La Comisión Europea (CE) aprobó este martes el plan fiscal enviado a mediados de octubre por el Gobierno español para sanear sus cuentas públicas durante los próximos siete años y cumplir con los límites de déficit y deuda que establecen las normas comunitarias.

El Ejecutivo comunitario señaló en su evaluación que el plan español cumple con los criterios de estas reglas de vigilancia presupuestaria y "fija una senda fiscal creíble para asegurar la sostenibilidad fiscal a medio plazo".

Es la primera vez que la Comisión analiza estas sendas de ajuste que los Estados miembros están obligados a enviarle bajo las nuevas reglas fiscales aprobadas este año, que ponen el foco en el control del gasto público neto, que excluye determinadas partidas como los intereses de la deuda, las inversiones financiadas con fondos europeos o parte de las prestaciones por desempleo.

La institución europea también examina en este ejercicio los borradores presupuestarios enviados por los países, pero no incluye una valoración del español porque el Gobierno no ha remitido a la capital europea ningún documento a la espera de las negociaciones a nivel nacional.

La Comisión, de esta forma, da luz verde al plan fiscal español a pesar de que en junio recomendó a España una trayectoria para el gasto público ligeramente más restrictiva de la que finalmente adoptó el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En concreto, la Comisión Europea sugirió un aumento promedio del gasto público para el periodo 2025-2031 del 2,8% y el plan fiscal aprobado este martes recoge un incremento del 3%, lo que implica un margen de gasto adicional de dos décimas en comparación con la trayectoria de referencia (unos 3.000 millones).

También da su visto bueno a que la senda de ajuste sea de siete años (en lugar de los cuatro de referencia) a cambio de adoptar una serie de reformas e inversiones que "se espera que mejoren el potencial de crecimiento y resiliencia de la economía española de manera sostenible", según la Comisión.

Por años, el Gobierno prevé aumentar el gasto público un 3,7% en 2025 (frente al 3,2% que recomendaba Bruselas), un 3,5% en 2026 (2,8%), un 3,2% en 2027 (2,7%), un 3% en 2028 (2,7%), un 3% en 2029 (2,7%), un 2,5% en 2030 (2,6%) y un 2,4% en 2031 (2,5%).

Esta senda implica un ajuste anual estructural medio del déficit público de 0,4 puntos del PIB, lo que permitiría reducir el déficit público al 3,0% del PIB este año, al 1,6% en 2028 y al 0,8% en 2031, según el plan.

En este sentido, el Ejecutivo comunitario confirmó en la evaluación de este martes que no está justificado abrir un expediente a España por déficit excesivo dado que "sigue siendo válido" el análisis que la institución hizo en primavera. En el mismo, la Comisión descartó este procedimiento puesto que preveía que España cumpla con el déficit del 3% este año sin necesidad de medidas adicionales.

Veinte planes aprobados en la UE

Además del plan fiscal español, la CE aprobó las sendas de ajuste de los otros 20 Estados miembros que las presentaron con excepción de Países Bajos, para quien recomienda que el Consejo establezca una senda que respete la trayectoria de referencia propuesta por la Comisión.

Países Bajos es además el único Estado cuyo presupuesto ha sido rechazado por el Ejecutivo comunitario, que en cambio ha avalado los del resto de países de la eurozona salvo los de España, Austria y Bélgica, que no le han remitido todavía su proyecto para 2025.

La CE aprobó sin reservas las cuentas de Francia, Italia, Grecia, Chipre, Letonia, Eslovenia, Eslovaquia y Croacia, mientras que en el caso de Alemania, Finlandia, Irlanda y Estonia advirtió de que los borradores "no están totalmente en línea" puesto que su gasto neto superará los techos fijados del plan fiscal.

Los presupuestos de Portugal, Malta y Luxemburgo tampoco cumplen totalmente aunque sí respetarán el límite de gasto debido a que no prevén eliminar las ayudas energéticas el próximo invierno, como recomendó la UE, mientras que en el caso de Lituania Bruselas aprecia "riesgo" de que no cumpla.

Tras el aval de la Comisión, los planes fiscales deben ser también validados por el Consejo de la UE (los Estados miembros) en enero.