Una docena de banqueros acumula productos financieros de ahorro nutridos por las entidades que dirigen por valor de 114,99 millones de euros, según indican los informes de retribuciones que los principales bancos españoles han ido remitiendo a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) en los últimos días.

Se trata, aunque su denominación oficial no apunte en esa dirección, de las versiones actualizadas de los planes y fondos de pensiones; es decir, de una parte del salario cuyo cobro por el trabajador, en este caso consejeros y altos ejecutivos, se difiere hasta la fecha del retiro o la del final de la carrera profesional en la casa.

Ese volumen de dinero está distribuido en una bolsa de 78,1 millones de euros en "sistemas de ahorro consolidados", o no susceptibles de merma, y otra de 36,84 en productos de renta variable que pueden aumentar o decrecer. En conjunto, equivale al coste anual de 5.728 pensiones de jubilación medias en España, cada una de las cuales supone una cuantía de 20.076 euros brutos distribuidos en 14 pagas de 1.434.

Las bolsas de los "sistemas de ahorro con derechos consolidados", que es la denominación que reciben en los informes, aumentaron el año pasado en 2,12 millones de euros, mientras que las variables o "no consolidados" lo hicieron en 2,56, lo que da un total de 4,68.

Casi la mitad de esos 115 millones de euros se reparte entre los presidentes de los dos principales bancos del país: Ana Patricia Botín, del Santander, acumula 49,27 millones, y Carlos Torres, del BBVA, 24,75.

Les sigue, con 19,49 millones, el ya ex consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, todos ellos a mucha distancia del resto, entre los que el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, es el único alto ejecutivo que, con 6,5, supera los cinco millones.

Los bancos van abandonando poco a poco esa forma de retribución en diferido, cuyas tres principales marcas fueron establecidas por otros tantos consejeros delegados de BBVA al dejar esa entidad: Ángel Corcóstegui cobró 108 millones en 2002, Alfredo Sáenz recibió 88 millones en 2013 y, entre ambos, José Ignacio Goirigolzarri liquidó 68,7 millones en 2009 al acogerse a una jubilación anticipada, y reversible ya que es el actual presidente ejecutivo de CaixaBank tras haberlo sido de Bankia.

Paralelamente, los altos ejecutivos disponen de otras retribuciones en especie, como unos seguros de vida e invalidez que alcanzan los 84.000 euros en el caso de Gortázar, los 114.000 euros en el de Goirigolzarri, los 322.000 euros en el de Torres y los 230.000 euros en el del consejero delegado de BBVA, Onur Genç. Ese tipo de pólizas alcanza los 470.000 euros y los 716.000 euros en los casos de Ana Patricia Botín y de José Antonio Álvarez.

"Diferir el cobro ya es un beneficio en épocas de inflación"

"No se trata propiamente de salarios sino de algo que, en realidad, va más allá de lo salarial y vendría a consistir en un reparto de beneficios encubierto", explica el economista Carlos Sánchez Mato, que llama la atención sobre la doble ventaja fiscal que conllevan esas fórmulas de pago.

"El propio diferimiento del cobro ya supone un beneficio en épocas de elevada inflación como la actual", señala, ya que eso pospone por lo pronto cualquier merma del poder adquisitivo como la que soportan los salarios liquidados en tiempo real.

Esas cantidades sí tributan una vez se reciben, aunque con muchas probabilidades de que la presión fiscal sea inferior a la que soportarían como salario de quienes perciben sueldos millonarios.

Por una parte, el tipo nominal para los tramos salariales superiores a los 300.000 euros, que sería el correspondiente a las extracciones de planes de pensiones de esa cuantía, alcanza el 47%, aunque esa presión es susceptible de rebaja por el sencillo procedimiento de extraer cifras inferiores cada ejercicio.

"Esas regalías se dan porque hay un sistema beneficioso"

Y si los productos de ahorro no son planes de pensiones propiamente dichos sino otro tipo de productos (las entidades no dan detalles), la tributación máxima se queda en una horquilla del 19% al 26%, lo que supone un ahorro mínimo de 210.000 a 280.000 euros por millón e incluso afectar únicamente a las cantidades generadas como intereses.

Paralelamente, las empresas pueden aplicarse distintas deducciones en el Impuesto de Sociedades, del 10% para los primeros 27.000 euros si se trata de planes de pensiones y de otros porcentajes cuando se trata de otros productos financieros.

"Los accionistas siguen aceptando el pago de esas regalías a sus ejecutivos, que se dan porque existe un sistema tributario beneficioso", explica el economista, que anota que "cambiar esas reglas llevaría a modificar las formas de retribución a esas empresas, que buscan rebajas fiscales".

"Debería haber una prohibición expresa de la deducción de esos gastos, que no deberían ser deducibles como no lo es el recargo de una multa, y que no deberían superar la cuantía de la pensión máxima en el sistema público. Deberían tener un techo, ya que se trata de algo disparatadamente distinto de la pensión de un trabajador", añade.