“Nos está matando esta incertidumbre. Si la central va a seguir abierta, que lo digan; y si no va a continuar, también”, dice Sofía Ciércoles, alcaldesa de Andorra (Teruel) por IU, ante las sombras que, de nuevo, oscurecen el futuro de la comarca de las Cuencas Mineras, una de las últimas de España en las que se explotan minas de carbón.

Las Cuencas turolenses y El Bierzo leonés se enfrentan a la misma incertidumbre: si el Gobierno mantiene las condiciones de consumo de ese mineral, Endesa no efectuará las inversiones necesarias para adecuar las centrales térmicas de Andorra y de Compostilla (ubicada en Cubillos de Sil) a las exigencias comunitarias en materia de emisiones, lo que aboca al cierre en julio de 2020 a ambas plantas. La primera es la única que consume el carbón del sur de Aragón, mientras la segunda es a principal fuente de demanda de las cuencas leonesas del Bierzo y Laciana.

“Con el actual marco regulatorio y de mercado, las centrales estarían abocadas al cierre en 2020”, explican fuentes de Endesa, compañía que rechaza emprender inversiones por casi 400 millones (180 en Andorra y 200 en Compostilla) para reducir el lanzamientos de óxidos de nitrógeno y de azufre procedentes de la combustión del carbón sin tener claro qué rentabilidad va a obtener y que reclama una nueva regulación del carbón autóctono.

Tres factores

En el conflicto confluyen tres factores: el proceso de descarbonificación del sistema energético europeo, que empuja hacia el cierre de las térmicas; la indefinición del Gobierno sobre la futura regulación del carbón autóctono, que dificulta su continuidad, y, por último, el escaso resultado que, un cuarto de siglo después de su lanzamiento, han resultado tener los planes de apoyo a la minería, buena parte de cuyos 24.000 millones estaban destinados a diversificar el modelo productivo de las cuencas. La minería agoniza sin que las zonas económicamente dependientes del carbón hayan dejado de serlo.

“El carbón es rentable y competitivo, lo que no hay es interés en hacerlo rentable”, sostiene Ciércoles, que reclama al Gobierno que aclare si antes de que finalice la vigencia del Plan Nacional del Carbón 2013-2018, y en el siguiente, se va a cumplir el objetivo de que ese mineral sea la fuente del 7,5% de la producción energética española.

“El tiempo corre en contra de nosotros”, asumió este jueves el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que pidió al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que “haga su trabajo” y solicite a la UE que declare la central “reserva estratégica” para evitar su cierre.

Por el contrario, Tatiana Nuño, responsable de Cambio Climático de Greenpeace, organización partidaria de dejar de subvencionar este subsector energético, de cerrar las térmicas en 2025 y de diversificar a través de diálogo social los sectores productivos de las zonas en las que aparece como monocultivo, considera un “escándalo” que la comunidad autónoma “presione para que toda Europa permita que la ciudadanía en España se vea obligada a seguir pagando a las eléctricas para que estas continúen contaminando y agravando el cambio climático”.

El conflicto entre empleo y medio ambiente

En la central de Andorra trabajan, según fuentes de Endesa, 150 personas a los que se suman otros 200 en empresas subcontratadas y, además de los dedicados a la extracción en las minas de la empresa Samca en Ariño y Estercuel, alrededor de mil empleos indirectos. Otras fuentes elevan esta última cifra a 4.000, en una comarca con 11.000 habitantes. Compostilla emplea a unos 200 en la planta, a los que hay que sumar los mineros de las plantas que la abastecen, en una comarca de 130.000 vecinos.

Sus eventuales cierres, que en cualquier caso supondrían un duro golpe económico y social para ambas comarcas, conllevarían, por otro lado, una notable rebaja del potencial contaminante del sistema energético español: Andorra y Compostilla, con una potencia instalada de 1.100 y de 1.300 megawatios, aportan casi la cuarta parte de los 10.004 que ahora suma el sector, que ya recortó 932 el año pasado.

Pese a esa reducción, y al descenso de un 29% de la producción, los 37.038 millones de kilowatios que las térmicas de carbón generaron el año pasado conllevaron la emisión a la atmósfera de más de 30.000 millones de toneladas de CO2.

La tecnología que genera el 14% de la energía provoca casi dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema. En Bruselas ya se habían percatado de ese detalle, ya que los baremos de la UE conllevan que las quince centrales térmicas de carbón instaladas en España, siete de ellas concentradas en la cornisa cantábrica, tres en Castilla y León, otras tantas en Andalucía y una en Aragón y Baleares, requieran actuaciones para reducir sus efectos contaminantes a niveles tolerados.

Llevarse beneficios y dejar dramas

Dentro del parque de las centrales térmicas españolas, Andorra y Compostilla se encuentran entre las cuatro más contaminantes (el orden varía según la fuente) junto con otras dos que Endesa sí está decidida a mejorar, caso de As Pontes (la mayor del país con 1.480 megawatios) y de Carboneras (1.200). Ambas queman principalmente carbón de importación, como la mayor parte del sector. El 80% del mineral que queman las térmicas españolas procede de otros países.

La calidad del que se extrae en el sur de Aragón y el noroeste de Castilla hacen que su venta a larga distancia no resulte rentable, por lo que las minas solo son viables si su mineral se quema cerca. Eso liga el futuro de la minería de ambas zonas al de las centrales.

“Lo que pedimos es claridad, y un plan estratégico que permita diversificar la economía de las zonas mineras”, señala la alcaldesa. “Buscamos ampliar la vida de la central para poder aplicar mientras planes que diversifiquen la economía”, anota, ya que “si cierra en 2020, va a ser complicado que puede volver a abrir más adelante”.

La alcaldesa reclama un compromiso político a los gobiernos central y autonómico. “Con independencia de que Endesa haga o no las obras, no hemos sido capaces de diversificar la economía”, indica, antes de dejar un recado para la compañía eléctrica, controlada por la italiana Enel: “No puede ser que se lleven los beneficios y dejen un drama”, señala.