Ni el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional del 22 de diciembre, ni Papá Noel, ni los Reyes Magos. El depositario de las ilusiones del sector financiero este año es el Banco Central Europeo (BCE), que la semana próxima decidirá si levanta su veto a los dividendos a partir del 1 de enero.

Las presiones para que lo haga son muy fuertes y llevan produciéndose desde hace ya bastante tiempo. En España, las últimas comparecencias públicas de los primeros espadas de la gran banca, prácticamente sin excepción, han sido un auténtico clamor.

Y es que hay mucho dinero en juego: pese a la caída de sus beneficios en un 19%, las seis mayores entidades (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter) tenían previsto repartir entre sus accionistas más de 7.000 millones de euros con cargo a las cuentas de 2019.

El estallido de la pandemia y el consiguiente parón de la actividad económica frustraron estos planes. Una "recomendación" publicada por el BCE en marzo y prorrogada en julio ha impedido la distribución de dividendos a lo largo de todo el año.

La razón esgrimida para esta prohibición era sencilla: convenía que los bancos acumularan capital para disponer de fondos destinados al crédito y para que una eventual escalada de la morosidad no pusiera patas arriba el sistema como en la crisis de 2008.

Cuando la "recomendación" del BCE entró en vigor, varias entidades ya habían anunciado o incluso distribuido su dividendo ordinario correspondiente a 2019, pero se plegaron en la medida de lo posible a las exigencias de Fráncfort, alegando razones de prudencia.

Santander y CaixaBank lo redujeron a la mitad y Bankia anuló el dividendo extraordinario por importe de 2.500 millones de euros que había prometido antes de la pandemia. En total, los accionistas de los seis grandes bancos españoles recibieron unos 4.000 millones, frente a los más de 7.000 previstos.

Esto impactó de lleno en la capitalización bursátil de las entidades, muy tocada ya por las restricciones a la actividad derivadas de la declaración del estado de alarma. Hubo bancos que llegaron a perder tres cuartas partes de su valor y ninguno cayó menos del 40%.

Después del verano, con la crisis del coronavirus aparentemente bajo control, empezaron a arreciar las voces que desde el sector financiero reclamaban el levantamiento de la recomendación del BCE, vigente en principio hasta primeros de 2021.

Algunas de esas voces abogaban por que el regulador europeo diera un tratamiento individualizado a cada una de las entidades que están bajo su jurisdicción, después de analizar la situación concreta de cada una de ellas, en vez de servir café para todos.

Sin embargo, esta opción es vista con muchos recelos, no sólo por el BCE, sino también por los bancos que podrían salir peor parados de ese tratamiento, ya que su solidez sería puesta públicamente en duda, con la consiguiente estigmatización.

Otra alternativa es que se permitan los dividendos con carácter general, pero señalando un tope, de manera que una parte sustancial del beneficio se quede en poder el banco en previsión de futuras contingencias. Eso supondría un cierto alivio, pero no deja de ser un mal menor para quienes abogan por la supresión total de la prohibición.

El problema es que el sector financiero ha acostumbrado a sus accionistas a obtener cada año una jugosa remuneración. Desde el inicio de la recuperación en 2014 y hasta 2020, por ejemplo, los dividendos de Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter rozaron los 45.000 millones de euros.

Para los accionistas más significativos, entre los que figuran algunos de los principales fondos de inversión internacionales, dejar de percibir ese dinero supone un fuerte quebranto y un aliciente para buscar refugio en otros valores que puedan ser más rentables, sobre todo si la situación de prolonga por mucho tiempo.

Dejando de lado la Fundación ‘La Caixa’ y el FROB, que controlan CaixaBank y Bankia, respectivamente, el mayor accionista de la gran banca española es el megafondo BlackRock, con alrededor de un 5% del capital conjunto y al que la "recomendación" del BCE le ha costado este año unos 150 millones de euros sólo por esas inversiones.

También ha afectado al bolsillo de los consejeros de las propias entidades, muchos de los cuales son a la vez accionistas, como es el caso de los hermanos Ana y Javier Botín, en el Santander; Fernando Masaveu, en Bankinter, o David Martínez Guzmán, en el Sabadell. Durante los últimos seis años, el conjunto de los consejeros han percibido 645 millones en concepto de dividendos.

Las incógnitas sobre la "recomendación" del BCE tiene fecha de caducidad: la semana próxima llegará la respuesta desde Fráncfort, después de que se conozcan las nuevas previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea. Está por ver la influencia que los programas de vacunación masiva contra el coronavirus tendrán sobre ellas.