El sector público español comienza a explorar la deuda ética para financiar proyectos: los casi 3.800 millones emitidos en bonos sostenibles suponen un viraje en los usos financieros de las administraciones, que, a cambio de un interés habitualmente inferior al de mercado, se obligan a garantizar la canalización del dinero de los inversores hacia programas específicos previamente seleccionados, siempre de carácter social y ambiental, en lugar de aplicar el ‘criterio de caja común’ con el que tradicionalmente han gestionado la deuda pública.

¿Qué tipos de proyectos requiere el estándar de los bonos verdes y los bonos sociales? Los trabajos de auditoría previos deben certificar que se trata, para entrar en el primer bloque, de programas de eficiencia y transición energética, construcción ecológica, atenuación del cambio climático, reducción de la huella de carbono, energías renovables, prevención y control de la contaminación, gestión sostenible del agua y los recursos naturales, economía circular y transporte limpio. El segundo apartado se centra en el acceso a la vivienda, a servicios esenciales y a infraestructuras básicas, así como en la seguridad alimentaria, el desarrollo socioeconómico y el impulso a las pymes.

El Ayuntamiento de Barcelona ha sido, con un paquete de 35 millones de euros destinado a financiar la construcción y mantenimiento de escuelas, guarderías, centros cívicos y equipamientos, actuaciones de vivienda, mejoras en la red de agua e intervenciones en materia de sinhogarismo, entre otras materias, la cuarta entidad pública española en lanzar una emisión de bonos de este tipo.

Lo hizo a finales de 2017, con el primer bloque de los 86,1 millones que el Gobierno central le autorizó a canalizar con el banco francés Crédit Agricole durante este año. Los bonos, que salen a suscripción pública con una cuantía de 100.000 euros y con Caixabank como agente, tienen un plazo de diez años y un cupón anual de interés del 1,921%. Es decir, que el inversor recupera lo invertido al cabo de una década tras haberse llevado una prima del 19,2%.

Las obligaciones que adquiere el emisor de bonos sostenibles incluyen aspectos que van mucho más allá del mero cumplimiento de los pagos de la deuda pública tradicional. El Ministerio de Hacienda obliga al Ayuntamiento de Barcelona a tener a disposición de los inversores “la información relevante a efectos de conocer la situación económica y financiera” de sus arcas y “las características definitivas aprobadas”; es decir, a dónde va cada euro. Y no podrá emitir nuevos títulos sin “la justificación de que las inversiones financiadas con la actual emisión están comprometidas”.

Cuatro pioneros y otro que se suma

La emisión del Ayuntamiento de Barcelona se suma a las dos lanzadas el año pasado por la Comunidad de Madrid, que captó 1.042 millones destinados a programas de empleo, salud pública y acciones contra la exclusión; a las tres con las que el ICO (Instituto de Crédito Oficial) recaudó 2.052 millones en 2016 y 2017 para financiar para financiar proyectos en comunidades con un PIB per cápita inferior a la media nacional, y a la de 600 que el Adif, en este caso con plazos de seis años y cupones del 0,8% anual, prevé destinar a actuaciones de eficiencia energética y a ampliar la red de alta velocidad.

Entre las cuatro, cada una de ellas pionera entre los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la banca y las empresas públicas, suman 3.780 millones de euros, una cantidad insignificante ante el descomunal agujero de 1,13 billones que acumula el sector público español y pequeña frente a los 30.000 millones que paga cada año en intereses solo el Gobierno central, aunque supone un paso hacia nuevas formas de financiación de lo público.

El Gobierno de Aragón estudia recurrir a los bonos verdes y sociales como fórmula para financiar sus programas y como medio para reducir su dependencia de FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) del Gobierno central, según explicó el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, que plantea captar mediante esa fórmula hasta 300 millones de euros este año, lo que supondría casi una cuarta parte de los 1.231 de deuda pública que el ejecutivo autonómico prevé emitir.

“Estamos seleccionando los proyectos”, aseguró hace unos días, mientras fuentes de la consejería confirman que los estudios están avanzados y que el Gobierno aragonés formalizará próximamente una propuesta ante el Ministerio de Hacienda. No parece que vaya a ser la única autonomía que se plantea esa vía, a la que no se opone un Gobierno central cuyo titular de economía, Cristóbal Montoro, planteaba este mismo martes en el Senado “la posibilidad de que las comunidades acudan libremente a financiarse al mercado”.

Las compañías energéticas exploran los bonos

Los bonos verdes y sociales sí han sido utilizados por la empresa privada, especialmente en el sector energético, que prácticamente duplica en volumen emitido al sector público: Iberdrola ha captado 5.000 millones en seis emisiones desde 2014 mientras Gas Natural y Repsol manejan, respectivamente, 800 para instalar parques eólicos y solares y 500 para reducción de emisiones, según los datos de Spainsif, la entidad de referencia en ISR (Inversión Social Responsable) en España.

Y también ha comenzado a utilizarlos para captar recursos al menos una entidad financiera. Se trata de la Caja Rural de Navarra, que optó por los bonos sociales para obtener 500 millones de euros destinados a abrir líneas de crédito para iniciativas de desarrollo rural y de arraigo local, destinadas en ambos casos a fijar población en el territorio.

Con todo, el mercado de los bonos sostenibles, dirigido a inversores institucionales como bancos y gestores de activos, se encuentra en una fase embrionaria en España, donde las emisiones sumaron el año pasado 5.000 millones de euros, apenas un 3% de los 155.000 que se movieron en todo el planeta, explicaron fuentes de Spainsif. BBVA es, con 4.300 millones el año pasado, el banco local que mayor volumen de bonos verdes y sociales coloca entre inversores.

Fondos de inversión para pequeños ahorradores

La banca, no obstante, comienza a lanzar fondos con el estándar internacional ISR ante la demanda que este tipo de productos financieros no indiscriminados tiene entre los inversores jóvenes, de menos de 50 años. “Valoran mucho que se trate de inversiones en proyectos y sectores sostenibles, aunque su rentabilidad sea algo menor que la media del mercado”, señalan fuentes del sector financiero.

Así, los dos recientes fondos Santander Sostenible, el segundo de ellos con un 45% de renta variable, es decir de empresas que cotizan en bolsa, incluyen valores de bono verde y de bono social. Esas carteras se suman a otra creada por la misma entidad en 1995 que alcanza los 950 millones de euros; las dos de BBVA, que superan los 900 millones; la de Sabadell, que ronda los 1.300, y las de Triodos y la Caja de Ingenieros. Suman un volumen similar al emitido por el sector público.

“Este tipo de producto está llegando al inversor particular y al ahorrador a través de fondos de inversión centrados en el mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles”, explican fuentes de Spainsif, que señalan cómo distintas entidades gestionan participaciones en otros como el Allianz Green Bond, el Mirova Euro Green and Sustanaible Bond, el Mirova Global Green Bond y el Parvest Green Bond.