MADRID.- El portavoz de Hacienda de Ciudadanos en el Congreso, Francisco de la Torre, ha presentado este lunes una iniciativa registrada por su grupo para luchar contra el fraude fiscal, en la que se incluyen medidas como exigir los 2.800 millones de euros que el Gobierno del PP "perdonó" a los beneficiarios de la 'amnistía fiscal' de 2012, así como endurecer las penas por delito tributario.

En declaraciones a los medios, el inspector de Hacienda ha subrayado que "uno de los problemas más graves en este momento" es la "lacra" del fraude fiscal, cuya reducción permitiría evitar nuevos recortes de gasto social a la vez que cumplir los objetivos de déficit pactados con Bruselas. No en balde, actualmente se dejan de ingresar unos 80.000 millones al año por esta causa.

"Por cada euro invertido en lucha contra el fraude se obtienen más de 8 euros de recaudación directa", recuerda De la Torre, que opina que "antes de exigir el primer euro de subida de impuestos a los contribuyentes honestos o antes de aplicar el primer recorte indiscriminado de gasto como han hecho los gobiernos del PP o, anteriormente, del PSOE, se debe exigir toda la ley a los defraudadores".

Enviar los casos a los tribunales

Y eso debe comenzar por exigir que los casi 31.500 beneficiarios del proceso de regularización tributaria extraordinaria de 2012 -la 'amnistía fiscal'- paguen los 2.800 millones de euros que el Ministerio de Hacienda les "perdonó" al permitir que pagaran sólo el 3% de multa en lugar del 10% previsto en la normativa.

Algo que, según el diputado de Ciudadanos, es posible en la actual coyuntura ya que ni la Dirección General de Tributos ni la Agencia Tributaria están en funciones, por lo que únicamente se debería modificar un informe de aplicación de la legislación. Una medida urgente ya que el próximo 30 de noviembre prescribirá la posibilidad de exigir este dinero.

Junto con esta medida, la formación naranja también exige remitir a los tribunales todos los casos acogidos a la 'amnistía fiscal' donde haya indicios de delitos de corrupción o blanqueo de capitales, especialmente los "más de 600 casos de funcionarios y políticos" que actualmente están en manos del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), tal y como reza la iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en el Pleno del Congreso.

Para fomentar la conciencia fiscal de los españoles, Ciudadanos propone también un programa de educación cívico tributaria, si bien considera que "uno de los puntos clave" en la lucha contra el fraude pasa por "invertir más" y acabar con los recortes de medios humanos y materiales en la Agencia, cuyo tamaño es sustancialmente inferior al de países similares a España en PIB.

Aunque alcanzar el nivel de nuestros vecinos europeos conllevaría "duplicar" la plantilla, algo que "no es realista" en estos momentos, De la Torre sí cree que se debe aplicar un "aumento progresivo" del personal en los próximos años, así como aprobar el prometido Estatuto de la AEAT y, en el medio plazo, reestructurar la Agencia y revisar las prioridades de los planes anuales de lucha contra el fraude para centrarse en los grandes contribuyentes.

Implicar a los bancos

En esta mayor capacidad de la Agencia Tributaria la formación naranja incluye también la necesidad de devolverle la competencia de control de las Sicav, así como promover las normas necesarias para que las entidades financieras informen sobre las operaciones de sus clientes en sus filiales en paraísos fiscales "en la misma medida que informan sobre el resto de sus clientes".

Revisar la lista de paraísos fiscales, eliminar el régimen de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), reforzar el Sepblac, endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes y afrontar "urgentemente" una reforma sustancial del delito fiscal que pase por endurecer las penas, sobre todo las más graves, y limitar los supuestos en los que éstas se pueden rebajar cuando se paga una vez iniciada la instrucción penal también son propuestas incluidas en la iniciativa parlamentaria.

Por último, Ciudadanos plantea que los consumidores tengan derecho a pagar con tarjeta cualquier bien o servicio a partir de 10 euros, así como negociar una rebaja de las comisiones de las entidades crédito y establecer una declaración informativa para las tarjetas de compra, análoga a la que ya existe para las tarjetas de crédito.