Tras las cifras habituales de ocupación turística o el valor estratégico del negocio de la nieve para fijar poblaciones en determinadas zonas del Pirineo catalán y generar riqueza en estas comarcas, existe otra realidad no tan dulce, que deriva en condiciones laborales precarias y una presión sobre el mercado inmobiliario con una escalada infinita del precio de las viviendas, destinadas en muchas ocasiones a los turistas.

Fruto de esta realidad, uno de los colectivos más afectados, el de los trabajadores de las estaciones de esquí, realizaron tres jornadas de huelga, entre los pasados 10 y 12 de marzo, para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales. Aunque estaba prevista otra tanda de paros para este próximo fin de semana, finalmente los han desconvocado por los perjuicios económicos provocados en los negocios cercanos a las estaciones de esquí de Espot, Port Ainé y La Molina.

Los empleados de estas tres estaciones de esquí, que forman parte de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalidad de Catalunya (FGC), acumulan 16 años sin sentarse a negociar un convenio colectivo. En este sentido, el secretario del comité de empresa de FGC en las estaciones de Espot y Port Ainé, José Antonio Rodríguez de las Heras, recuerda que el último acuerdo, que se firmó para el período 2007-2012, se dejó de aplicar en 2010. "Aun siendo trabajadores públicos, nos consideran como el hermano pequeño de la Administración y aprovechándose de nuestro carácter estacional, nos resulta imposible llegar a acuerdos, más allá del incremento de salario establecido por ley, que este año se sitúa en el 2,5%". Facilitar el transporte hasta las estaciones de esquí, sueldos más vinculados a la evolución de la inflación o la reducción de la jornada laboral son algunas de las reivindicaciones y demandas que plantean. "Es inadmisible que con nosotros no se siga el mismo criterio que con el resto de trabajadores públicos".

De hecho, desde hace una década, los empleados de las estaciones de esquí se encuentran sin un convenio que les ampare. Rodríguez de las Heras, que forma parte de UGT Catalunya, insiste en que los trabajadores se sienten discriminados salarialmente y lamentan que cada vez que haya que renegociar el convenio o las condiciones de sueldo, la amenaza de la huelga esté sobre la mesa. "Les hemos dado un año y medio de confianza y no hemos tenido ningún adelanto. Se nos ha terminado la paciencia", añade el responsable sindical.

A la espera del nuevo convenio laboral

Tras los tres primeros días de huelga, la empresa pública FGC criticó la movilización y en algunos casos redujo a la mitad el precio de los forfaits para incentivar la presencia de esquiadores, aunque el bajón de visitantes se notó. En un comunicado, afirma que "la huelga se ha convocado en un momento en que las negociaciones del convenio están muy avanzadas y en ningún caso bloqueadas". La compañía argumenta que las reivindicaciones de la plantilla superan los límites legales en el ámbito de las retribuciones y la reducción de la jornada. Además, califican de "movimiento insolidario" el hecho de presionar con la huelga, haciéndola coincidir con los Campeonatos del Mundo de Snowboard para personas con discapacidad, que están teniendo lugar en la estación gerundense de La Molina. A pesar de la cancelación de los paros, el comité de empresa se compromete a escuchar las propuestas de FGC y continuar negociando el convenio colectivo, aunque "se mantenga el inmovilismo empresarial".

En las comarcas de montaña, especialmente en la Val d'Aran, tiene lugar otro fenómeno que está perjudicando a los trabajadores de temporada de las estaciones de esquí: el alto precio de la vivienda está haciendo que el colectivo no encuentre pisos ni habitaciones de alquiler y se vea forzado a vivir en caravanas. Así lo confirma el propio Rodríguez de las Heras. "Los precios se han duplicado y poblaciones como Vielha han entrado en el circuito de las plataformas que ofrecen apartamentos turísticos". Además, alerta de que es una situación que se repite durante el período estival.

Los temporeros de la nieve

A consecuencia de la presión turística, el mercado inmobiliario se ha encarecido exponencialmente en los últimos años y hace que sea una misión imposible encontrar una vivienda a un precio asequible. Los propietarios de los apartamentos optan por un alquiler por días o por semanas para lograr un mayor rendimiento económico. Con este escenario, muchos trabajadores deciden no acudir a las convocatorias para trabajar durante la temporada de nieve en el Pirineo y los empresarios se encuentran con dificultades para encontrar personal. La situación es similar a la que viven en verano en Menorca o Eivissa.

Desde el Gremi d'Hostaleria de la Val d'Aran, advierten que los precios de los apartamentos en temporada alta en Vielha pueden llegar a ser de 1.500 euros a la semana, convirtiéndose en un problema que va a más. Así, el colectivo admite las dificultades para encontrar a empleados, lo que acaba repercutiendo en la calidad del servicio que se proporciona. Ante estas problemáticas, durante el mes de septiembre del año pasado, 24 empresas del Pirineo (21 de la Val d'Aran y tres de la comarca leridana del Pallars Sobirà) fueron a captar trabajadores para la temporada de esquí a la Costa Daurada, aprovechando que los empleados habían finalizado la campaña de verano.

La especificidad de la situación del mercado inmobiliario en las comarcas de montaña ha provocado que el pasado 11 de marzo se presentara en el municipio pirenaico de Alp el Sindicat d'Habitatge de la Cerdanya (sindicato de vivienda de esta comarca pirenaica), una entidad que nace de la mano del Sindicat de Llogateres de Catalunya (sindicato de inquilinas) y que centrará su actividad en esta zona y en los municipios de la comarca.

La situación también revierte en los jóvenes del Pirineo que, como no pueden permitirse una vivienda, en el momento de independizarse, se trasladan a otras zonas más baratas, agudizándose el despoblamiento rural. Mientras, algunos municipios, con recursos normativos limitados, utilizan mecanismos como habilitar zonas de pago para restringir el acceso a los espacios naturales para combatir la masificación turística o la falta de oportunidades inmobiliarias.