En pleno proceso de reconstrucción económica, impulsado por las ayudas comunitarias vehiculadas a través del Fondo Next Generation, las administraciones han efectuado sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para este año y el próximo, dando por supuesto un incremento del consumo privado y una mayor recaudación fiscal fruto de la reactivación de la actividad empresarial. A partir de estas premisas, el gobierno estatal estima que el PIB del conjunto del Estado crezca un 6,5% en 2021 y escale hasta el 7% el próximo año. Estos números ya han sido matizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que los ha rebajado al 5,7% para el 2021 y un 6,4% para el 2022. Aunque el FMI cree que el repunte económico permitirá reducir el paro, este seguirá siendo el más alto de la Unión Europea (UE). En el caso de Catalunya, el Govern de la Generalitat ha revisado al alza recientemente sus previsiones, concretando el aumento del PIB en el 6,4% tanto para este año como para el 2022. 

En un escenario de supuestas buenas cifras, algunos actores del mundo económico alzan la voz ante un "exceso de optimismo, que no tiene en cuenta el encarecimiento del coste de la energía y la posibilidad de que la inflación se mantenga alta durante un tiempo prolongado". Es el mensaje que ofrece María Dolores Torregrosa, economista y abogada, especialista en derecho tributario de la Universidad de Barcelona (UB). En una línea similar, la investigadora y responsable de gestión de proyectos del Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Nicola Scherer, recuerda que "ahora, un incremento del PIB desmedido resulta crítico, ya que estamos entrando en un período de recesión, y además suena contradictorio adaptarse a los retos de la emergencia climática pensando que no nos costará dinero y que la acción no tendrá un impacto en las cuentas de los estados". 

Teniendo en cuenta el contexto de pandemia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pide a los estados que garanticen todos los recursos necesarios para desplegar la vacuna y que eviten una retirada abrupta de los estímulos a la economía". En relación con las tensiones inflacionistas, la OCDE augura riesgos al alza para la recuperación progresiva de la normalidad después de las restricciones por la pandemia "si la demanda es mayor a la prevista y si persisten los problemas de suministro, como ocurre con los semiconductores o algunas materias primas".

Transparencia de los fondos europeos

María Dolores Torregrosa vaticina que se producirá un aumento del consumo de los ciudadanos, pero duda de que este sea tan elevado para hacer buenas las previsiones económicas que auguran crecimientos del PIB en la economía catalana y española por encima del 5% anual. Además, precisa que "sin una mejora del empleo no se producirá la recuperación del consumo". La profesora de la Universitat de Barcelona (UB) alerta que el encarecimiento energético revertirá en un sobrecoste en la producción que acabarán pagando los consumidores, que notarán una subida de los precios. 

Para Torregrosa, otra de las herramientas que utilizarán los gobiernos para tratar de cuadrar las cuentas es la subida de los impuestos. "En Catalunya ya se han subido los de Sucesiones y Patrimonio, ya que aunque no se han incrementado directamente, se han bajado los importes mínimos bonificables y los exentos de declarar". La experta ha detectado recientemente un aumento de los controles de Hacienda a los autónomos y empresas con el objetivo de recaudar más. Torregrosa critica lo que llama "optimismo de fondo de la UE", ya que asegura que existen demasiadas carencias en los sistemas de supervisión de control y transparencia sobre el destino de los fondos europeos Next Generation, que "no se saben dónde irán a parar". 

Más allá de las previsiones macroeconómicas, la economista ve un riesgo evidente de que este invierno se multipliquen los episodios de pobreza energética. "Los precios de la electricidad están disparados y tendremos un problema social grave por resolver". De hecho, aprecia que la inflación alta es el resultado de una mejora de la actividad después de casi dos años de parón económico, pero advierte de "las incógnitas que suponen las fórmulas encubiertas para bajar los salarios, como la jornada laboral de cuatro días semanales rebajando los sueldos".

Transición energética sin crecimiento

"Existe una visión optimista, basada en potenciar y enfatizar el desarrollo de las tecnologías limpias para abordar la transición energética creyendo que se puede hacer creciendo ilimitadamente. Es un planteamiento del todo irreal". Este diagnóstico de Nicola Scherer se sustenta en el último estudio de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), que presagia una situación crítica en el abastecimiento de una serie de minerales, como el litio, el cobalto y el níquel, imprescindibles para alcanzar la descarbonización económica. En concreto, Scherer alude a previsiones de un aumento del 4.000% en la extracción del litio, básico para fabricar las baterías de los coches eléctricos. 

Scherer ve un panorama a corto plazo marcado por la escasez de materias primas, que provocará un aumento de la demanda y de los precios. Respecto a la cadena de suministro y la logística, dibuja un escenario en el que China seguirá acaparando el control de los minerales, su transformación y la distribución de éstos. "Vamos camino del agotamiento de los minerales no renovables". Para paliar en parte esta tendencia, aboga por que la UE apueste por la economía circular para no depender del mercado chino ni del sudeste asiático. "De momento, hemos comprobado que los Fondos Next Generation destinan poco dinero a este ámbito". 

Precisamente sobre el capítulo de los usos de los fondos comunitarios para planificar nuevos proyectos, el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) acaba de presentar el informe 'La infraestructura sostenible como un bien público a recuperar', en el que reivindica repensar la promoción de la financiación privada para las infraestructuras, de acuerdo con el interés público. Por ello, el texto defiende que las infraestructuras sostenibles y sus mecanismos de financiación deben basarse en los derechos humanos, la transición socioeconómica justa, estándares altos de transparencia y gobernanza democrática y contribuir a un enfoque intergeneracional de la adaptación climática.