Mientras Grecia se prepara para recortar al máximo la protección de la primera residencia tras una nueva concesión del gobierno a las exigencias del Eurogrupo, y el precio de los alquileres aumenta de forma imparable como consecuencia del auge del Airbnb y las “Golden visa”, un frente internacional de lucha por el derecho a la vivienda también intenta fraguarse en Atenas. Este fin de semana la Federación Nacional para la Protección de Prestatarios de Grecia ha organizado en la capital helena un encuentro entre diversas asociaciones vinculadas con la vivienda, partidos políticos y, como invitados especiales, otros dos organismos homólogos del sur de Europa: la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) de España y SYPRODAT (Asociación de Protección de Prestatarios Bancarios) de Chipre.

En un momento muy oportuno ya que acaba de votarse en el Parlamento griego una nueva ley “para la protección de la primera residencia” estas jornadas recogieron la indignación de oposición, juristas y prestatarios que coinciden en tachar la nueva norma precisamente de lo contrario: de “desprotección”. En torno a este tema y al análisis comparativo entre la realidad de tres países fuertemente golpeados por el estallido de la burbuja inmobiliaria giraron estos dos días de intenso debate y búsqueda de nuevas redes de acción.

“La situación en Grecia es trágica, pasamos del lema de Syriza ‘ninguna casa en manos de los bancos´ al de ´ninguna casa en manos de sus dueños´”, exclamaba Evangelos Kritikós, presidente de la Federación Nacional para la Protección de Prestatarios de Grecia, en su primera intervención durante las jornadas. Quien fuera asesor de Alexis Tsipras antes de que este suba al poder en 2015, ahora es uno de sus más feroces detractores y el artífice del frente de lucha que este fin de semana ha buscado dar un paso más. Según Kritikós, el gobierno de Syriza traicionó desde el primer momento sus planes originales, dedicándose solo a cumplir las exigencias de los acreedores internacionales. Entre ellas, la reforma de la llamada “Ley Katseli” -una norma puesta en vigor al inicio de la crisis para la protección de la primera residencia ante el incumplimiento del pago de hipotecas- que la Troika de la UE, el Banco Central Europeo y el Mecanismo de Estabilidad Europeo pusieron en primera línea de sus demandas. El ultimátum, de hecho, fue la semana pasada cuando la concesión de los 975 millones de euros comprometidos tras la finalización del tercer rescate se supeditó a la finalización de dicha ley.
“Los criterios para la protección de las primeras residencias se estrechan a tal punto que el 80% de personas que lo soliciten se quedarán fuera”, afirmó el presidente de la Federación Nacional para la Protección de Prestatarios. El monto máximo de deuda que se cubrirá a partir de ahora es de 130 mil euros con intereses incluidos, cuando un piso de 80 m² en 2006 (punto álgido de la burbuja inmobiliaria) costaba alrededor de 150 mil euros, esto sumado a la criba que ahora significará el alto costo de la multa por impago y el costeo de abogados en procesos mucho más dificultosos que antes.

Evangelos Kritikós, presidente de la Federación Nacional para la Protección de Prestatarios de Grecia, en su primera intervención durante las jornadas sobre vivienda, en Atenas. F.R.

En declaraciones a los medios, Euclides Tsakalotos, ministro de Finanzas, insistió en que el cese de la ley para la protección de la primera vivienda refleja “la vuelta a la normalidad” del país tras la salida del memorándum firmado con la Troika, en agosto del año pasado. Sin embargo, Evangelos Kritikós denunciaba durante su intervención que, aunque la tasa oficial de paro es del 19 %, esta cifra no incluye las 55 mil personas que emigraron en busca de trabajo ni los 30 mil autónomos que no pueden cerrar sus actividades por las deudas, lo cual daría como resultado un 37% de desempleo que sitúa a Grecia muy lejos de la “normalidad” anunciada a bombo y platillo por el gobierno.

“Ahora una nueva plataforma electrónica controlada por la Banca es quien decidirá si una casa va o no a subasta”, explicaba Kritikós, quien en su día desarrolló junto a su equipo de abogados y economistas un método de “activismo científico” para sortear la otra plataforma digital de subastas que Tsipras lanzó a pedido de la Troika para evitar protestas en las puertas de los juzgados. “Todavía no sabemos cómo funcionará el sistema, así que tendremos que estudiarlo para ver cómo seguimos”, asume Panagiotis, miembro de la Federación, pero seguro tendremos mucho trabajo porque hasta finales del 2019 habrá 23 mil subastas y el compromiso del gobierno con los acreedores es llegar a las 150 mil en los próximos 3 años. La labor que esta veintena de profesionales desempeña para paralizar la pérdida de las viviendas en manos de la banca se basa en una rigurosa investigación de los orígenes del dinero prestado y de la gestión de la hipoteca a lo largo del tiempo por parte de la entidad financiera, con el objetivo de forzar a los demandantes a replantearse el echar al demandado.

“El pueblo griego ha financiado a los bancos con 233 mil millones los últimos 10 años y ahora no tenemos ni el dinero ni un solo banco sano, porque van a cerrar sucursales, reducir al 30 % su plantilla y el 45 % de sus carteras lo constituyen préstamos impagos. Con este dinero, en cambio, se podrían haber creado seis bancos nuevos para proteger los depósitos de los ciudadanos y financiar a las pequeñas empresas, que hemos perdido ya unas 350 mil. Se tiró el dinero de este país para salvar a los bancos”, concluyó el presidente de la Federación de Protección a los Prestatarios, convencido de que la única manera de salir adelante es a través de la unión entre los pueblos que han sufrido el mismo expolio.
Desde Madrid, Antonia Vázquez, viajó a Atenas en representación de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), en medio de una “gira” por diversos países europeos (también Austria, Bélgica y Portugal) recabando apoyos y consolidando redes de lucha. Vázquez compartió con su homólogo griego la necesidad de recapitular las causas que llevaron a la actual crisis económica y habitacional, muy semejantes en España y el País Heleno. “Cerca de 100 mil millones de euros (10% del PIB de España) se han destinado a rescatar a los bancos fallidos. Este dinero de los contribuyentes españoles fue dedicado a una industria bancaria que en 2016 declaró ganancias superiores a los 10 mil millones de euros y, aun así, 60 mil millones de euros usados para rescatar a la banca nunca serán devueltos. Además, no se ha pedido ninguna reinversión social de estos actores como un castigo por los excesos y las malas prácticas que causaron la burbuja inmobiliaria y que desde 2007 dejó a más de medio millón de familias sin hogar y con una deuda de por vida”, remarcó Vázquez durante las jornadas.

Vista de los asistentes a las jornadas sobre vivienda, en Atenas. F.R.

A diferencia de Grecia, donde la lucha se centra en la paralización de los procesos de subastas porque todavía no se ha llegado a la fase de desalojos, en España desde 2008 más de 721 mil familias tuvieron que enfrentarse a un proceso de ejecución hipotecaria, llegando a producirse más de 550 mil desahucios. La clave para entender el estado de emergencia en el que aún se encuentra el país está en considerar que la dación en pago no es obligatoria y, por lo tanto, nunca está presente en los contratos hipotecarios, según advierte Vázquez. “Dado que los precios de la vivienda cayeron drásticamente, no es suficiente dar la casa propia para liquidar la deuda hipotecaria con el banco. Las familias desahuciadas no solo se ven a sí mismas en la calle y sin trabajo, sino que también deben enfrentar el hecho de que todavía deben al banco decenas de miles de euros y que sus deudas siguen creciendo debido a los intereses de demora, una deuda de por vida”, explicaba la portavoz de la PAH ante un auditorio que la escuchaba pasmado.

Además de su acción directa en la calle, por la cual la plataforma ha presionando a las instituciones bancarias y a las administraciones para encontrar una solución al problema de la vivienda, y la ocupación de bloques vacíos donde han realojado a más de 3.500 familias, en Grecia suscitó mucho interés el trabajo de la PAH a nivel legal. Por ejemplo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la organización impulsó en 2013- y que luego el PP y Ciudadanos vetaron en el Congreso- para detener todos los desahucios, cancelar los préstamos tras la recuperación de la vivienda y un aumento de las viviendas sociales; o su última propuesta, la Ley de Vivienda de PAH, un nuevo camino para intentar cambiar el marco legal de España respecto al hogar. “Nuestro gobierno nunca ha tratado la vivienda como un bien de primera necesidad. De hecho, en el apogeo de nuestra crisis de vivienda, cuando cientos de familias estaban siendo desahuciadas, nuestros gobiernos locales vendieron miles de viviendas públicas a fondos buitres. Actualmente, España tiene solo 1,5% de su parque de viviendas asignado a viviendas sociales y públicas, mientras que en los países europeos cercanos a nosotros está alrededor del 20%”, denunciaba Vázquez en Atenas, tras su paso por Viena donde formularon una ILP a nivel europeo para exigir alquileres asequibles y el aumento del parque público de vivienda.

En Chipre, la línea de trabajo de SYPRODAT (Asociación de Protección de Prestatarios Bancarios) es similar a la de la PAH en cuanto a su accionar en el ámbito legal y su propósito es, principalmente, el de forjar una alianza contra los grandes bancos. “Ellos en nuestro país se comportan como dictadores y en julio del 2018 incluso se aprobó una ley para darles más poder y eximirlos del proceso legal al exigir una subasta”, alertaba Kostas Melas, presidente de la organización que desde 2011 procura empoderar a los prestatarios frente a los abusos de las entidades financieras. Pero Melas llevó también al encuentro de Atenas una buena noticia: el pasado jueves, por primera vez en la historia de Chipre, una nueva ley contra las cláusulas abusivas de los bancos fue aprobada en el parlamento chipriota- con el voto de todos los partidos- gracias, en buena medida, a la presión ejercida por SYPRODAT y la ciudadanía consciente de sus derechos.