En los últimos días se ha conocido el borrador del "Real Decreto-Ley para la Garantía de los Derechos Laborales de las Personas dedicadas al Reparto en el Ámbito de Plataformas Digitales", conocida como la Ley Rider, por la que se modifica el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores.

Con esta ley se reconoce la situación laboral de los trabajadores que se dedican al reparto en plataformas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats, algo que ya reconoció el Tribunal Supremo en septiembre del 2020. De esta forma, dichas empresas tendrán que contratar a sus repartidores.

Ahora, la plataforma Riders x Derechos, muy conocida por combatir contra los falsos autónomos que trabajan en el sector, ha difundido unos contratos que Uber Eats está enviando a sus repartidores. Aunque la fecha de dichos documentos es de julio del 2020, desde Riders x Derechos explican a Público que es ahora cuando los envíos de estos contratos se están haciendo de forma masiva.

"Los repartidores de Uber Eats nos están comentando que les está saltando una notificación en la plataforma con estos nuevos contratos desde hace unos días. Parece que este modelo de contrato ya existía desde el año pasado, pero es ahora cuando los están recibiendo multitud de trabajadores ", explica Dani Gutiérrez, de Riders x Derechos.

"¡ATENCIÓN! Estos son los nuevos contratos que Uber Eats está obligando a firmar a miles de repartidores. Si no lo firmas te cierran la cuenta y ya no puedes seguir trabajando. Fraude sobre fraude. Lo hacen porque saben que tienen total impunidad", han publicado en su cuenta de Twitter.

La empresa intenta evadir la relación laboral

En el contrato, la empresa intenta evadir la relación laboral con los repartidores llamando al repartidor "socio-repartidor" y especificando que la empresa pone a disposición de los repartidores la plataforma siempre y cuando acepten todas las cláusulas que se recogen en el mismo.

En primer lugar, la compañía recoge en el contrato que estos repartidores no serían trabajadores de la empresa de la siguiente manera: "Al aceptar estos Términos de Socio-Repartidor, usted elige trabajar por cuenta propia al utilizar la Aplicación de Socio-Repartidor. Estos Términos de Socio-Repartidor no son un contrato de trabajo y no crean una relación laboral entre usted y nosotros. Tampoco crean una sociedad legal, un joint venture ni le dan la facultad para obligarnos o para presentarse como nuestro empleado, trabajador, agente, socio legal o representante autorizado".

En las nueve páginas que tiene el documento también se especifica que los repartidores son los que deciden cuándo, dónde y durante cuánto tiempo utilizar la aplicación y que los repartidores proporcionarán a Uber Eats su información de geolocalización, entre otras cuestiones.

El abogado laboralista de CCOO Álvaro Calle asegura a Público que, aunque los trabajadores firmen dichos contratos, la relación laboral sigue existiendo. "El trabajador se pliega a lo que decide la empresa, tienen un salario decidido por la compañía, lo que ellos llaman "tarifa de empresa", además los trabajadores no tienen libertad de conexión porque si el trabajador está menos tiempo conectado tendrá menos opiniones positivas y, por lo tanto, bajará en el ránking y Uber Eats le dará menos pedidos", cuenta.

"Contratos fraudulentos"

Calle recuerda que el Tribunal Supremo ya señaló que se dan las circunstancias  que se señalan en el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores para que la relación entre estos trabajadores y la empresa sea laboral y no mercantil, por lo que estos contratos están en fraude.

"La ajenidad en los resultados, la dependencia en la realización y la retribución de los servicios sumados a una serie de indicios periféricos como que sea la empresa la que fije las tarifas o que la aplicación pertenezca a la empresa es lo que viene a determinar que sea una relación laboral. Parecen seguir la línea de los contratos fraudulentos realizados previamente en años anteriores", explica.

Desde Uber Eats explican a Público que "ningún repartidor ha recibido un contrato nuevo en España".

"A algunos repartidores se les ha solicitado firmar el contrato en vigor desde Julio de 2020 porque no estaba debidamente registrado en la plataforma. Esta petición no tiene nada que ver con la aprobación de la nueva ley de trabajo en plataformas, a la que nos adaptaremos cuando sea efectiva", aseguran.