El Banco Santander está sufriendo en sus cuentas los engaños con los que Popular, de cuya absorción se cumplen dos años este viernes, llevó a cabo la polémica ampliación de capital de 2016, en la que la comercialización de 2.505 millones de euros en acciones estuvo plagada de engaños a los pequeños ahorradores, según han comenzado a sentenciar los tribunales de manera prácticamente unánime, en una conclusión a la que también llegó la Fiscalía hace tiempo.

Hasta la fecha, al menos doce audiencias provinciales han sentenciado que tanto la red comercial de Popular como la documentación (el folleto oficial) en la que se basaba la oferta de las nuevas acciones ocultaban a los compradores, pequeños ahorradores sin conocimientos financieros en su mayoría, la angustiosa situación económica en la que realmente se encontraba el banco. Eso les hizo caer en el engaño y comprar las participaciones bajo lo que en derecho se conoce como “vicio o error de consentimiento”, que conlleva la nulidad de la transacción.

Juzgados de toda España han comenzado a sentenciar que, al haberse producido las compraventas bajo engaño, el banco debe devolver a los pequeños accionistas su valor nominal inicial, que quedó reducido a cero con la amortización ordenada por la JUR (Junta Única de Resolución, de la UE) y el FROB (Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria) antes de su venta a Santander, que ahora, como nueva entidad jurídica, tiene que asumir el pago de las condenas.

Las audiencias provinciales que hasta el momento han avalado esa tesis jurídica son las de Barcelona, Bilbao, Cáceres, A Coruña, Oviedo, Palma, Santander, Segovia, Valladolid, Vitoria y Zamora. No ha habido todavía sentencias de un tribunal provincial que avalen la colocación de las acciones, lo que evita que los pleitos puedan llegar al Supremo para que este unifique una doctrina jurídica que, hoy por hoy, resulta unánime en el segundo nivel de la judicatura. Por cuantía, al tratarse de reclamaciones de menos de 600.000 euros, el recorrido de las demandas termina en las audiencias.

“Ofreció una imagen falseada”

La primera sentencia de la Audiencia de Barcelona, dictada por la sección17ª en una demanda en la que actuaba como letrado del demandante el abogado Felipe Izquierdo, señala que “si los datos económicos recogidos en el folleto no hubieran contenido las graves inexactitudes (…), la información difundida a través de la publicación de tal folleto y los comentarios que el mismo hubiera suscitado en diversos ámbitos, habrían disuadido de realizar la inversión a pequeños inversores”.

“El folleto informativo hacía prever una mejora de la situación financiera y no la situación de insolvencia que se produjo en menos de un año”, añade el tribunal, para el cual “no puede negarse que la entidad ofreció una imagen falseada, presentándose como solvente pese a que conocía que ello no era así”.

Tampoco es que Santander no previera que fuera a acabar ocurriendo esto. De hecho, una de las primeras decisiones del banco tras hacerse con Popular fue, además de lanzar una ampliación de capital de 7.500 millones para financiar la operación, colocar a los pequeños accionistas de Popular los llamados bonos de fidelización, con los que logró desactivar demandas por valor de 764 millones de euros.

Demandas contra España ante el Banco Mundial y la ONU

No obstante, el riesgo de pérdidas de Santander por las demandas no alcanza a los más de 1.700 millones de euros restantes. Una parte de esa cifra se incluye en los 550 millones que los inversores mexicanos del grupo de Antonio Del Valle reclaman, aunque en este caso no a Banco Santander sino al Gobierno español, en dos demandas de arbitraje internacional presentadas ante el Ciadi, el tribunal de comercio del Banco Mundial, y ante Uncitral, la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional.

En las demandas, que se combinan con otra ante el Tribunal de Justicia de la UE y una más em EEUU para obtener pruebas que aportar a los arbitrajes y que piden acumular en el primero de esos organismos, el mismo que está dictando laudos condenatorios en cascada contra España por las renovables, acusan al Gobierno de haber dejado caer a Popular para venderlo a un precio inferior al de mercado y, también, de haber vulnerado el Tratado Bilateral España-México al no proteger a los inversores contra los efectos de medidas arbitrarias ni garantizar un marco regulatorio estable y predecible.

Reclaman indemnizaciones por un total de 550 millones de euros, que es la parte que tenían bajo su control de los 4.128 en acciones e instrumentos de capital que se volatilizaron con la resolución de Popular, adquiridos antes de la ampliación de capital y también en ella.

El pleito, cuya fase de conciliación previa finaliza en julio, supone una novedad jurídica susceptible de cuestionar no solo este caso sino el sistema comunitario de supervisión bancaria en su conjunto, ya que las decisiones que llevaron a amortizar de un plumazo el capital de Popular y a vender el banco por un euro fueron tomadas por el Ministerio de Economía que dirigía Luis de Guindos, vía FROB, pero también por la UE a través de la JUR.

Los 9.500 millones que no llegaron en pleno rescate

Lo cierto es que la ayuda del Banco de España a Popular en sus últimos días no llegó a producirse: la primera sentencia de la Audiencia de Barcelona sobre la ampliación de capital de 2016 declara probado que el 5 de junio de 2017 el consejo de Popular pidió al regulador una “provisión urgente de liquidez”, es decir, una inyección, de 9.500 millones de euros.

Ese dinero nunca llegó, lo que hizo que el propio consejo asumiera a la mañana siguiente la condición de “inviable” que unas horas después, y basándose en el ambiguo informe de urgencia de Deloitte que planteaba tanto un agujero de 8.200 millones como un beneficio de 1.300 y la posibilidad de sanearlo inyectando 2.000, hacían suya Guindos y la UE.

Esa decisión se producía cuando el país llevaba siete años financiando un rescate del sector financiero en el que ni Popular ni Santander habían llegado a recibir fondos públicos directa ni indirectamente (aunque el segundo sí se llevó 5.200 millones en deducciones fiscales pendientes del segundo) y que, a falta de certificar si el Estado recupera alguno de los 24.069 millones de euros invertidos en Bankia y Mare Nostrum (no espera sacar más de 9.857), había regado con otros 48.495 la mayor operación de concentración bancaria registrada en el país, iniciada con la bancarización de las cajas de ahorro y continuada con su absorción por los bancos.

Los beneficiarios del rescate, uno a uno

La entidad que con más fuerza suena para hacerse con Bankia-BMN en su próxima subasta, BBVA, es hasta la fecha el principal beneficiario del rescate, al haberse hecho con Unnim y Catalunya Banc, que, según los datos del Banco de España, sumaron ayudas de las que se dan por perdidos 15.383 millones.

Si adquiere el banco todavía público se habrá beneficiado indirectamente de la mitad de los recursos del rescate: 29.595 millones si se cumplen las previsiones del Gobierno, o 39.452 menos el precio si este es inferior.

Le sigue en cuantía Sabadell, que absorbió la CAM (11.729) y el Banco Gallego (340). Esos 12.069 millones le sitúan por delante de Abanca, que se llevó Nova Caixa Galicia (9.317); de Caixabank, que llegó a los 6.164 con Banco de València ya que los 977 inyectados en Banca Cívica fueron devueltos, y de Liberbank, que se benefició indirectamente de las ayudas nunca recuperadas por valor de 4.215 que recibió la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha para, después, devolver los 124 que había recibido directamente.

Los otros beneficiarios lo han sido con magnitudes mucho más reducidas: Unicaja se llevó Ceiss (955) y Kutxa se hizo con Caja Sur (392), mientras el Estado recuperó los 407 de Caja3, absorbida por Ibercaja.