP-36.

Los sobrecostes que registraron por la expropiación de los terrenos en los que se construyeron y el desplome de tráfico que sufrieron durante la crisis constituyen las principales causas de la actual situación de estas vías, que suponen alrededor del 20% de la red de autopistas de pago.

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