Nunca antes el diálogo social había sido tan productivo y determinante desde el punto de vista legislativo como en la anterior legislatura. La pandemia de la covid-19 forzó los mecanismos y engranajes institucionales hasta extremos desconocidos en la historia reciente, y la concertación social fue uno de los espacios que mejor respondió ante esta situación.

La necesidad de desplegar una protección rápida y eficaz para trabajadores y empresas en un momento de crisis disruptiva (la situación pandémica destruyó más de 600.000 empleos solo en 2020) puso al Ministerio de Trabajo, a los sindicatos y a las patronales ante su mayor prueba de fuego, y todos los actores respondieron con acuerdos sobre medidas, como los ERTE, que resultaron imprescindibles para recuperar los puestos de trabajo perdidos en un tiempo récord.

El buen funcionamiento del diálogo social continuó tras los peores meses de la pandemia y, en los años posteriores, se alcanzaron acuerdos, impensables en anteriores legislaturas, que transformaron el mercado de trabajo: la reforma laboral, las subidas del salario mínimo, la regulación de las plataformas digitales a través de la ley rider...

El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, las Comisiones Obreras de Unai Sordo, la UGT de Pepe Álvarez y la CEOE de Antonio Garamendi conformaron un espacio de diálogo y acuerdos que provocaba un enorme contraste con una situación política en la que la oposición impugnaba cada norma que emanaba del Gobierno e intentaba torpedear su acción.

Ahora, en la segunda legislatura del Gobierno de coalición, esa etapa se ve como una luna de miel de un diálogo social que, aunque continúa trabajando en reformas, dista mucho de ser el espacio de concertación que se forjó durante los peores meses de la pandemia.

La patronal se ha descolgado de los acuerdos más recientes

La patronal se ha descolgado de los últimos acuerdos aprobados (el más reciente, el de la subida del SMI en febrero), y su tono contra las medidas propuestas por el Gobierno y contra su política laboral se ha endurecido. Rechazó (junto a las universidades) el denominado estatuto del becario, que todavía no se ha aprobado y que, a día de hoy, sólo cuenta con el beneplácito de Trabajo y de los sindicatos.

También rechazó y criticó el acuerdo entre el PSOE y Sumar para un Gobierno de coalición que establecía un compromiso para rebajar la jornada laboral sin reducir los salarios. El empresariado vaticinó, como hizo anteriormente con las subidas del SMI, que esta medida perjudicaría a las empresas, destruiría empleo y llegaría, incluso, a amenazar el crecimiento económico del país (aunque en la actualidad permanece sentado, de momento, en la mesa de diálogo que negocia esta cuestión). 

La confrontación va más allá del no apoyo a medidas trabajadas en el diálogo social o de su expresión de rechazo a las mismas. Garamendi propuso hace unas semanas que los trabajadores cobrasen su sueldo bruto de manera íntegra y pagasen de manera individual sus cotizaciones sociales "para que fueran conscientes de todo lo que pagan por ellos los empresarios".

Esto provocó un enfrentamiento directo con el Ejecutivo y con los sindicatos. Desde Trabajo criticaron que el presidente de la patronal considerase las cotizaciones "limosnas" y defendieron que Garamendi sólo hablaba para aquellos trabajadores que podían costearse planes de pensiones privados. En Comisiones Obreras le retaron a calcular cuánto dinero se ahorran las empresas por utilizar infraestructuras públicas y a plantearse si serían rentables en el caso de imputarles el gasto por utilizarlas.

Desde los sindicatos achacan este giro de la patronal al hecho de que durante la pandemia las medidas aprobadas y los acuerdos sustentados en el diálogo social supusieron una fuerte inyección de dinero público en el tejido empresarial, una situación que no se da en este momento.

El aviso de los sindicatos al Gobierno

También a las presiones políticas de formaciones como el Partido Popular, que se ha posicionado en contra de todas las medidas aprobadas por el Gobierno (y posteriormente por el Congreso) en materia laboral (los de Feijóo presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la votación que validó la reforma laboral).

Pese a esta nueva situación, el diálogo social avanza, y en la actualidad hay varias mesas abiertas en las que se negocian importantes reformas (reducción de la jornada laboral, reforma del subsidio por desempleo, despliegue de los planes de igualdad LGTBI en las empresas, o prevención de riesgos laborales).

Las organizaciones sindicales también denunciaron hace unos meses que el Gobierno había descuidado la concertación social en los primeros pasos de la legislatura y le instaron a retomar la misma senda que definió la pasada legislatura en materia laboral.