La democratización de las empresas es un fenómeno impulsado por las izquierdas globales tras la crisis económica de 2008. Esté fenómeno consiste en la participación de trabajadores en los consejos de administración y en la toma de decisiones, que implican a todos los afectados y no a unos pocos, desde accionistas a los propios empleados.

Cuestiones como la desigualdad, la participación de los trabajadores, la eficiencia empresarial o la integración de valores sociales se han debatido en la mesa redonda organizada por Fundación Espacio Público, Público y Plataforma por la Democracia Económica.

En la charla han participado Ignacio Muro, vicepresidente de la Plataforma por la Democracia Económica (PxDE), José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Roberto Uriarte, diputado al Congreso por Bizkaia de Unidas Podemos y Carmen Madorrán Ayerra, profesora de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Virgina Pérez Alonso, directora de Público, ha moderado la mesa redonda.

La crisis económica y la deriva del neoliberalismo han aumentado las desigualdades a nivel global. "Las desigualdades en el mundo no solo no se han evitado, sino que han aumentado", señalaba Tezanos. Y una solución para evitarlo puede estar en la democratización empresarial. "La falta de democracia económica está dando fenómenos terribles para la humanidad", añadía el presidente del CIS.

Una empresa inclusiva es aquella donde todos los trabajadores hasta la línea de dirección participan en la toma de decisiones. Sobre esto, se genera el debate sobre si los trabajadores están preparados para esta función. "Lo que hay que ver es si un trabajador está igual de capacitado o no que un accionista. Un accionista puede ser un niño al que le han regalado unas acciones. ¿Está capacitado para dirigir una empresa?", comparaba Uriarte. 

Lo que los participantes al debate tenían claro es que el sistema actual no es sostenible. "El modelo de economía y sociedad está estancado, y va a dar lugar a aberraciones", señalaba Tezanos. Y es que, según ha recordado Uriarte, el la Constitución recoge que la riqueza debe estar subordinada al bien común. "El artículo 128 dice que toda la riqueza del país, aunque sea privada, está subordinada al bien común. No puede ser que se venda la libertad para hacer el mal. Las empresas privadas no pueden actuar contra el bien común".

Carmen Madorrán Ayerra, por su parte, ha destacado que un sistema más democrático favorece el reparto equitativo de los beneficios y la eficiencia de las empresas cooperativas. Y que a la hora de integrar valores sociales estas empresas "tienen mucho más presente el interés de la propia comunidad".

Dentro de esta democratización, Ignacio Muro ha defendido un papel activo del Estado: "La desigualdad es un problema que hay que resolver y no es rentable. El Estado es el conductor de la economía y el capital privado no invierte a largo plazo. Si el Estado pone bienes públicos al servicio de la empresa privada está en condiciones de legislar para que esos bienes tengan una salvaguarda democrática". Y es que, según defienden los participantes, el Estado debe premiar a las empresas democratizadas.

Hasta 17 de los 27 países de la Unión Europea cuentan con amplios derechos de participación de empresas públicas y privadas. Por lo que esta democratización se encuentra en un punto de arranque en el que debe impulsarse para llevarse a cabo.