La Seguridad Social tolera que las empleadas del hogar puedan ser dadas de alta con salarios inferiores al mínimo interprofesional  (735,90 euros mensuales, 858,55 con las pagas extra prorrateadas) para la proporción de horas que marcan sus contratos, una situación que está agravando la precariedad existente en este sector del empleo, uno de los más feminizados.

El sindicato CGT ha detectado en Zaragoza un agujero en el sistema informático de la Seguridad Social, que no detecta la inscripción de contratos con sueldos por debajo del SMI. Es común en todo el país y merma tanto las posteriores prestaciones a las que puedan tener derecho las trabajadoras como la recaudación de la Seguridad Social.

Esa situación contrasta con las alertas que el sistema informático lanza cada vez que se registran contratos con sueldos superiores a 896,40 euros, que es la base máxima de cotización para las empleadas del hogar. En esos casos, el funcionario debe confirmar que los datos son correctos.

Sin embargo, la Tesorería se ha lavado las manos en este asunto, "cuya solución definitiva sería un simple sistema informático que multiplique las horas por el salario mínimo vigente en cada momento y que parece incapaz de implantar", señalan fuentes del sindicato, a quien ese organismo acaba de responderle que "la determinación de las bases de cotización” de ese sector excede a su “ámbito de competencias".

La Tesorería se limita a indicar que tras la reforma de 2015, en la que se estableció un régimen transitorio para equiparar la cotización de las empleadas del hogar con las del Régimen General, se fijaron unas "bases por tramos" que cada año marca el Ministerio de Empleo, aunque admite que la denuncia del sindicato se refiere a la detección de aportaciones “por debajo de lo establecido legalmente al no haberse actualizado las bases con respecto a la subida del SMI”.

Contrato con pagas extra a partir de cuatro semanas

En España trabajan como empleadas del hogar con 'papeles' alrededor de 420.000 personas (entre 418.964 y 429.175 en los cinco últimos años), mujeres en nueve de cada diez casos y ocupadas por cuenta ajena en más del 99%.

Normalmente tienen vigentes varios contratos por horas en los que figuran como empleadores los propietarios de las casas que atienden, cada uno de los cuáles debería pagarles como mínimo la parte proporcional al SMI por las horas que dedican a su domicilio, con dos pagas extraordinarias y un mes de vacaciones, y formalizar un contrato siempre que la relación laboral dure más de cuatro semanas. El salario en especie, con manutención o pernocta, por ejemplo, no puede superar el 30% del total.

El sistema establece ocho tramos de cotización con bases de entre 196,15 y 896,94 euros mensuales a partir de las cuales se calculan las prestaciones, como las bajas laborales, aunque entre ellas no se incluye el desempleo.

Una de cada tres, en la economía sumergida

El Régimen Especial de las Empleadas del Hogar debería haberse equiparado al General el año que viene, aunque los Presupuestos Generales del Estado aplazaron a 2024 esa modificación, lo que provocó una protesta frente al Congreso hace unas semanas. "Se alimenta la economía sumergida, la discriminación y la precariedad", denunciaron.

De hecho, la economía sumergida engulle a más del 30% del empleo en este sector, lo que supone que más de 220.000 personas trabajan 'en negro', según revela el cruce de los datos de afiliados a la Seguridad Social (418.964 afiliados al cierre de 2017) con los de la Encuesta de Población Activa (641.700).

La generalización de los sistemas telemáticos de contratación, con los que el propio empleador o un profesional habilitado puede tramitar las altas y las bajas, amenaza, combinada con la falta de reacción de la Tesorería de la Seguridad Social, que se desentiende de cruzar los datos, con agravar el problema.

Fuentes de CGT explicaron que entre los centenares de casos detectados en Zaragoza se incluyen algunos en los que la cotización por debajo del SMI lleva años produciéndose. "Y aumentarán con la imposición de la Administración Electrónica, pues ya no se realizarán directamente las altas y variaciones por funcionarios que puedan controlar la corrección de los datos introducidos y los empresarios directamente o sus autorizados, por error o incluso por desconocimiento, podrán crear y mantener situaciones irregulares", señalan.

El sindicato, que califica la situación de "descontrol" y de "dejación de funciones", recuerda que la Tesorería “es responsable tanto de la recaudación como de la cotización y de la afiliación de los trabajadores”.