Las comunidades autónomas españolas redujeron este año un 13% su gasto en rentas mínimas de inserción tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según los datos que maneja la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La cantidad no gastada con respecto a 2021 asciende a 247 millones de euros.

En un comunicado de prensa difundido este viernes, la organización asegura que en cinco comunidades autónomas -Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragón y Murcia-, "las rentas mínimas de inserción están siendo sustituidas por el IMV". "Una situación que contrasta con otras como la del País Valencià, Catalunya y Canarias, donde se han reforzado como complemento del IMV con incrementos presupuestarios que en el caso de la Comunidad Valenciana y de Catalunya superan el 60%". 

Esta situación de retroceso, en unos casos, y de refuerzo en otros, se pone de manifiesto también en la evolución del número de perceptores, afirma la asociación. "Las mismas comunidades que han reducido su gasto,
reducen significativamente el número de personas beneficiarias, hasta en un 73% en Castilla La Mancha, en contraste con el incremento del 121% en el País Valencià".

Mientras autonomías como Navarra y Euskadi mantienen elevados porcentajes de beneficiarios respecto a su población bajo el umbral de la pobreza -76% y 56%, respectivamente-, en otras como Castilla La Mancha, con un 0,6%, "se confirma la extinción de estas rentas mínimas de inserción".

La cuantía media por perceptor de ese tipo de ayudas en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar. Una cuantía "extremadamente baja", a juicio de la Asociación Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y que se ha reducido más de un punto desde 2019 al pasar del 17,1% al 15,9%, con Catalunya, Balears, País Valencià y Asturias por encima de la media, y Murcia, Madrid y Aragón con porcentajes que ni siquiera alcanzan el 10% de la renta media por hogar.

La asociación sostiene que esos datos "ponen de manifiesto que muchas comunidades han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social. Porque el IMV trata de aliviar situaciones de pobreza, aunque por su cuantía, resulta a todas luces insuficiente".

"No es lo mismo pobreza que exclusión social", asegura en su comunicado. "Pobreza es solo carencia material. La exclusión social se debe a la acumulación de vulnerabilidades y a la imposibilidad de salir sin apoyos de dicha situación, viéndose seriamente limitado el ejercicio de sus derechos".

Los gerentes y directivos de Servicios Sociales recuerdan que la finalidad de las rentas mínimas de inserción es facilitar la inclusión social, "por lo que deben orientarse a apoyar a las personas y familias con ayudas económicas y acompañamiento profesional". "Por eso exigimos a las comunidades que, como ya ha hecho alguna de ellas, destinen el ahorro que ha supuesto la implantación del IMV a reforzar sus programas de inclusión social que, entre otras causas, pueden estar producidas por las situaciones de pobreza prolongadas".