El pasado miércoles, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), lanzó un llamamiento pidiendo abogados voluntarios para asesorar a pymes. Este llamamiento se produjo porque la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, pidió colaboración al ICAM ante la cantidad de ERTEs que se están produciendo por la emergencia de la covid-19.

El comité de crisis del ICAM ha creado, a través de su Centro de Responsabilidad Social, un listado de voluntarios/as al que se pueden adscribir abogados y abogadas colegiados en el ICAM.

La intención es facilitar que el tejido empresarial tenga vías ágiles de asesoramiento en materia de suspensión temporal de empleo (ERTEs), algo que no ha sentado nada bien a un nutrido grupo de abogados que han lanzado la campaña "Yo apoyo a la abogacía".

El creador de la campaña, el abogado Víctor Llanos, explica a Público que fueron varios compañeros los que, al ver la iniciativa de ICAM, decidieron organizarse para denunciar la situación. "Salimos con el hashtag #YoApoyoALaAbogacía porque el trabajo de los abogados debe pagarse. Lo que no puede ser es que la Comunidad de Madrid esté dando dinero a empresas como Telepizza o Rodilla, pero luego pida que los abogados trabajemos gratis para las empresas", explica.

"Igual que se está destinando dinero a grandes empresas para que hagan los menús escolares, entendemos que si hay empresas que están en situaciones límite lo que se debe hacer es sacar una partida de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para retribuir a los abogados que asesoren a esas empresas", añade.

"Creo que el ICAM, en estos momentos en los que muchos abogados lo están pasando mal, debería preocuparse de otras cosas y no de fomentar que sus colegiados presten servicios de manera gratuita a empresas", explica la abogada Silvia Gambarte.

"Hay muchos abogados que somos autónomos y pequeños despachos a los que nos va a costar aguantar esta época y creo que el ICAM debería centrarse en otras medidas como por ejemplo suspender las cuotas colegiales para que podamos aguantar y no fomentar que los abogados trabajemos gratis para beneficio de algunas empresas", concluye.

Por su parte, el ICAM explica a Público que "no se van a eliminar las cuotas, pero sí se van a aplazar a aquellos que lo necesiten".

"No las eliminamos porque hemos aprobado un paquete de ayudas de un millón de euros para que cualquier colegiado en situación de vulnerabilidad pueda solicitarlo", añaden.

Con respecto a la polémica del voluntariado, ICAM explica que ya son más de 550 los abogados que se han apuntado a través del formulario habilitado.

"En el acuerdo al que hemos llegado con la Comunidad de Madrid, nosotros ponemos en contacto a los abogados con los autónomos y pymes para que estos les asesoren sobre los procedimientos de un ERTE", explican desde el ICAM.

"La primera consulta en la que se les asesora es gratuita y después, la empresa y el abogado podrán llegar a un acuerdo sobre las credenciales del abogado", añaden.

"De esta forma los abogados hacen una función social, como es una primera consulta gratuita para asesorar a las empresas y pueden abrirse un nicho de mercado entre las empresas a las que asesoran", concluyen.