¿Qué efectos demográficos y sociales puede tener un nuevo retraso dela edad de jubilación, como acaba de sugerir el último Informe Económico de España de la OCDE, cuando se está acortando la esperanza de vida saludable de los mayores? ¿Podría una medida de ese tipo acabar generando un mayor desajuste presupuestario al elevar el gasto en sanidad, servicios sociales y atención dependencia?

La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un organismo creado para coordinar las políticas económicas y sociales de los 37 estados más industrializados del planeta, no tiene respuesta para esas preguntas en los pasajes del informe en los que analiza la sostenibilidad del sistema español de pensiones, para la que ofrece cinco recetas: ampliar a toda la vida laboral el período de cálculo para determinar el subsidio, elevar el mínimo de años para cobrarlo completo, ofrecer flexibilidad para combinar trabajo y pensión, aplicar un nuevo retraso a la edad de jubilación obligatoria conforme avance a la esperanza de vida y ampliar el acceso a los fondos de pensiones.

Tres expertos consultados por Público, el economista Eduardo Garzón, el inspector de Trabajo y profesor de Derecho Social en la Universidad de Valencia Héctor Illueca y el responsable confederal de Políticas Públicas y Previsión Social de CCOO, Carlos Bravo, coinciden en rechazar los planteamientos austericidas de la OCDE al tiempo que ponen sobre la mesa una serie de medidas para mejorar los ingresos de la Seguridad Social. Tres de ellas generarían unos ingresos cercanos a los 12.000 millones anuales.

Por una parte, eliminar el tope de cotización que acaba con la proporcionalidad entre salario y cuota social a partir de un sueldo bruto mensual de 3.803 euros haría que la masa salarial de más de 26.000 millones que ahora queda exenta aportara unos 7.500 millones al año al Seguro.

Atajar el fraude de la infracotización, en el que las empresas cotizan por sus empleados solo por las horas que figuran en su contrato cuando en realidad trabajan muchas más, generaría la recaudación de otros 2.000, ya que esos salarios sumergidos rondan los 7.000 millones de euros.

Y plantearse el mantenimiento de las actuales bonificaciones, incluida la tarifa plana de los nuevos autónomos, supone hablar de si entran o no en la caja otros 1.800 millones de euros, lo que, con los conceptos anteriores, daría un mínimo de 11.300 millones de euros, suficiente para reducir a menos de la mitad el déficit de la Seguridad Social, que el año pasado alcanzó los 16.800 millones.

“Proponen bajar las pensiones y que los jubilados trabajen”

“Lo que propone la OCDE es bajar las pensiones y que los jubilados trabajen”, resume Illueca. “Es una trampa. El informe habla de la esperanza de vida pero no tiene en cuenta la calidad de esa etapa, cuando según la Organización Mundial de la Salud cada vez vivimos más años pero en peores condiciones”, señala Garzón.
Los datos, en este sentido, resultan inquietantes, ya que la Esperanza de Vida Saludable, que mide el tiempo que una persona vive sin enfermedades que lo incapaciten, se está reduciendo.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, entre 2011 y 2015 ese indicador cayó de 12,4 a 9,5 años en los hombres y de 11,9 a 8,9 en las mujeres, con un repunte de unos meses en 2016, según el INE (Instituto Nacional de Estadística).

La ampliación de la edad de jubilación a partir de 2019 irá recortando esa Esperanza de Vida Saludable en otros dos, por abajo, más las consecuencias que el trabajo a esa edad pueda tener, por arriba, en la salud de los afectados por la reforma.

“Es ideología, carece de base científica”

“Los planteamientos de la OCDE son ideológicos, carecen de cualquier fundamento científico”, coinciden Garzón e Illueca, que añade que “indudablemente medidas de ese tipo tendrán efectos en el gasto en sanidad y dependencia, además de incluir un componente de injusticia”.

“El problema de elevar la edad de jubilación es que, al final, la gente con menores ingresos financia las pensiones de quienes tienen mayores rentas y esperanza de vida”, señala Bravo.

Otras medidas, como calcular la pensión con base en toda la vida laboral (el año que viene pasa de 15 a 25 años), entraña el riesgo de ampliar la brecha de género en la jubilación, en la que el subsidio medio de las mujeres es un 37% inferior al de los hombres por tener a menudo una peor carrera de cotización.

El informe admite que “España se enfrenta a una serie de desafíos demográficos, que podrían dar lugar a un incremento significativo del gasto relacionado con el envejecimiento, como el gasto en sanidad, en cuidados de larga duración y en pensiones”, y pronostica que en el próximo medio siglo la pensión media caerá del 58% del salario medio que ahora supone al 38%. De hecho, los cobros han comenzado a reducirse. Sin embargo, a renglón seguido, anota que “la edad media de salida del mercado de trabajo se ha estancado y se sitúa más de dos años por debajo de la media de la OCDE”.

“Se trata de equiparar ingresos y cotización”

“Hay soluciones como crear empleo, y si además este es de calidad, aumentarán los ingresos de la Seguridad Social”, apunta Garzón, que recuerda cómo las mejoras salariales, entre ellas la del Mínimo Interprofesional, tienen una incidencia directa en la recaudación.

“En España hay más de cinco millones de trabajadores, de 19, que no cotizan por sus ingresos reales”, anota Bravo en referencia a los asalariados que superan esos 3.803 euros brutos mensuales, buena parte de los autónomos (cuyo sistema está en revisión) y las empleadas del hogar y, obviamente, quien se gana la vida en la economía sumergida. “Se trata de equiparar la cotización a los ingresos”, añade.

Paralelamente, señalan otras recetas de gestión y contabilidad que ayudarían a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, como trasladar a otro organismo las pensiones no contributivas, como las de maternidad y paternidad, orfandad o viudedad, o convertir las aportaciones que ahora hace el Estado vía préstamo en transferencias, lo que no afectaría al déficit pero sí dejaría de aumentar la deuda. “Dieciocho de los 28 países de la UE no financian exclusivamente su sistema de previsión con salarios ¿Por qué no puede hacerse eso aquí?”, se pregunta Garzón.

De hecho, hoy las cotizaciones resultan insuficientes para generar los recursos que requiere el pago de las pensiones contributivas y en cinco comunidades no dan ni siquiera para pagar las jubilaciones.

Illueca se pronuncia en una línea similar. “El pacto de Toledo, que fue muy útil, está agotado –indica-; se rompió con la reforma de 2013 que eliminó la revisión de las pensiones de acuerdo con el IPC. ¿Por qué no se plantea que el mantenimiento de las pensiones deje de cargarse solo a los salarios?”.

“Lo que hay que hacer es equilibrar la estructura de ingresos de la Seguridad Social y derogar la reforma de 2013”, anota Bravo, que llama a “recuperar el marco de consenso para empezar a poner respuestas y soluciones sobre la mesa y mantener equilibradas las pensiones entre las distintas generaciones, en lugar de buscar cómo recortarlas”.