Banco Santander concentrará en las comunidades de Madrid, Barcelona y Galicia los cierres de sucursales y los despidos del ERE que este jueves ha comenzado a negociar con los sindicatos.

Según explicaron fuentes sindicales, esas tres comunidades sufrirán un tercio de los cierres, con 131 oficinas en el primer caso, 91 en el segundo y 135 en el tercero de un paquete de 950 a las que se suman 200 que el banco pretende traspasar a trabajadores autónomos como “agentes colaboradores”.

Los cierres bajarán la persiana en casi el 60% de las sucursales que Santander adquirió en Galicia el 7 de junio de 2017 al hacerse por un euro con Popular y Pastor (230), que eran dos de las entidades con mayor implantación en esa comunidad.

No obstante, no será la más afectada porcentualmente, ya que en Baleares, con 45 de 63, las clausuras superarán el 70% mientras que en Madrid rebasarán los dos tercios (131 de 195). Por el contrario, se quedarán por debajo del 40% en Catalunya (91 de 234).

Una vez cerrado el ERE, Santander se habrá deshecho del 60% de las 1.581 oficinas que adquirió con la absorción, porcentaje que se eleva al 72% si se incluyen las 200 que pasarán a ser gestionadas por autónomos.

Casi la mitad del empleo de Popular y Pastor

El volumen de despidos será similar al de los cierres en esas tres demarcaciones, con más de 1.300 bajas de un total de 3.713 entre los tres territorios. Esa cifra, añadida a las 1.100 salidas del ERE de 2018, equivale a casi la mitad de los empleados que pasaron al grupo desde Popular y Pastor (10.299) hace menos de dos años.

La plantilla actual de Santander es de 29.948 trabajadores, con lo que el despido colectivo de 3.713 afectará al 12,3%: prácticamente uno de cada ocho dejarán la entidad financiera.

En Madrid saldrán de la empresa 446 de los 4.100 empleados de la red de oficinas (casi uno de cada nueve) y alrededor de 300 más de los servicios centrales, mientras que en Catalunya las salidas afectarán a otros 310 asalariados.

En Galicia el banco prevé 271 bajas, lo que supone que uno de cada siete de sus 1.916 empleados (el 14,14%) en esta comunidad dejará la entidad. El recorte de empleo alcanzará a otros 370 empleados en Andalucía.

La red de sucursales, con 2.847 de las 3.713 bajas, concentra tres cuartas partes de los ceses que inicialmente plantea el banco, aunque esas cifras podrían ser objeto de rebaja durante la negociación, que se prolongará, como máximo, hasta el 20 de junio en reuniones fijadas para los martes y los jueves.

Fuentes sindicales apuntaron que la empresa quiere cerrar la negociación con rapidez, en la mitad del periodo legal de 30 días naturales si le es posible, aunque este jueves, en la primera reunión formal del periodo de consultas, no efectuó ninguna propuesta de indemnizaciones. También adelantó que las salidas se ejecutarán en lo que queda de año, con la posibilidad de extender el plazo a los tres primeros meses del año que viene en casos puntuales.

Recolocar a los despedidos

La dirección del banco, que entregó a los representantes sindicales un informe técnico de 190 páginas con sus argumentos para justificar el ERE, que básicamente consisten en la necesidad de aligerar la red de oficinas y los servicios centrales por la duplicidad de sucursales y de puestos tras la absorción, se comprometió en la reunión a recolocar a la totalidad de los afectados por el despido colectivo que, tanto si son forzosos como voluntarios, se adhieran al plan de reinserción laboral que desarrollará la consultora Lee Hecht Harrison en colaboración con Adecco.

Fuentes cercanas a la dirección de Santander, que mostró su disposición a comenzar a cubrir las bajas con voluntarios, aunque reservándose el derecho de vetar salidas, para cubrir con forzosos el resto del cupo de salidas, señalaron que el 100% de los exempleados que se inscribieron en el plan de recolocación tras el ERE de 2016 y el 73% de los del año pasado están ya recolocados.

En esta ocasión, la empresa se abre a mantener abierto de manera indefinida el plan, que incluye medidas de formación y readaptación laboral, aunque la ley únicamente obliga a aplicarlo durante seis meses.