Bancos, fondos de inversión y establecimientos financieros de crédito han llevado a más de medo millón de familias españolas ante los tribunales en el último año para reclamarles deudas a base de demandas monitorias, cuyo aumento preludia una ola de morosidad e insolvencia de magnitud semejante a la vivida en España en el comienzo de la gran recesión que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria. Además, está provocando el colapso de los juzgados de primera instancia, que son los encargados de tramitar los pleitos civiles entre particulares.

Los monitorios son un procedimiento específico en el que particulares y empresas se reclaman facturas impagadas sin límite de cuantía, y sin la intervención inicial de abogados y procuradores cuando no superan los 2.000 euros. Los mismos se han disparado en el último año para volver a alcanzar, con 846.568 demandas entre julio de 2021 y junio de 2022, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), unos registros similares a los históricos de 2009 (856.875) y 2010 (895.127).

El volumen de reclamaciones de deudas llevaba diez años sin superar las 800.000 demandas, entre 20210 y 2020, antes de acelerarse el año pasado para aumentar un 13,4% de golpe tras el premonitorio escalón del 25% de 2019, una tendencia creciente intensificada con la superposición de crisis que inició la pandemia y siguió con la carestía energética, la inflación generalizada, la guerra de Ucrania y los movimientos especulativos desatados al socaire de esta última.

"El 80% de los monitorios vienen por créditos de consumo. Se trata de una situación generalizada" en los tribunales, explica María Teresa García Villanueva, magistrada en un juzgado de primera instancia de Granollers (Barcelona) y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

Se trata, por lo general, de demandas de pequeña cuantía en la que se reclama a los consumidores cuotas impagadas de 500 a 1.000 euros y en las que se dan, principalmente, dos tipos de demandantes. Por un lado, las entidades de créditos personales, que pretenden cobrar esas mensualidades pendientes. Por otro, los fondos de inversión a los que han ido vendiendo paquetes de deuda a bajo precio y que basan una de las patas de su negocio en cobrar la mayor parte posible de esas cantidades.

Más de 40.000 millones en créditos de establecimientos financieros

Esas demandas tienen su origen en el intenso crecimiento de la demanda de créditos de consumo en los últimos años. La media, según los datos del Banco de España, es de 35.000 millones en los dos años previos a la pandemia y de 27.000 en los dos primeros ejercicios de esta, para mantenerse en el entorno de los 20.000 en los ocho primeros meses de 2022.

Buena parte de ese dinero lo manejan los establecimientos financieros de crédito, que mantienen un saldo vivo de más de 43.000 millones de euros que, además, presenta una tendencia creciente en los últimos doce meses, coincidiendo con la ola inflacionista que ha acabado de descuadrar unas economías familiares que ya se habían visto sacudidas por la pandemia.

Esos establecimientos suelen aplicar intereses mucho más elevados que la banca tradicional, a menudo cercanos al 24,5% en el que el Supremo situó hace unos meses el límite de la usura. Al mismo tiempo, dan mayores facilidades para acceder al dinero, que en ocasiones está disponible en unas horas.

Esas condiciones abren de par en par las puertas del sobreendeudamiento al permitir al deudor recurrir a préstamos nuevos, y cada vez mayores, para saldar los anteriores. Una fórmula que entraña el evidente riesgo de generar una bola de nieve de deuda.

El otro 20% de monitorios corresponde a deudas como los impagos de cuotas y derramas en comunidades de vecinos y a facturas de todo tipo no satisfechas.

Cláusulas abusivas en los créditos personales

"Se está desatando un círculo de escasez, con el colapso que eso supone para la Administración de Justicia. En las etapas de crisis se producen más impagos, y esos asuntos se tramitan en los juzgados, que ya están sobrecargados de por sí", explica García Villanueva. Ella es una de las empleadas de cuya oficina estuvo asignado en exclusiva a la tramitación de monitorios durante los seis meses que la Generalitat lo mantuvo como refuerzo.

"Llevamos 680 monitorios en lo que va de año, y eso es una barbaridad", indica, a lo que se unen 1.800 demandas de otro tipo, un volumen de difícil gestión cuando los ratios que hace unos años manejaba el CGPJ situaban en 500 asuntos el límite asumible por una oficina judicial.

"Reclamamos más medios materiales y personales, es una batalla que tenemos abierta. Hay una sensación generalizada de que ha aumentado la carga de trabajo (no solo por los monitorios), pero no el número de juzgados", anota la magistrada. Añade que "detrás de los procedimientos hay personas que reclaman justicia o un dinero que les corresponde, pero cuando la respuesta llega tarde ya no es justicia. Y eso, además, es algo que también afecta a la economía".

La tramitación de este tipo de pleitos, en los que el proceso puede finalizar en embargos ante la imposibilidad de los deudores de saldar las cuotas, incluye la revisión de oficio de la presencia de cláusulas abusivas.

"Hacemos el control de abusividad del monitorio antes de admitirlo a trámite, y si hay cláusulas abusivas, como pueden ser unos intereses de demora excesivos, su cuantía se descuenta de la reclamación" que ha presentado el banco o el fondo, apunta García Villanueva.

Insolvencias personales y ejecuciones hipotecarias

A esas más de 650.000 demandas por impago de cuotas de créditos de consumo se les añaden las 25.605 ejecuciones de hipotecas que han instado en los últimos doce meses las entidades financieras. El ritmo de estas de interposición de demandas está creciendo de una manera notable.

Los juzgados de primera instancia son también los encargados de tramitar los concursos de acreedores de los particulares que se declaran insolventes. El volumen de estos últimos rebasó por primera vez los 10.000 anuales en 2021 para aumentar el ritmo en otros 500 si la referencia es el año móvil de junio.

"Normalmente el origen se encuentra en el sobreendeudamiento. A menudo ocurre lo de la pescadilla que se muerde la cola: se contratan créditos para pagar otros anteriores, con lo que la deuda va creciendo, o se van acumulando pagos fraccionados a los que al final no se puede hacer frente", explica la jueza.

El número de concursos de personas físicas se ha multiplicado por más de seis desde que esta figura entró en vigor en 2016. Ese año se registraron 1.579 declaraciones de insolvencia, una cifra que se ha disparado hasta las 10.539 entre julio de 2021 y junio de 2022.

Crece la insolvencia entre las empresas de menor tamaño

La insolvencia también está comenzando a manifestarse en el ámbito de la empresa, en el que las declaraciones de concurso de acreedores siguieron aumentando incluso durante la vigencia de la moratoria concursal, que terminó el pasado 30 de junio.

Entre abril de 2020 y junio de 2022 se declararon insolventes un total de 19.388 empresas, según los datos del CGPJ. La mayor parte de ellas del sector de las microempresas (menos de diez empleados), que lleva meses sufriendo una continua pérdida de unidades productivas por la combinación del endeudamiento, la subida de tipos y la inflación, mientras la mediana y la gran empresa crecen en actividad, plantilla y resultados.

"El número de concursos está creciendo, aunque no en la medida que se esperaba al acabar la moratoria", explican fuentes judiciales, que confirman esa mayor incidencia entre las sociedades de menor tamaño. Además, añaden que "más del 90% de las empresas que llegan a concurso lo hacen sin masa, sin nada que liquidar porque han ido perdiendo el patrimonio en los últimos meses para intentar ir pagando a sus acreedores".

"El escenario es peor que el de 2008, porque hay nuevos factores como la pérdida de liquidez por el encarecimiento de la energía y de las materias primas, un aumento de los pasivos por el endeudamiento para hacer frente a la pandemia, una subida de los tipos de interés y una caída de la demanda", señala Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM).

Destaca cómo mientras los periodos de pago entre empresas se sitúan en una media de 90 días, "las cotizadas pagan a 200 abusando de su posición de dominio", lo que está provocando la asfixia de las de menor tamaño.

"El plazo de pago crece conforme aumenta el tamaño", señala. Anota, además, cómo en una coyuntura empresarial como la actual "la manera más fácil de financiarse es cargando ese peso en el proveedor, que es el eslabón más débil de la cadena, aprovechando que la ley lo permite" al no existir en la práctica sanciones ni penalizaciones para quien supera los periodos permitidos de pago. Estos últimos son de 60 días en el sector privado y de 30 en el público.

Las estimaciones de la PMCM situaban por encima de los 58.000 millones de euros la cantidad de dinero que las empresas del Ibex 35 mantenían en 2020 fuera de los plazos legales de pago a sus proveedores, lo que obliga a estos a endeudarse para intentar superar las tensiones financieras que les provocan esos atrasos.