La Universidad Carlos III ha sido condenada por utilizar a una becaria para cubrir un puesto de trabajo. Según la Cadena Ser, Gloria, la denunciante, decidió en el 2016 optar por una "beca de colaboración" de las que ofrecía la Universidad, sin embargo, el trabajo que realizaba era el mismo que sus compañeros funcionarios contratados. 2248282

Ahora una jueza ha ordenado a la Universidad que sea ingresada de nuevo como trabajadora y no como becaria. La sentencia declara la nulidad del despido y ordena su readmisión como trabajadora con el salario que le corresponde.

Gloria estudiaba Ciencias Políticas y Sociología y estuvo durante dos años trabajando en el Archivo General de la Universidad, en la Biblioteca. "Recibíamos la documentación e información del resto de departamentos de cara a archivarla y almacenarla. La ordenábamos en carpetas, hacíamos cajas de cartón donde almacenábamos toda la documentación y la subíamos a la base de datos interna. Después, bajábamos las cajas al sótano", cuenta Gloria. "La beca no tenía ningún carácter formativo, no tenía relación con mis estudios y el trabajo era el mismo que realizaba el personal funcionario" comentó a la Cadena Ser. 

Entre los requisitos de las prácticas, se exige que sigan un "proyecto formativo" y que se hagan "bajo la supervisión de un tutor". Gloria, por el contrario, no tenía ni proyecto formativo, ni llegó a conocer a su tutora.

"Lo que hacíamos era cubrir puestos de trabajo. La universidad, mediante esta fórmula de falsa beca, se ahorra pagar a los trabajadores por una serie de servicios". Las prácticas de colaboración, según la página web donde se ofertan, son "actividades formativas que, sin formar parte de un Plan de Estudios, los estudiantes pueden realizar voluntariamente durante su período de formación".

El objetivo es, según explican, "completar sus estudios académicos y adquirir competencias que mejoren su empleabilidad y preparación para el ejercicio de actividades profesionales". 

Cuando Gloria cumplió las 1.800 horas durante la beca, el máximo que puede hacer de prácticas, recibió un correo electrónico que decía: "Hola, me comunican desde Administración de Biblioteca que tu fecha fin de prácticas por haber cumplido las 1.800 euros es el 12 de febrero, ese es el último día. Te envío el documento de memoria que como siempre has de cumplimentar". 

Tras ese correo, Gloria se puso en contacto con la sección sindical de CNT y decidió demandar a la Universidad. La sentencia, del pasado 8 de julio, le da la razón. "Lo cierto es que no se puede ocultar bajo una pretendida práctica extracurricular una relación laboral encubierta con la que la UC3M se ahorra el salario de un personal laboral o funcionario", argumenta la jueza. "El trabajo que desarrollaba era el propio de los funcionarios o contratados laborales del archivo, un trabajado individual, mecánico, de organización de documentos, sin proyecto formativo, sin actividad formativa y sin supervisión. Era una relación laboral ordinaria y no una beca de formación", continua. 

Según la misma sentencia, la Universidad intentó argumentar que la beca "no era para formar a la demandante ni para contribuir a completar sus estudios de Ciencias Políticas y Sociología, sino para formarla en habilidades generales laborales como el trabajo en equipo o la organización". Gloria trabajaba 20 horas a la semana, de 9.00 de la mañana a 13.00 de la tarde, por 326 euros brutos al mes. Ahora, la jueza determina que, en realidad, le corresponden 877,38 euros mensuales brutos. Casi el triple. 

Un caso de tantos

"Esta victoria es un paso de cara a acabar con la fórmula del becariado que usan muchísimas empresas privadas e instituciones públicas, una fórmula de trabajo precario por el cual tienes a gente trabajando, cobrando una miseria, mientras la empresa privada o, en este caso, la institución pública, se benefician" comenta la jueza. 

El caso de Gloria es bastante común entre las universidades públicas en España, el sindicato CNT lleva años denunciando estas prácticas. En Madrid, ya han conseguido varias sentencias favorables.

Javier Galán es el abogado que llevó el caso de Gloria, pero también el de otros estudiantes de la Universidad Complutense, de la Autónoma o de la de Alcalá de Henares: "Casos como el de un ingeniero industrial que recibía estudiantes Erasmus y gestionaba sus becas; un estudiante de filología que gestionaba el aula de informática o un estudiante de máster de arqueología que llevaba las redes sociales o cubría los actos institucionales". 

Galán lleva años llevando casos similares a estos y asegura que, a lo largo del tiempo, solo se ven "cambios estéticos y formales en las Universidades". "Han ido aprendiendo de las distintas sentencias que han venido sufriendo. No para intentar cumplir, si no para seguir teniendo a trabajadores precarios bajo la excusa de una beca".  

Aunque hay sentencias favorables que condenan a las universidades a pagar una indemnización o a readmitir a una persona, los becarios que demandan son la minoría. "Las universidades utilizan fraudulentamente las becas por una razón muy sencilla, porque ahorran mucho dinero. Cubren puestos de trabajo por un tercio del sueldo que les costaría en caso de contratación de personal laboral y a cambio tienen trabajadores precarios". 

La semana pasada se celebró el juicio contra la Universidad Autónoma de Madrid. La Inspección de Trabajo acusaba a la Universidad de utilizar a 284 becarios como empleados y exigía que pagara sus cuotas a la seguridad social. "Es un caso importante por el alto número de becarios o trabajadores afectados y también porque es de las primeras veces en las que no son los becarios los que demandan, si no que es la Inspección de Trabajo la que impulsa el procedimiento al entender que existe un fraude en la contratación". El viernes la sentencia dio la razón a la Universidad.