"Falta mano de obra en el campo y también en los almacenes, donde además el trabajo es mayor que otros años por el bajo calibre de la fruta por la sequía. Es difícil poder montar un equipo estable, porque la gente del este empieza a no venir", explica Óscar Moret, agricultor del Bajo Cinca oscense y responsable de Fruta de la organización agraria Uaga.

Coincide en la observación con Vicente Jiménez, secretario confederal de Transiciones Estratégicas y Desarrollo Territorial de CCOO, quien anota que "ahora son ciudadanos de la UE, vienen por su cuenta y riesgo y se tienen que pagar el alojamiento", con lo que el campo español ha perdido el grueso del atractivo económico que podía suponerles a la hora de desplazarse para trabajar en las campañas agrícolas.

"Les coge más cerca Holanda o Alemania, y además en Europa central hay convenios para facilitar la movilidad de trabajadores entre varios países limítrofes", añade Jiménez.

A esos aspectos de tipo económico se les suma otro: la escasez de vivienda disponible, que se está convirtiendo en un factor desincentivante para los desplazamientos de mano de obra tanto dentro del país como desde otros Estados, con situaciones extremas en los nómadas que se desplazan en caravanas de campaña a campaña, especialmente en áreas turísticas donde la expansión del alquiler vacacional ha disparado los arriendos residenciales.

"Sigue faltando alojamiento para los picos de producción y de demanda y eso es un problema", anota Moret.

Los salarios de Europa del este superan el SMI español

Los salarios del campo, por otro lado, han dejado de ser competitivos frente a los sueldos medios de algunos países del este, que en los últimos años han experimentado claras mejorías.

Y ese hándicap a la hora de atraer mano de obra extranjera comienza a extenderse a otras ocupaciones en un país en el que el salario más frecuente no llega a 19.000 euros brutos anuales, con un sesgo a la baja para eventuales y para mujeres.

Así, los distintos convenios del campo fijan entre los 50 y los 70 euros diarios el salario de los obreros del campo, lo que sitúa la nómina mensual en el entorno de los 1.080 que marca el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y algo más de 1.500, brutos en todos los casos y extras al margen.

En los últimos cuatro años, desde las vísperas de la pandemia, los salarios medios de dos de los países del este desde los que más trabajadores de temporada se desplazaban hasta España, los de Rumanía y Polonia, han pasado de los 11.461 a los 14.181 euros y de los 13.632 a los 15.566, lo que los sitúa cerca y por encima, respectivamente, de los 15.120 del SMI español.

Una evolución similar a la de los vendimiadores españoles

Lo mismo ha ocurrido en Hungría, en la República Checa y en Eslovaquia, donde alcanzan los 16.172, los 19.245 y los 15.538, respectivamente, aunque no en otros como Bulgaria, donde se mantiene en 10.840, el más alejado del SMI español.

Esa mejora de los salarios se ha dado en paralelo a otra del nivel de vida en sus países de origen, con lo que venir a trabajar a España durante unos meses por sueldos de ese nivel, de los que hay que descontar el desplazamiento y a menudo el alojamiento, deja de salirles a cuenta: ni ganan aquí mucho más que allí ni esa bolsa da a la vuelta para tanto como hace unos años.

La evolución no deja de ser similar a la que se dio con los temporeros españoles en la vendimia de Francia, a la que siguen yendo unos 15.000, dos tercios de ellos de Córdoba y Jaén, tras haber superado los 90.000 a principios de los años 70.

La hora base se paga allí a doce euros brutos, casi un 50% más que en el campo español, con alojamiento y desplazamiento a cargo del agricultor, y las peonadas cotizan a la Seguridad Social española y computan para el desempleo agrario del PER (Plan de Empleo Rural).

Reemplazar a 4,2 millones de trabajadores en diez años

El cambio de escenario en España coincide en el tiempo con una etapa en la que su sistema productivo afronta, ante el declive demográfico del país, el reto de atraer mano de obra extranjera, tanto cualificada como por cualificar y con independencia de su origen, para mantenerse a flote y, con él, a su Estado de bienestar.

"La migración hay que gestionarla, y eso no se puede improvisar. Los migrantes vendrán en la medida en la que se puedan emplear y en la medida en que la sociedad española les pueda ofrecer condiciones mejores que otras sociedades", advertía recientemente Elisa Chuliá, profesora de Sociología de la Uned y directora del área de Estudios Sociales de Funcas.

El desafío es de calado, vista la dependencia que la economía española tiene de la mano de obra de origen extranjero: aporta, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la cuarta parte de las plantillas de la agricultura (24,8%) y de la construcción (26,6%) y más de la sexta (17,2%) en el sector servicios.

Al mismo tiempo, alcanzan presencias superiores a su peso proporcional (13%, 2,71 millones de ocupados) en las ocupaciones elementales (29,1%), entre los trabajadores cualificados de la industria y la construcción (18,1%).

Lo mismo ocurre en la hostelería, los servicios personales y el comercio (16,8%) y tienen también una presencia nutrida entre los operadores de maquinaria e instaladores (13,1%) y entre los empleados con cualificación del sector privado (9,9%).

En este sentido, resulta ilustrativo de la magnitud del reto el contraste de los casi 4,3 millones de trabajadores que se van a jubilar en la próxima década con los 4,8 de niños y adolescentes que en ese mismo periodo alcanzarán la edad mínima legal de acceso al mercado de trabajo (16 años), entre la mitad y dos tercios de ellos retrasarán su incorporación varios años, hasta seis y diez los que desarrollen estudios superiores.

110.000 nuevos permisos para una necesidad 3 veces mayor

"Nuestra solución tiene que ser integrar a los extranjeros. Aunque la política va en ocasiones en sentido contrario esa es la dirección del futuro", sostiene Moret, quien critica las trabas que existen en la práctica para esa integración.

"Hay sectores como la hostelería, la agricultura, parte del alimentario y el empleo doméstico que, si no fuera por los trabajadores de fuera, se encontrarían con un problema grave. Hay que cuidarlos", anota Jiménez.

Sin embargo, no parece que el ritmo de autorizaciones de trabajo que emite el Gobierno español, de entre 111.323 y 198.752 anuales, la cuarta parte de ellas renovaciones según los datos del Ministerio de Trabajo, vaya a ser suficiente como para cubrir las necesidades de mano de obra del país en la próxima década, que serán entre tres y cuatro veces superiores.

"Deberían regularizarse los muchos trabajadores que se van desplazando por el país, y que si tuvieran papeles en regla podrían incorporarse a trabajar en cualquier sector", señala el representante de CCOO.

Las peculiaridades del sector agrario

El campo tiene, no obstante, su propio sistema de funcionamiento, con las peculiaridades de unas campañas breves e intensas de trabajo, de dos meses en el mayor de los casos, en las frutas de hueso, mientras la mecanización avanza por los viñedos, los olivares y los almendrales.

Hay otras peculiaridades, como los altibajos en las producciones, intensificados por las consecuencias del calentamiento global, el bajo atractivo de las tareas, que hizo que el año pasado el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) solo recibiera respuestas afirmativas en 800 de las 12.000 ofertas que lanzó.

Por eso este organismo tuvo que poner en marcha la aplicación de sistemas como el contingente, que este año ha trasladado a la península a 15.000 trabajadores, 3.000 más que el año pasado y básicamente africanos, con unas condiciones mínimas de salario y alojamiento pactadas.

"Van a seguir viniendo porque aquí ganan más que allí", señala Jiménez, quien destaca cómo, al mismo tiempo, más de un tercio de los trabajadores habituales del campo, en torno a 250.000 de 700.000, siguen siendo eventuales. "Aun no son fijos ni fijos discontinuos", añade, aunque la temporalidad ha caído catorce puntos.

Entre esos 250.000 se encuentra buena parte de los considerados temporeros, que suman una plantilla de en torno a 120.000 que comienzan a emplearse con la fresa en Huelva y con el melón y la sandía en La Mancha y que cierran el ciclo con la vendimia y la manzana en el norte.

"Deberíamos pensar en adecuar el sector a la demanda", sugiere Moret, en referencia tanto a la producción como a la mano de obra. "Es necesario tener claras las necesidades de contratación y el alojamiento", añade.