Una vez que ya se mira por el retrovisor los efectos de la crisis de la covid-19, de las materias primas o las consecuencias sobre la inflación de la invasión rusa de Ucrania, la Generalitat de Catalunya se ha puesto de nuevo el traje optimista y ha revisado al alza sus proyecciones sobre la evolución del crecimiento económico.

Así, el Departament d'Economía ha confirmado esta misma semana que el Producto Interior Bruto (PIB) se incrementó un 5,5% en Catalunya el pasado año, más de un punto por encima de las previsiones anteriores.

Durante la presentación del Informe Anual de la Economía Catalana, la consellera de Economía, Natàlia Mas, afirmó que "la economía resiste y avanza en positivo, pese a la gran diversidad de obstáculos". De esta sentencia, se extrae el vaticinio del comportamiento del PIB este año y en 2024.

En 2023, éste aumentaría un 1,7%. Para el próximo año, la previsión se sitúa en el 2,2%. La directora general de Análisis y Prospectiva Económica, Marta Curto, señala que el Departament no descarta modificar la previsión al alza en la segunda mitad del año, hasta el 2%.

Curto basa su razonamiento en que "Catalunya tardó 36 trimestres en recuperar el PIB tras la crisis financiera, mientras que ha necesitado sólo 10 para superar el PIB prepandemia. La recuperación del empleo después de la covid también ha sido mucho más rápida que la anterior crisis".

Más allá de estos discursos con cierto aire triunfalista, se levantan algunas voces desde el mundo económico que advierten de una distribución desigual de la riqueza, que perjudica a los colectivos más vulnerables, y de retos pendientes al sector empresarial, especialmente los vinculados a la digitalización y la sostenibilidad.

El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), que dedica el último número de su revista económica a los Retos del sistema productivo catalán, incide en "la necesidad de apostar decididamente por la transformación digital y la sostenibilidad, elementos considerados claves por el crecimiento futuro de la economía".

Así lo explica el coordinador de la publicación y profesor de Economía Aplicada en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Lladós.

El riesgo de la automatización

En uno de los artículos de la revista se alerta sobre que las tareas y competencias tecnológicas puedan ser sustituidas por los futuros desarrollos de la inteligencia artificial.

Por eso se hace un llamamiento a que las administraciones diseñen políticas laborales activas más inteligentes que refuercen las competencias y habilidades de las personas, a la vez que reclaman un ejercicio de prospectiva hacia los nuevos requisitos laborales y una monitorización constante de las industrias y empleos más expuestas al riesgo de automatización.

En el contexto de la transformación industrial y la digitalización de las empresas catalanas, la Generalitat de Catalunya recuerda que éstas han captado 750 millones de euros, un 83% los utilizarán las pymes, en el marco de los fondos europeos Next Generation. El importe supone un 21% del total asignado en el Estado español.

Precisamente en el impacto que tendrán los fondos europeos es en el que sustenta su análisis Nicola Scherer, investigadora del Observatori del Deute en la Globalizació (ODG).

"Son una lluvia de dinero público, que denotan una estrategia de salida de la crisis distinta a la de 2008, ya que las ayudas irán destinadas a la economía productiva y estarán acompañadas de infraestructuras y una inversión real", dice.

Sin embargo, Scherer avisa de que los Next Generation generarán una gran cantidad de deuda pública: "Bruselas ha creado un fondo de reserva, que deberá devolver a los inversores internacionales que lo han financiado".

Deterioro de los salarios

La investigadora recuerda que la mitad de los fondos Next Generation son préstamos que se tendrán que reembolsar y que este año éstos se dejarán notar más en el PIB, como en el caso de Catalunya, porque es el último año en el que se adjudicarán proyectos estratégicos. "Las empresas y autonomías podrán endeudarse".

Ir más allá del concepto del PIB para determinar el grado de crecimiento económico es una de las demandas de Scherer para analizar de forma más rigurosa la evolución de los indicadores.

"El PIB no dice nada sobre la redistribución de la riqueza o sobre el incremento exponencial de la cifra de grandes fortunas y de la tendencia creciente de los milmillonarios en Catalunya".

En el ODG, paralelamente, detectan "un empobrecimiento de la clase trabajadora, que ha tenido que hacer frente a una subida de los salarios muy por debajo de la inflación, lo que deriva en una pérdida constante de poder adquisitivo".

Esta disfuncionalidad de la economía catalana también se refleja en el último estudio de la Cambra de Comerç de Barcelona, que pone sobre la mesa cómo la mejora de la competitividad empresarial no se ha trasladado a los salarios.

Los datos de la entidad indican que el sueldo medio por hora en Catalunya entre 2013 y 2019 aumentó un 2%, mientras que la tasa de productividad en el mismo período lo hizo más de un 16%.

Ante estas evidencias, los expertos abogan por un proceso de reindustrialización productiva, de forma que las economías alcancen cierta autonomía estratégica, rebajando la tendencia a la terciarización económica que centra el peso del PIB en el turismo y el sector servicios, que se caracterizan en parte por la precarización de las condiciones laborales y la escasa aportación de valor añadido al tejido empresarial.

Desde el punto de vista de los indicadores para fijar el crecimiento económico, reivindican tener en cuenta aspectos como el paro juvenil o el coeficiente de Gini, que calcula la desigualdad de ingresos entre los ciudadanos de un mismo territorio.

De este modo, creen que podrían diseñarse políticas en función de las evaluaciones y no dejar de lado, como hasta ahora, los impactos sociales sobre la economía.