La última hora en pensiones para el 2024 deja novedades en el acceso a la jubilación en España: aumentan las bonificaciones para aquellos trabajadores que elijan alargar su actividad laboral y demorar su jubilación. Tras casi ocho meses de negociación, el gobierno, la patronal y los sindicatos han alcanzado un nuevo acuerdo en materia de pensiones y pone el foco en equilibrar el sistema de pensiones marcando novedades que repercuten en la transición entre la vida laboral y el retiro de los trabajadores.

Los cambios son múltiples y afectan a aspectos tan diversos como la jubilación parcial, la demora de la jubilación, la compatibilidad de empleo y pensión o el tratamiento de los trabajadores durante las bajas.

Últimas noticias sobre la jubilación demorada en España en 2024

La nueva reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno el pasado mes de julio trae muchas novedades en el acceso a la jubilación para distintos sectores.

En primer lugar, la edad ordinaria de jubilación puede verse reducida en el caso de las profesiones reconocidas por la Seguridad Social como penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres y que suponen un desgaste físico y un riesgo para la salud. Para el resto de profesiones se mantiene la edad legal de jubilación, que aumenta progresivamente cada año en función de los años cotizados, hasta el 2027.

Sin embargo, buena parte de la reforma pretende hacer más atractiva la demora de la jubilación, así como la jubilación activa para equilibrar la recaudación para las pensiones públicas.

Más novedades sobre los distintos tipos de jubilación

Aquellos que decidan acogerse a la jubilación demorada podrán incrementar como hasta ahora un 4% anual su pensión, pero con una mejora a partir del segundo año de retraso de la jubilación en el que cada 6 meses supondrá un 2% más en su prestación.

Además, se podrá compatibilizar con el cobro de una parte de la pensión y el sueldo por su actividad. Así, la jubilación activa será compatible con estas bonificaciones por retrasar la salida del mercado laboral.

En el caso de la jubilación activa, ya no es necesario haber cotizado una carrera completa ni alcanzar el 100% de la base reguladora. Ahora, solo se requiere haber trabajado un año después de cumplir la edad de jubilación sin recibir pensión. Después de este año, la pensión se incrementa gradualmente con bonificaciones: 45% el primer año, 55% el segundo, 65% el tercero, 80% el cuarto, y 100% a partir del quinto año. Durante el primer año después de la demora, se puede cobrar el 50% de la pensión mientras se sigue trabajando.

Para los autónomos sin trabajadores contratados, que hasta ahora tan solo podían cobrar el 50% de la pensión si seguían trabajando, el porcentaje bajará el primer año hasta el 45% pero a partir del segundo año se aumentará de manera progresiva hasta alcanzar el 100%. Y para los que no tienen trabajadores asalariados, podrán compatibilizar el 75% de su pensión y seguir trabajando y se aumentará cada año que prorroguen su retiro hasta llegar al 100%. 

Con el nuevo acuerdo se mejoran las condiciones para aquellos que decidan apostar por demorar su jubilación parcialmente. Ahora, podrán compatibilizar el trabajo a tiempo parcial con la pensión tres años antes de la edad legal de jubilación en lugar de dos como hasta ahora.

Por otro lado, la reforma pendiente de la jubilación flexible, que permite compatibilizar empleo y pensión, no se ha incluido en el acuerdo. Sin embargo, sindicatos y patronal han instado al Gobierno a revisar su regulación en seis meses para mejorar los incentivos.

Además, también se introducen cambios en la cotización de los trabajadores fijos discontinuos, aplicando un coeficiente multiplicador de 1,5 para mejorar su acceso a la jubilación y otras pensiones, tales como la de incapacidad permanente, viudedad u orfandad. Esto significa que seis meses cotizados contarán como nueve. También se prevé reinstaurar el sistema de bonus en cotizaciones para empresas que reduzcan significativamente la siniestralidad laboral.

Por último, entre lo pactado con sindicatos y patronal, el Gobierno también incluye cambios en el sistema de bajas médicas, también conocido como incapacidad temporal. Así, los médicos de atención primaria de los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas podrán derivar las pruebas diagnósticas y la rehabilitación, incluida las cirugías, de los trabajadores afectados por bajas causadas por enfermedades traumatológicas. La derivación a la mutua se podrá producir cuando el tiempo de baja del proceso traumatológico en cuestión supere el tiempo óptimo recomendado. Además, se requerirá el previo consentimiento informado del paciente.

También han acordado crear un grupo de trabajo que haga un seguimiento de estas situaciones de baja ante los cambios estructurales que se están experimentando.