La burbuja inmobiliaria estalló en 2008, pero, como en todas las tormentas, sus peores consecuencias se hicieron notar un poco más tarde. Con el ánimo de mejorar los resultados macroeconómicos del país y atraer inversión extranjera, el PSOE y el PP llevaron a cabo varias reformas legales que liberalizaron aún más el defenestrado mercado inmobiliario. En poco tiempo, aterrizaron en España numerosos fondos buitres que se enriquecieron con sus restos. Si el llamado milagro económico había abastecido de segundas viviendas a la clase media española, la solución a la crisis llenó las ciudades de pisos turísticos y cafeterías de moda.

Algunos de estos fondos procedían del otro extremo del Mediterráneo, de Israel, donde habían hecho caja con la ampliación de sus fronteras a costa de la expulsión y el exterminio de la población árabe, así como de su consolidación en los territorios ocupados ilegalmente en las décadas anteriores. Dos procesos aparentemente desconectados tuvieron lugar paralelamente: mientras el Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Mariano Rajoy (PP) llamaba a la inversión extranjera, rebajando los impuestos o permitiendo la construcción en las costas españolas, el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, declaraba estatales unos 4.783 km2 de territorio considerado palestino por las resoluciones 242 y 2334 de la ONU. Un hilo económico conectaba ambos fenómenos, retroalimentándolos.

Los avances del sionismo supusieron un aumento de las arcas de quienes armaron a los militares y colonos, fabricaron los sistemas de vigilancia de nuevos asentamientos y emplearon a la población palestina en régimen de semi esclavitud para que cultivaran las mismas tierras que otrora habían habitado. También, de quienes construyeron las viviendas de los nuevos colonos israelíes.

En suma, todas estas empresas eran –y siguen siendo– necesarias para la consolidación del apartheid del pueblo palestino a manos de Israel, tal y como recogió en 2017 un informe de las Naciones Unidas (ONU). El organismo internacional ha intentado sin éxito poner coto a los avances de los colonos y militares israelíes en el territorio palestino. En 2020 sacó el primer listado de empresas que operaban en los territorios ocupados, y que, por tanto, sacaban rédito económico de ello.

Paralelamente, organizaciones como Who Profits o el mismo movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) informan constantemente de qué empresas se enriquecen con el apartheid. En Catalunya, el Instituto Novact de Noviolencia (NOVACT), Suds y Observatori Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE) lleva años realizando informes que ponen el foco en las empresas israelíes que operan en el mercado catalán. Algunas de ellas consiguieron hacer caja con la barra libre de especulación que ofrecía –y ofrece– el mercado inmobiliario español.

De todo ello versa el informe Complicidad del sector inmobiliario y turístico de Catalunya con la ocupación de Palestina, publicado por la organización catalana a inicios de octubre, gracias al impulso de Suds y ODHE. El estudio ha identificado patrones en los comportamientos comerciales de estas empresas, as como su vinculación con el apartheid palestino.

Comprar, subir el alquiler, desahuciar y especular

El modus operandi de Galil Capital es igual al de otras muchas Socimi: adquieren un edificio, suben el precio a sus inquilinos, los acosan,  amenazan y/o engañan para, finalmente, desahuciarlos. Esto le ocurrió en octubre de 2017 a una familia con menores de edad que residían en el barrio del Raval, en Barcelona. Galil Capital había comprado el edificio donde vivían desde 1992 apenas unos años antes.

Según recogen las organizaciones catalanas en su informe, los colectivos Resistim al Gòtic y Raval Rebel denunciaron en 2023 que el fondo de inversión israelí había subido el alquiler a los vecinos con el argumento de que renovarían sus viviendas. Cuando las familias salieron de sus hogares para que Galil llevara a cabo las reformas, no sospechaban que jamás volverían a ellas. Tras este y otros pelotazos inmobiliarios se encuentra Gil Abraham Swed, empresario israelí copropietario de una de las empresas más grandes de Israel: la compañía de ciberseguridad Check Point.

Su nombre deja poco margen a la imaginación. La compañía ocupa un lugar privilegiado en el sector militar del país de Oriente Medio, al prestar servicios a la Unidad 8200, el servicio de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), es decir, del ejército sionista. La Unidad 8200 es una de las muchas divisiones encargadas de recopilar información de los palestinos, sean estos milicianos, activistas o simples civiles. Las FDI utilizan esos datos personales
para extorsionar a la población y obligarles a que trabajen como informadores de Tel Aviv. Así hacen, por ejemplo, con la población queer palestina, como ya ha trascendido en numerosas ocasiones.

Otras tantas sociedades de inversión israelíes se han beneficiado de la protección que la legislación española otorga a las empresas que desahucian a sus inquilinos. Lo puso en práctica VBare4 Iberian Properties en el barrio de Vallecas en marzo de 2023, tras imponer a los inquilinos una subida del alquiler de 500 euros y negarse a negociar con ellos. Meses más tarde, los vecinos eran desahuciados.

El presidente de la Socimi, Yair Ephrait, compartió consejo de administración con el ahora ministro de Economía e Industria de Israel, Nir Barkat (Likud) tras la fusión del fondo Metiav Dash –que capitaneaba Ephrait– con BRM –propiedad del ahora ministro–. Barkat, al igual que el resto del gabinete del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apoya la actual intervención militar en la Franja de Gaza, calificada por muchos como un genocidio.

'Apartheid' 'loves' Desokupa

El desalojo del Centro Social Okupado Can Dimoni, en el barrio de Gracia (Barcelona), en abril de 2016, fue la presentación en sociedad de Desokupa. Varios de sus empleados rodearon el edificio y expulsaron violenta e ilegalmente a quienes defendían la autogestión del espacio. La brutalidad del desalojo fue tal, que el Observatorio DESCA interpuso una querella criminal contra Conciencia y Respeto 1970 SL, la empresa detrás de Desokupa.

La compañía había sido contratada por la inmobiliaria de capital israelí Norvet Negotial, que había comprado el edificio en el que se ubicaba Can Dimoni. Fundada en 2015, Norvet se dedicaba a la compra y a la reforma de edificios para su posterior puesta en venta. Uno de los fundadores y consejero delegado de la inmobiliaria era el ciudadano israelí Daniel Sagis. Según relata el informe de NOVACT, Suds y ODHE, Sagis también presidió el consejo de administración de Indoor Robotics, una compañía israelí dedicada a la industria de la vigilancia y con estrechos vínculos con las FDI. De hecho, su tecnología ha sido usada por el Ejército de Israel, que lleva años controlando y asediando a los palestinos.

En 2018, Norvet fue señalada por el Sindicat de Llogaters como una de las diez empresas que acumulaban más de 3.000 pisos en Barcelona. En concreto, unas 249 viviendas y locales repartidos en 20 solares. Ese mismo año, la empresa denunció al Sindicato de Barrio Poble-sec, después de que sus activistas entraran en las oficinas de Norvet para tratar de obligar a la empresa a negociar con los inquilinos a los que quería desahuciar. El esfuerzo fue en vano y las familias fueron finalmente desalojadas. En el verano de 2023, de acuerdo a la hemeroteca citada en el informe, Norvet Negotial quebró con motivo de una deuda impagada.

Resort ocupación

En 2007, cuando todavía España era la prueba viviente del progreso económico del mercado inmobiliario, la cadena hotelera israelí Fattal Group abrió su primer establecimiento en España. La marca con la que aterrizó en Europa fue Leonardo, y actualmente cuenta con 221 hoteles activos por todo el continente. España es el tercer país, después de Alemania e Inglaterra, con 18 hoteles. A lo largo de los años, han ido proliferado varias submarcas de Leonardo, como Leonardo y Fattal Limited Edition, Herodes, U y NYX.

Varios fondos de inversión israelíes inyectaron capital a las empresas para que llevaran a cabo su expansión por Europa. El informe destaca Menora Mivtachim, que entre otras actividades empresariales proporciona servicios financieros para empresas del sector inmobiliario. La empresa ha invertido en constructoras como A. Barkan & Co, que ha edificado en asentamientos ilegales como el de Ariel, o Dalia Eliaspor, que ha hecho lo propio en Ramat Shlomo, en Jerusalén Este. Además, Menora tiene acciones en una empresa de seguridad de G4S, encargada de los servicios de seguridad de varios asentamientos sionistas ilegales.

En España también opera la empresa Nitsba Spain S.L, cuya sede se encuentra en Fuengirola (Málaga). En 2023, una empresa hermana de Nitsba compró el Hotel Cortés de Barcelona. Según recoge el informe consultado por Público, Nitsba Spain forma parte del conglomerado empresarial Nitsa Holding 1995 Ltd, propiedad del empresario israelí del sector inmobiliario y energético Haim Tzuff i Kobi Maimon.

Nitsa Holding fue creada en 1948, año en el que se crea el Estado de Israel y se produce el primer gran desplazamiento forzado de palestinos fuera de sus tierras, y que fue bautizada como la Nakba –el desastre–. Desde el 48, la empresa va a ser subsidiaria de la firma pública de transporte de Israel, que conecta las colonias en territorio palestino con los territorios reconocidos por la comunidad internacional como Israel. De este modo, "normalizan la ocupación y contribuyen a la viabilidad económica y la transferencia de población colona a los asentamientos en los territorios ocupados de palestina".

Mientras tanto, los palestinos ven cohibida su libertad de movimiento. La imposición de un sistema de fronteras, físicas pero también burocráticas, impide a los árabes palestinos desplazarse dentro del país de acuerdo a sus necesidades. Así lo describía la escritora y cineasta palestina Liana Bard, en una entrevista a Público.

Reserva para dos personas en una colonia

Posiblemente, una de las empresas más referenciadas a la hora de hablar del proceso de gentrificación y turistificación que han sufrido no sólo las ciudades catalanas, sino de casi todos los grandes núcleos urbanos del mundo, ha sido Airbnb. Su modelo de negocio, presentado como una fórmula para promover la economía colaborativa, se ha convertido en una mina de oro para aquellos que especulan con la vivienda y con los recursos turísticos de las ciudades.

Desde hace años, Airbnb, pero también otras empresas del sector turístico como Booking, TripAdvisor o Expedia, han promocionado apartamentos turísticos en colonias israelíes, así como excursiones o experiencias turísticas en estos territorios. Un ejemplo de ello son las sesiones de tiro promocionadas en Viator, filial de Tripadvisor, en un asentamiento ilegal.

Construcción de una pseudo-diplomacia comercial

Ninguna de las empresas nombradas hasta el momento han aterrizado sorpresivamente en las ciudades catalanas. Su llegada fue promovida y acogida por las autoridades gobernantes, que llevan años construyendo un puente económico con Tel Aviv y estrechando lazos con sus empresas. Según relata el informe consultado, este acercamiento se ha materializado en organizaciones culturales y comerciales tales como la Cámara de Comercio España-Israel (CCEI) creada en 2005, o sus sucedáneos catalanes, como la Oficina de Agencia Pública por la Competitividad de la empresa (ACCIÓ), la Cámara de Comercio Privada Lishkat Misjar o la Cámara de comercio de Valles.

También es preciso nombrar a la Fundación Hispanojudía (ACOM), registrada en 2016 y cuyo presidente es el empresario David Hatchwell, abiertamente sionista, favorable a Vox y presidente del fondo de inversión Excem, que posee contratos con el Ministerio de Interior. ACOM funciona como un importante lobby prosionista y ha contado entre sus filas con Juan Carlos Girauta, recién elegido eurodiputado por Vox, como ya desveló este periódico meses atrás.

Todas ellas estas organizaciones, a su vez, se asentaron sobre los muchos acuerdos firmados entre España e Israel desde finales del siglo pasado, como es el caso del Acuerdo de cooperación turística de 1987, el Convenio del Reino de Espala y el Estado de Israel de 1999, el de cooperación entre el ICEX y su homólogo israelí de 2011, la concesión de nacionalidad a personas sefardíes o las muy polémicas golden visas.

Este clima pseudo-diplomático entra en contradicción con el marco normativo europeo, que decidió no financiar con dinero público a proyectos israelíes que tuvieran su sede en territorios ocupados. Resultado de esta normativa ha sido la restricción de la concesión de becas, ayudas o subvenciones europeas a proyectos académicos que se desarrollaran en territorio palestino ocupado. Si bien esta medida no evita la aplicación posterior del conocimiento generado en estos territorios, supone una declaración de intenciones que no se ha amplificado a otros aspectos durante el genocidio en curso en la Franja de Gaza.

Actualmente, el apoyo de la Unión Europea a Israel es pleno, si bien cuenta con ciertas oposiciones simbólicas. El Gobierno español, en manos de la coalición PSOE y Sumar, y presidida por Pedro Sánchez, ha reiterado su condena a la intervención militar de Netanyahu y ha prometido no enviar más material militar al Estado sionista, si bien no ha cancelado las exportaciones que aprobó en el año 2023.