El 93,3% de los accionistas de Ferrovial que han ejercido su voto en la junta de accionistas de la compañía ha votado este jueves a favor de la propuesta para trasladar su sede social a Países Bajos. 

La junta de accionistas de Ferrovial ha dado el visto bueno con un quórum del 77,6% a llevar a cabo "la fusión transfronteriza intracomunitaria" entre la empresa y su filial holandesa, Ferrovial International SE. Por lo tanto, esto avala el traslado de la compañía a Países Bajos. El presidente de la constructora, Rafael del Pino, ha justificado que "la fusión forma parte del desarrollo natural" de Ferrovial para aumentar "la capacidad de competir" e incrementar "su desarrollo internacional".

Los accionistas han respaldado esta decisión en un encuentro decisivo en el que han tenido que debatir sobre 13 puntos que marcaban el orden del día. El más importante era el número diez, el relativo al traslado y dividido en varios apartados. Los accionistas han aprobado este punto. De esta forma, más del 50% de los miembros ha avalado esta decisión, que ha enfrentado a la firma y el Gobierno. 

Frente al 93,3% que ha votado favorablemente, hay un 5,79% de votos en contra y un 0,9% de abstenciones. Sin embargo, al ser el quórum del 77,6%, los porcentajes sobre el capital total de la compañía serían menores.

Así, teniendo en cuenta el 100% del capital y eliminando las abstenciones y el 4,1% de Leopoldo del Pino, que habría votado negativamente, solo un 0,29% de todo el capital de la empresa (incluyendo a los accionistas que no han votado) se habría opuesto a la operación, según informaron fuentes próximas a la empresa.

Previsiblemente, el hermano del presidente no ejercerá su derecho de separación, es decir, la venta de sus acciones a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado, ya que supondría la salida del accionariado de la empresa que fundó su padre.

Por ello, incluso aunque el 0,29% del resto de accionistas que ha votado en contra ejerciese ese derecho de separación, no alcanzaría el 2,56% que la empresa ha puesto como límite para que la operación quedase bloqueada. Además, los accionistas que no han ejercido su voto no tienen la posibilidad de ejercer el derecho de separación.

Desde la dirección de la compañía han alegado que la motivación tras esta decisión es económica porque está preocupada por internacionalizar la empresa y poder cotizar en la bolsa de Ámsterdam primero y en la de Nueva York después. De hecho, Del Pino ha incidido durante el encuentro en esta idea y ha destacado la importancia que tiene para el grupo las inversiones que ha acometido y acometerá en EEUU. No obstante, el Ejecutivo español ha reprochado que el grupo puede mantener su sede en España y, a la vez, cotizar en Estados Unidos.

Confrontación entre el Gobierno y la dirección

El Gobierno ha trasladado su respeto a la postura de la junta. El Ministerio de Asuntos Económicos ha señalado que seguirá trabajando "de manera constructiva con todas las empresas españolas para defender sus intereses e impulsar su expansión y crecimiento". 

Aun así, la ministra del ramo, Nadia Calviño, ha indicado que, "como ha quedado claro, por los análisis del supervisor del mercado de valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME), las empresas cotizadas en España pueden cotizar en la bolsa norteamericana si así lo solicitan, ya que no existen obstáculos legales, normativos o de operativa que lo impidan". 

En la misma línea, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado que no hay razones económicas para esta elección por el "buen rumbo" de la economía española y ha criticado que el único fundamento de la compañía sea realmente pagar menos impuestos. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha tachado de "extraña" la decisión dado que España es el país de la Unión Europea que presenta mejores perspectivas económicas.

Del Pino ha vuelto a defender en la junta que la decisión no está basada en cuestiones fiscales, asegurando que la firma pagará una cuantía en impuestos similar a la que realiza actualmente en España. Algo que contrasta con uno de los últimos informes del banco Sabadell, que recoge que la empresa se ahorrará 40 millones de euros anuales en impuestos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha limitado a decir que el Gobierno se dedica a "señalar" y que, por esta razón, no ha evitado la salida de Ferrovial. Sin embargo, no ha confirmado si ha hablado con Del Pino, presidente de la compañía, ni tampoco se ha pronunciado sobre la decisión concreta de la mayoría de accionistas. Por su parte, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha pedido al ala socialista ser más contundente con la compañía y legislar para que devuelva "hasta el último euro de dinero público que recibió de los españoles y las españolas en los momentos más difíciles".