Nunca ha acabado de estar claro si la buena marcha de la economía de un país puede resultar beneficiosa para las pretensiones electorales de un Gobierno, aunque sí parece que en principio no le generaría efectos perjudiciales.

Las dudas son menores en cuanto a la capacidad de arrastre a la baja de un panorama depresivo, recesivo o de mero pinchazo, una intuición que históricamente ha animado a las oposiciones a emitir mensajes a partir de datos más o menos distorsionados para tratar de pintar un escenario de alguno de esos tipos.

La siguiente recopilación incluye la evolución de los principales indicadores económicos de España a lo largo de la pasada legislatura, en la que, a lo largo de tres y medio vertiginosos años el país pasó de estar cerrando la recuperación de la gran recesión a caer en la crisis pandémica antes de encadenar otra de carácter inflacionista al socaire de la guerra de Ucrania.

Empleo

La ocupación batió de manera prácticamente simultánea dos récords en España, uno de cantidad y otro de calidad, el pasado mes de junio: 20.956.577 ocupados inscritos en la Seguridad Social el día 19 de ese mes y un descenso de la temporalidad de los asalariados al 14%.

Esos registros contrastan con los 19.261.636 ocupados (1,67 millones menos) y el 26,1% de temporalidad (doce puntos más) que, respectivamente, registraban las estadísticas de la Seguridad Social y la EPA (Encuesta de Población Activa) al cierre de 2019, cuando comenzaba la actual legislatura.

"El empleo ha tenido una recuperación enorme con el rebote tras la pandemia y con la reforma laboral. Ha habido una buena evolución en la que lo más positivo ha sido la mejora de la calidad", explica el economista Eduardo Garzón.

No obstante, esa mejora del empleo se ve empañada por un notable aumento de la siniestralidad laboral, en la que entre 2019 y 2022 se pasó de 562.756 a 617.010 accidentes con baja y de 561 a 635 mortales entre los asalariados, sendos aumentos del 9,6% y del 13,1% que superan con claridad el incremento de la ocupación del 8,7%.

Desempleo

El número de parados inscritos en las oficinas del SEPE (Servicio Estatal de Empleo Público) como demandantes de empleo cayó en junio por vez primera por debajo de los 2,7 millones de personas para situarse en 2.688.842, lo que apunta a una reducción de 474.763 (-15%) frente a los 3.163.605 registrados al cierre de 2019 y pandemia mediante.

La "cara b" de esa mejora y estabilización del empleo y de esa reducción del desempleo se encuentra en la cronificación del paro de larga duración, en el que siguen 1,38 millones de personas, solo 82.000 menos que al acabar 2019. Algo más de la mitad de ellos superan los 45 años, en la mayoría de los casos afectados por problemas de exclusión tecnológica.

IPC y salarios

El comportamiento de la inflación ha sido claramente alcista, ya que la legislatura comenzó con una media anual del 0,7% y un indicador interanual del 0,8% y termina con este último índice en el 1,9% y con las medias en el 8,4% para 2022 y en el 6,2% para el año móvil de julio a junio, un episodio alcista de dos años motivado por el aumento de los márgenes empresariales para no perder beneficios ante el encarecimiento de la energía y las materias primas, entre ellas los alimentos.

Esa escalada de los precios restó a los salarios hasta trece puntos de poder adquisitivo (el equivalente a casi dos pagas de catorce) a la mitad de los trabajadores, lo que obligó a millones de hogares a apretarse el cinturón para llegar a fin de mes y llevó al Gobierno a activar medidas como las rebajas en la energía y en el transporte público.

La recuperación de ese poder adquisitivo ha comenzado de manera incipiente con las revisiones salariales que han comenzado a aprobarse vía convenio tras el acuerdo estatal entre CCOO, UGT, Cepyme y CEOE.

"El IPC creció mucho al principio de esos dos años porque el INE sobreestimó el peso de la energía al incluir en sus cálculos únicamente las tarifas reguladas de la electricidad. Ahora hay un efecto escalón en el que tienen que ver medidas como la excepción ibérica y la rebaja de los impuestos de la luz", señala Garzón.

El PIB

Oficialmente, el Producto Interior Bruto (PIB) de España alcanzó en septiembre del año pasado los niveles previos a la pandemia, que en 2020 provocó un pinchazo de magnitud equivalente a la mitad de la registrada en 1936 con la sublevación militar que desencadenó la guerra civil.

Otra cosa es que esas estimaciones estuvieran detectando lo que en realidad estaba ocurriendo en la economía española, ya que algunos estudios apuntan a que el INE llegó a dejar fuera de sus cálculos un volumen de actividad cercano a los 60.000 millones de euros en 2021.

"El PIB cayó mucho en la pandemia y en España lo hizo más que en otros países europeos por la afectación del turismo", anota el economista, que llama la atención sobre "las discrepancias que presenta con el resto de indicadores el PIB de 2021, que el INE va a revisar en septiembre. El PIB de 2021 está subestimado en al menos tres puntos".

En la recuperación tuvieron mucho que ver algunas medidas como el mantenimiento de las rentas durante la fase dura de la pandemia mediante los ERTE, por los que llegaron a pasar hasta 4,2 millones de personas, y el aumento del consumo derivado de la estabilización del empleo y el aumento de la masa salarial del país con, entre otros factores, las mejoras del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

"Cuando la gente está segura consume más, y eso influye positivamente en la economía. Lo reconoce hasta el Banco de España", apunta el economista.

Confianza del consumidor y del empresario

El ICC o Índice de Confianza del Consumidor cerró la legislatura en mayo de este año en una cota de 81,5 puntos, con el indicador que mide la situación actual en 71,5 y el de las expectativas en 91,5.

Los datos correlativos para el cierre de 2019 eran, respectivamente, de 77,7, 70,1 y 85,4, lo que indica una leve mejora del indicador.

Ocurre algo similar con la confianza empresarial que mide el INE, que resulta para el comienzo de este tercer trimestre algo más de cinco puntos superior a la del primero de 2020 (135,9 por 130,6) y casi siete por encima de la sensación de la pasada primavera.

Tejido empresarial

La malla de unidades productivas está experimentando en los últimos años una intensa transformación en la que está creciendo su tamaño, según indican los datos del Ministerio de Trabajo sobre empresas con asalariados.

En junio de 2023 hay operativas 1.331.470, casi 9.000 menos que al cierre de 2019, con una pérdida de casi 24.000 entre las micro y aumentos de 12.000 en el resto de la pyme, de más de 300 en la mediana y de algo más de medio millar en las grandes.

Muchas de ellas resistieron a la crisis asociada a la pandemia gracias a los ERTE, que les supusieron un ahorro de "algo más de 8.100 millones de euros" en cotizaciones sociales, según los datos facilitados por la Seguridad Social, y alrededor de 28.000 en salarios, el 70% de los cuales abonaba la Administración en forma de prestaciones.

Deuda pública

El endeudamiento público de la Administración central del Estado aumentó en 301.188 millones de euros entre 2019 y abril de este año, lo que la sitúa en el 88,8% del total del aparato administrativo, que a su vez equivale al 113% del PIB, según los datos del Banco de España.

Estos miden esa proporción sobre el PIB oficial que publica el INE, por lo que están por ver las correcciones que vaya a ser necesario aplicar a ese cálculo una vez se conozca la revisión de septiembre.

Recaudación tributaria

La recaudación de la Agencia Tributaria por impuestos encadena dos años de récord, y se encamina hacia el tercero, tras el pinchazo de la pandemia: los 255.463 millones de euros de 2022 superan en un 20% los 212.808 de 2019, en lo que supone un reflejo del crecimiento que la economía española ha tenido tras la crisis asociada a la covid-19.

Ese volumen de recaudación conlleva, no obstante, una presión fiscal tres puntos inferior a la de la UE (38,7% del PIB por 41,7%) y a la espera, también, de las modificaciones que pueda suponer la próxima revisión del indicador de la actividad.

"Parece que en España la presión fiscal está disparada, pero eso no ocurriría con un PIB bien calculado", recuerda Garzón.

La balanza comercial

Se trata de otro de los indicadores negativos, con un déficit de 71.358 millones de euros en 2022 que remite al momento de mayor inflado de la burbuja inmobiliaria y cuya causa principal pertenece al mismo ámbito en el que se está apoyando la posterior mejora del déficit comercial: la energía.

Las abundantes exportaciones tanto de gas refinado en plantas españolas como de electricidad de origen renovable y térmico a países europeos están modificando el balance hacia un superávit comercial, a lo que se suman las primeras consecuencias del incipiente cambio del modelo productivo con un avance del peso de las actividades tecnológicas.

"La economía española ya no crece únicamente a partir de la construcción y del turismo", apunta Garzón.

Las pensiones

El número de pensionistas alcanzó en España hace unas semanas los 10,6 millones, de ellos 575.000 perceptores de pensiones no contributivas, mientras los casi 21 millones de cotizantes disparan sus aportaciones hasta los 150.000 millones de euros, cifras de récord en los tres casos.