La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, no ha recibido "ninguna petición formal de las autoridades" para declarar como testigo el 8 de mayo en el juicio en Madrid por la salida a bolsa de Bankia.

"No hemos recibido ninguna petición formal de las autoridades", declaró a Efe un portavoz del FMI, que pidió el anonimato, al comentar la decisión conocida este miércoles de la sala de la Audiencia Nacional que lleva el proceso.

El tribunal juzga desde el pasado noviembre a una treintena de exdirectivos de Bankia por estafa millonaria a los inversores en la salida a bolsa de esa entidad financiera, entre los que está su expresidente Rodrigo Rato, que fue director gerente del FMI entre 2004 y 2007 y para el que la Fiscalía pide cinco años de cárcel.

El documento judicial cita a Lagarde y a la que fuera directora adjunta del Departamento de Mercados Monetarios del FMI Ceyla Pazarbasioglu, en una jornada que está previsto que gire en torno al informe sobre la banca española que publicó el Fondo en 2012, muy crítico con la situación de Bankia y que fue aportado a la causa por la defensa de Rato.

La comparecencia de Lagarde y la de Pazarbasioglu, propuestas entre otros por la acusación popular, fueron rechazadas en fase de instrucción por considerar el juez que no aportarían "ninguna conclusión relevante" al procedimiento.

Bankia, entidad resultante de la fusión de Caja Madrid y otras cajas de ahorros (banca pública regional), captó 3.092 millones de euros en su salida a bolsa en julio de 2011, cuando 180.000 pequeños inversores compraron acciones.

En 2012 fue parcialmente nacionalizada y recibió 22.000 millones de euros de ayudas públicas procedentes de un préstamo internacional, lo que representa el mayor rescate financiero de la banca española, para hacer frente a los problemas que tenía.

No será la primera vez que la directora gerente del FMI tenga que acudir ante un tribunal, aunque en este caso como testigo.

En 2016 Lagarde fue condenada en Francia por haber cometido "negligencia" cuando era ministra de Finanzas, al haber ordenado en 2007 un arbitraje privado para poner fin al contencioso entre el Estado francés y el empresario Bernard Tapie, que le costó a Francia 403 millones de euros, sentencia ante la cual ella no interpuso recurso.