Iberdrola y Naturgy, las dos empresas eléctricas que vaciaron cuatro embalses gallegos este verano para generar electricidad y aprovecharse así de la colosal subida del precio de la luz en los últimos meses, no van a pagar más de 50.000 euros de multa cada una ya que la Xunta de Alberto Núñez Feijóo modificó hace unos meses la legislación en la materia para reducir en más de un 90% la cuantía de esas sanciones.

Ante la indignación social provocada por el vaciado de los embalses de Belesar (Lugo), Salas, As Portas y Cenza (Ourense), el presidente del Gobierno autonómico aparentó firmeza la semana pasada cuando aseguró en un comunicado que las dos eléctricas recibirían "las sanciones máximas" por esa acción. "Por mucho ruido que se haga no retiraremos el expediente", afirmó entonces con supuesta indignación.

Lo que Feijóo no dijo es que esas multas máximas han pasado de los 300.000 euros que contemplaba la norma precedente a los 25.000 euros que estipula la ley que su propio Gobierno impulsó y que entró en vigor este mismo año. Como mucho, con cargo a la nueva legislación, Naturgy e Iberdrola pagarán 50.000 euros cada una, frente a los 600.000 que les habría costado a cada una hace ocho meses vaciar los embalses. Es decir, más de un 90% menos.

El Reglamento de Pesca Fluvial de Galicia, del año 1997, consideraba infracciones muy graves y sancionaba con entre cinco y cincuenta millones de pesetas -entre 30.005 y 300.506 euros- las acciones que tuvieran como efecto "agotar o disminuir notablemente el volumen de agua de los pantanos o el caudal circulante por el lecho de los ríos sin autorización", así como "el incumplimiento de las condiciones que para esos efectos se fijasen, cuando de éste se deriven daños a la riqueza piscícola".

En diciembre del año pasado, tres meses después de que Feijóo fuera investido presidente de Galicia por cuarta legislatura consecutiva, el Parlamento de Galicia aprobó la Ley de Pesca Continental, que el Diario Oficial de Galicia publicó el 8 de enero de este año -un viernes- y que entró en vigor veinte días después.

El nuevo texto sanciona las acciones de las empresas concesionarias de empresas hidroeléctricas que tengan como consecuencia "alterar de forma apreciable el nivel de las aguas o del caudal del río". Pero ya no considera que el vaciado de los embalses sea una infracción muy grave, sino sólo grave y castigable con multas de entre 3.001 y 25.000 euros.

Naturgy explota la estación hidroeléctrica de Belesar -la segunda con mayor potencia instalada de Galicia- y la de de Salas. El pasado 20 de agosto, según la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, esos embalses se encontraban al 31% y al 27% de su capacidad, respectivamente, cuando la media de los años precedentes era del 63% y del 52% en el 2020 y del 72% y el 47% en el 2019.

La compañía, que absorbió a la antigua Unión Fenosa, tiene negocios con el Gobierno autonómico, ya que posee el 49% de la Sociedad Galega de Medio Ambiente (Sogama), que gestiona el transporte, reciclaje e incineración de las basuras de Galicia y de la que la Xunta mantiene el 51%. A través de Sogama, Naturgy también participa en el capital de la empresa mixta creada por Feijóo para dar entrada a la iniciativa privada en la administración de los 20.000 millones de euros que Galicia espera recibir en los próximos años de los fondos de recuperación de la UE.

En cuanto a Iberdrola, con la que la Xunta también colabora en diversos proyectos energéticos mercantiles mediante empresas instrumentales y sociedades anónimas como Sotavento y Sistemas Energéticos Chandrexa, explota las estaciones de As Portas y Cenza, que según la Confederación estaban el 20 de agosto al 15% y al 14% de su capacidad frente al 80% y el 62% del 2020 y el 55% y el 92% del 2019.

El vaciado de embalses en Galicia se ha convertido en una cuestión política desde que Feijóo responsabilizara por omisión a la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, dependiente del Gobierno central y que preside José Antonio Quiroga, a su vez secretario de Organización del PSOE en Galicia y quien alega, como ha sucedido en el resto de España, que las confederaciones no tienen competencias para evitar que las eléctricas desagüen los embalses si lo hacen de acuerdo con las normas de explotación acordadas.

Feijóo alega que la Xunta no podía haber hecho nada para evitar que Naturgy e Iberdrola redujeran el nivel de los pantanos para aprovechar la subida del precio de la electricidad, y que ni siquiera lo sabía porque la Confederación no informó al Gobierno gallego. Pero lo cierto es que fueron las propias empresas las que advirtieron por escrito a la Xunta de sus intenciones en junio y en julio, aludiendo expresamente a la Ley de Pesca Continental de Galicia que había entrado en vigor unos meses antes y que rebajaba un 90% las sanciones que recibirían por hacerlo.

Es decir, que Feijóo solo se indignó meses después de que su Gobierno supiera que los embalses iban a ser desaguados. Y que tardó semanas en abrirles un expediente que, por muy duro que pretenda ser el presidente, apenas servirá para que no reincidan en esas actuaciones si se comparan las ganancias que obtienen con los 25.000 euros de multa máxima que les podría poner la Xunta por cada pantano vaciado. Iberdrola obtuvo 1.531 millones de euros de beneficio neto en el primer semestre de este año, y Naturgy, 383 millones en el mismo período.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado que su formación pedirá una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia y ha advertido de que la Xunta podría haber incurrido "en un supuesto de prevaricación" si no hizo nada pese a conocer las intenciones de Naturgy e Iberdrola. El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, por su parte, acusó a Feijóo de mentir a los gallegos.