España ha perdido un intento de reclamar inmunidad ante un tribunal de Londres en un caso de 120 millones de euros por recortes en los incentivos a las energías renovables.

Dos inversores, Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar, llevaron a España a un arbitraje en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía hace casi 10 años por retirar las subvenciones a las energías renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial les concedió 101 millones de euros en 2018 y el laudo se registró posteriormente en el Tribunal Superior de Londres.

España intentó anular el laudo alegando que tenía inmunidad soberana, pero el alto tribunal desestimó la solicitud de España en una sentencia escrita publicada el miércoles.

En una sentencia detallada de 56 páginas, el juez Peter Fraser desestimó todos los motivos de anulación de España y confirmó la orden de registro dictada por otro tribunal en junio de 2021, que ordena a España pagar a los demandantes aproximadamente 120 millones de euros por incumplimientos del Tratado de la Carta de la Energía, señaló en un comunicado el despacho de abogados Kobre & Kim, encargado de la defensa de los fondos.

Nick Cherryman, abogado que representó a los dos inversores, saludó la "decisión histórica". "A la luz de esta sentencia, nuestros clientes esperan que España ahora finalmente cumpla con la deuda de la sentencia contraída con nuestros clientes", añadió.

El pasado mes de abril, los mismos fondos ya consiguieron que el Tribunal Supremo de Australia desestimara por unanimidad el recurso de casación presentado por el Gobierno de España para evitar el pago del laudo del Ciadi.

Laudos adversos

A día de hoy, España no ha hecho todavía frente a ninguno de los laudos que ha recibido adversos, en torno a la veintena. De hecho, en 2020 recibió la renuncia a pleitear de los fondos The PV Investors, RREEF y Stadwerke, solicitando acogerse a la solución propuesta a finales de 2019 para garantizarles una rentabilidad a su inversión a cambio de descartar los procedimientos arbitrales.

En noviembre de 2019, el Gobierno aprobó un decreto ley para fijar un marco retributivo estable en las instalaciones afectadas por el hachazo a las renovables en legislaturas anteriores y tratar así de poner fin a los litigios abiertos.

Con ello, ofreció a los titulares que habían presentado demandas la posibilidad de que la rentabilidad razonable para sus instalaciones se mantuviera en el 7,398% hasta 2031.