La nueva Ley del Trabajo Autónomo recorta uno de los escasos beneficios fiscales con los que cuentan los trabajadores por cuenta ajena: a partir del 1 de enero, la actual deducción en el IRPF de hasta el 30% del coste de los suministros como la conexión a internet, el teléfono, la electricidad, el gas y el agua para los autoempleados que operan desde su casa quedará reducida a un máximo del 9%.

El recorte de esa deducción es consecuencia del artículo 11 de la ley, que la limita al 30% de "la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total". Es decir, que pasan a aplicarse dos descuentos y queda reducida al 30% del resultado de aplicar a los recibos un porcentaje equivalente a la superficie de la vivienda familiar dedicada a tareas productivas.

Esa superficie, que se incluye en la declaración censal y que a menudo supervisa la Inspección de Hacienda, se sitúa en la práctica por debajo del 30%, lo que, salvo excepciones reduce el eventual beneficio fiscal a un máximo del 9%. Y se quedaría en el 15% en el caso extremo de que la mitad de la casa fuera lugar de trabajo, ya que superar ese porcentaje sería vivir en él.

Más de 600 euros al año

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística), el gasto medio anual del hogar de un autónomo en comunicaciones asciende a 1.041 euros, mientras el de agua y energía se sitúa en 1.932, datos que sitúan el recorte medio en más de 600 euros: la deducción máxima hoy llegaría a 891 (el 30% del total), mientras que a partir de enero se quedaría en 267.

El recorte salió adelante tras rechazar el PP en el Senado una enmienda del PSOE, inspirada por UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), para fijar esa deducción en el 30% de los recibos.

La aplicación del recorte, confirmado por el Ministerio de Hacienda, que sostiene que el cambio de reglas hace que los autónomos "puedan contar con un elevado grado de seguridad jurídica" y que argumenta que el tope del 30% está relacionado con la duración de la jornada laboral, está provocando la indignación del colectivo de autónomos.

"El espíritu de la ley era mejorar las condiciones de los autónomos, no empeorarlas; pero las ha empeorado y los trabajadores por cuenta propia hemos salido perdiendo en el IRPF", señala el secretario general de UPTA, Eduardo Abad.

"La seguridad jurídica ya existía antes, cuando no había una norma específica que, en realidad, reduce sensiblemente el porcentaje deducible cuando lo que se vendió era que iba a mejorar la situación", añade.

PSOE: "Debe esclarecerse y corregirse de urgencia"

El PSOE, por su parte, ha presentado una iniciativa parlamentaria que obligará a los grupos parlamentarios a pronunciarse sobre este aspecto concreto de la Ley de Reforma Urgente del Trabajo Autónomo.

Se trata de una moción que será debatida en la Comisión de Empleo del Senado y en la que los socialistas reclaman al Gobierno que adopte "con urgencia las medidas oportunas para que los trabajadores autónomos españoles, cuando acrediten que la actividad profesional se realiza en su domicilio, puedan desgravarse hasta el 30% de los gastos de los suministros de la vivienda afecta al lugar de trabajo".

La moción considera que la modificación de esas deducciones "es un precepto claramente negativo" para los autónomos que "debe esclarecerse y corregirse de urgencia" y que "no cumple con las expectativas que la norma despertó".

"Dar cumplimiento a la palabra dada"

"Requiere una urgente rectificación", señalan los socialistas, para "dar cumplimiento a la palabra dada", haciendo referencia a las promesas de PP y C’s de mejorar la situación del colectivo, al que, en realidad, "se está perjudicando en muchos casos, y no beneficiando", ya que una parte de los trabajadores por cuenta propia pasarán a soportar "más cargas fiscales consecuencia de una menor desgravación que antes" de la reforma.

Resulta llamativo cómo la reforma de la ley, una de las propuestas estrella del pacto de investidura de C’s con el PP, recortó este beneficio fiscal mientras mantenía como "deducibles en proporción a la parte de la vivienda afectada al desarrollo de la actividad y a su porcentaje de titularidad en el inmueble" otras deducciones como las derivadas del pago del IBI, la amortización de la hipoteca o las cuotas y derramas de la comunidad de vecinos.

"Los suministros, por su naturaleza no admiten dicho criterio de reparto", indica la ley, en la que se recorta la desgravación al 30% sin más explicaciones que la eventual existencia de "problemas prácticos derivados de la indeterminación de los criterios a adoptar para su cuantificación" y de "dificultades de acreditación de los factores que integran dicho cálculo".